Medidas disuasorias para que los delincuentes entren en política

La corrupción desde hace décadas se ha convertido en una seña de identidad más de España. Sin embargo, no es la picaresca atrevida y de supervivencia que acuñó el Lazarillo de Tormes en el siglo de oro. Aquella tenía el toque romántico de ser ejecutada con pericia por el pobre indefenso que se arriesgaba ante el castigo severo del poderoso para poder llenar el estómago y continuar pasando hambre los días venideros. Por contra, la corrupción política y empresarial que nos asfixia desde hace décadas sólo está encaminada a enriquecer a los que más tienen a costa de los que llegan justos a fin de mes.

La corrupción está instaurada a nivel institucional y no puede ser erradicada, puesto que cuenta con la complicidad del poder judicial, elegido por los partidos cuyos miembros deben sentarse en el banquillo con gran frecuencia.

La impunidad de los políticos es escandalosa, los casos prescriben, se aplican condenan ridículas, y cuando no se cumplen con privilegios alejados del resto de convictos, son indultados por el propio gobierno, que con una mano dice luchar contra la corrupción y con la otra hace favores para ganarse puestos con sueldo y sin cerebro en consejos de administración de las grandes empresas de sus amigos.

Hay tres cosas que me llaman poderosamente la atención en cuanto a la clase política, y considero que ajustándolas se podría evitar que los delincuentes que eligen la política como modus vivendi se lo piensen dos veces antes de entrar, a saber:

1.- Por un lado su presunta vocación de servicio público. Pero que no es ratificada con sus actos. Los señores políticos procuran hacer uso de servicios privados constantemente, de modo que me resulta difícilmente comprensible en qué modo pueden conocer el sector público para mejorarlo, puesto que ese es su trabajo y su vocación, según dicen.

Por ello los políticos deberían estar obligados a utilizar la sanidad y educación públicas para que pudieran identificar las carencias y sentir en propias carnes los efectos de los recortes que ellos mismos provocan, instauran y justifican.

2.- También es notorio que mientras los políticos llaman a la moderación salarial y a la austeridad, se suben el sueldo en cuanto pueden y para eso no hay discusiones. Es evidente que el dinero no tiene ideologías, o ¿quizás el dinero es la única ideología de los políticos?

Yo propondría que el sueldo de todos los cargos políticos dependiera del salario mínimo interprofesional, de modo que la única forma que tienen de subir su sueldo sea elevando el salario mínimo.

3.- La ligereza con la que son juzgados es propia de una monarquía bananera. La familia del rey puede hacer lo que le dé la gana que sabe que tendrá un trato favorable; Fabra estuvo durante más de una década manipulando la justicia para evitar ser juzgado; Jordi Pujol dice que todo el dinero que tiene viene de una herencia a sabienda que con su edad no pasará por la cárcel. Cualquier niño de primaria podría haber encontrado argumentos más creíbles para enmascarar un delito -por ejemplo que un unicornio azul apareció con cientos de millones de euros, y que tienen el deber de custiodarlos hasta que Walt Disney regrese a este planeta en el platillo volante de Elvis Presley-.

Creo que los castigos con los que se condena a los políticos no tienen poder disuasorio. Por ello habría que buscar alternativas expeditivas y contundentes, pero que no incluyan la guillotina que salpica mucho.

Habría que rescatar el ostracismo con el que los griegos se libraban de los indeseables que traicionaban a su patria. Todos aquellos que delinquen contra el estado no merecen tener la misma nacionalidad que la gente que trata de trabajar honradamente, por lo que se les quitaría la nacionalidad española y por ende la europea. Expulsados a algún país que tenga unas condiciones de la mitad de la tabla. Angola, Turkmenistán, Namibia, por ejemplo. Eso sí, vigilados para que no puedan percibir ni una moneda de todo lo que tienen escondido en paraísos fiscales.También deberían estar inhabilitados de por vida para ejercer cargo público o privado en ninguna empresa que realice negocios con ninguno de los países de la Unión Europea.

Y aunque los hijos no tienen culpa de las fechorías perpetradas por los padres también estaría bien que dicha inhabilitación la heredaran un par de generaciones de los descendientes del ladrón. Más que nada por comprobar hasta que punto pueden adaptarse a las condiciones de vida de su nuevo país de adopción.

Evidentemente estas medidas son inviables por las buenas, los propios políticas tildarían de esto como un atentado a sus derechos, mientras se pasan por las gónadas los derechos de los que les pagan el sueldo y los “extras”. Pero cuando les echemos a gorrazos de su cálido estatus, tendremos la oportunidad de poder defendernos de quienes nos quieren salvar.

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