Medidas antifarmacrisis

El gobierno español va a aprobar hoy viernes nuevas medidas “anticrisis“. Una de las reformas sobre la mesa afectará al gasto farmacéutico. En concreto, se plantea implantar la prescripción por principio activo; la rebaja de un 15% del precio de los fármacos con más de 10 años desde su registro sin genéricos en el mercado y modificar el sistema de precios de referencia para eliminar la gradualidad de un año en la rebaja. Sobre la receta por principio activo no entiendo que ahora se ponga las pilas este gobierno por aplicarla cuando la recogió en la su reforma de la Ley del Medicamento de verano de 2006 ¿es que no se estaba realizando lo suficiente?

Está claro que no nuestro país es más de consumir “marca” que principio activo. Las presiones que sufren los médicos mediante los delegados de ventas de los laboratorios (los conocidos visitadores médicos) están en el epicentro del innecesario gasto farmacéutico. Si el gobierno y sus respectivos en la comunidades autónomas quieren reducir drásticamente ese apartado de gasto público que de una vez “meta mano” a la visita que cuenta con todas las leyes necesarias ya aprobadas y que no se cumplen.

También se contempla la creación de un comité de selección de medicamentos formado por las comunidades autónomas, que hará informes de coste-efectividad de los nuevos medicamentos que se vayan a incorporar al mercado. Para ello ya están las oficinas regionales de evaluación de medicamentos y en este blog hemos puesto como ejemplo a la de Extremadura. Ésta ha revelado con sus trabajos que en el mercado hay circulando fármacos cuyo coste-efectividad no justifica su venta pero… Y es que si nos pusiésemos a estudiar a fondo qué medicamentos son realmente necesarios, efectivos y seguros para la población la lista se estrecharía tanto que dudo que superara unos pocos cientos y no las decenas de miles actual.

En el caso de las farmacias, se va a crear un índice corrector de los márgenes para las reboticas de núcleos de población de menos de 1.500 habitantes. El ministerio de Sanidad, unos 2.400 millones de euros al año, estaría bien saber si tiene previsto en qué van a gastárselos paran juzgar si merece la pena la medida.