Más que palabras

El Gobierno de Camboya ya ha anunciado el cierre de los establecimientos que no denuncien los casos de explotación sexual infantil que ocurren en sus instalaciones. Esta medida estaría destinada sobretodo a reducir los casos de abuso sexual infantil cometidos por los delincuentes sexuales que llegan al país desde el extranjero.

Ha habido un gran número de casos notificados por Protect en los que el abuso sexual se cometió principalmente en moteles y pensiones baratas. En estos casos, ni el personal ni los propietarios del hotel no informaron sobre conductas sospechosas. Hubo una serie de casos investigados por Action pour les Enfants en los que la policía decidió cerrar los establecimientos al enterarse de que los propietarios no denunciaron el delito y no cooperaron con las investigaciones policiales.

Algunos de estos establecimientos, lo que es todavía más grave, permitieron que su personal facilitase servicios sexuales de niños a sus clientes. Otros no registraron adecuadamente que sus clientes accedieron a las habitaciones acompañados de niños u omitieron estos check-ins, lo cual a la postre llevó a un aumento de los casos de abuso sexual infantil en sus instalaciones.

El Ministerio de Turismo es la agencia responsable de hacer cumplir esta nueva política que ha anunciado el Gobierno y será la autoridad competente la que tomará las acciones legales en contra de cualquier establecimiento por no reportar estos caos o bien por incurrir directamente en delitos contra la infancia.

El código penal de Camboya recoge la obligatoriedad de denunciar las situaciones de maltrato a un menor de edad. El artículo 529 afirma que “toda persona que tenga conocimiento de un delito grave, cuyas consecuencias aún es posible evitar o limitar, y omita su deber de comunicarlas a la autoridad judicial u otra autoridad competente, será castigada con pena de prisión de 1 mes a 1 año y una multa de 100.000 a 2 millones de riel. (entra 19 y 395 €).

Más claro es todavía el artículo 530: “Cualquier persona que, con conocimiento de malos tratos o asalto sexual infligido por un menor de 15 años de edad, omita comunicarlos a la autoridad judicial u otra autoridad competente, será castigado con pena de prisión de 1 a 3 años y una multa de 2 a 6 millones de Riel (entre 395 y 1157 €).

Desde APLE consideramos positivo que se tomen medidas en contra de la explotación de los niños. Sin embargo, creemos que estas medidas tienen que ser más concretas que una expresión de buenas intenciones. Creemos que el gobierno debe crear reglas claras y también asignar a las personas responsables de esta tarea. Sólo si ese es el caso, podemos esperar un efecto real sobre la explotación sexual de niños en el sector turístico. Hasta el momento, son sólo palabras.