Medios y Miedos

La autodefensa del estado de partidos necesita de medios y miedos. Medios contradictorios con sus propios postulados supuestamente democráticos ante patologías como la instrumentalidad por outsiders de la política de los privilegios oligárquicos en que se sustenta y que alimentan a sus únicos agentes políticos reconocidos, los propios partidos políticos. Y miedos que determinen el ingreso o expulsión en el selecto grupo de integración de masas delimitado por el consenso de los participantes en el acuerdo institucional del setenta y ocho.

El acceso a las subvenciones estatales, el reparto de espacios publicitarios públicos y el acceso al padrón por los asesinos son consecuencia del régimen oligárquico de partidos de integración proporcional de masas, que resultarían imposibles en un sistema mayoritario de representación ciudadana. Es lógico pues, que los delincuentes se percaten de que la mejor garantía de impunidad y eficacia es la articulación delictual a través de un partido político.

Prohibir por ley un partido político, ya sea comunista, nazi, integrista, o filoterrorista más allá de la contundente aplicación del Código Penal a la conducta de sus integrantes, es síntoma de la debilidad y contradicción intrínseca del estado de partidos, inconcebible en una auténtica Democracia donde el partido fuera instrumento de su funcionamiento y no agente único de la actuación pública, sujeto exclusivo del derecho a ejercer la política, y de nutrición asistida estatal como un órgano administrativo más.

La República Constitucional, como acción humana para la democracia, saca a los partidos del estado para civilizarlos, sin que precisen del patrocinio estatal y sin que sean necesarios funambulismos como el tan manido de “la unidad de todos los demócratas” para señalar un fuera de juego a aquellos cuya juego no nos gusta en uso de las reglas de lo político.

La soluciones ideológicas que el análisis oficialista ofrezca nunca podrán ser ciertas porque en todo caso falta a la verdad en sus premisas de partida. Ni las pretensiones de los proetarras de acceder a las instituciones, ni la ilegalización de partido alguno tienen que ver con la Libertad Política, sino con la forma de organizar la partitocracia.

La gran mentira oculta en el razonamiento débil de los partidos estatales es la que esconde una realidad objetiva: En un estado sin separación de poderes, el momento procesal oportuno para fiscalizar a la clase política será siempre el que determine la propia clase política.

La endogamia de los intereses de partido con los jueces de partido resulta inevitable. Los instrumentos son variados, y su utilización depende de la “originalidad” de quien los emplea. Si se es poco original, nada disimulado o simplemente no está en juego la mayoría absoluta, frenar las investigaciones mediante expresas instrucciones a una Policía dependiente absoluta y únicamente del ejecutivo… hasta que se haga precisa su reactivación mediante órdenes en sentido contrario. Si lo que conviene es el sigilo más o menos disimulado, se utilizarán Magistrados y Fiscales afines destinados en los puestos clave de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo cuyo nombramiento correspondió a un CGPJ y a una Fiscalía General del Estado elegidos por la clase política.

A tal punto llega la corrupción, que ni siquiera es preciso poner en marcha la plétora de mecanismos al servicio del poder único para hacer coincidir el momento procesal con el momento oportuno. En la Justicia dependiente de lo político, siempre nadarán Jueces oportunistas dispuestos a medrar en este caldo de cultivo haciendo favores sin que nadie se lo pida, mientras se retrate públicamente su postura. El futuro Ministerio, o la fulgurante subida en el escalafón judicial están en juego.

Solo con una Justicia separada de los restantes poderes del estado la vida judicial correrá independiente de los acontecimientos de la vida política. Claro que entonces, si la facultad jurisdiccional del estado estuviera libre de cualquier tipo de interferencias, las conductas juzgadas serían únicamente acciones de personas concretas, resultando éstas condenadas o absueltas en lugar de los partidos, lo que haría inútil políticamente su ilegalización. Pero si denunciar esta corrupción intrínseca a los poderes inseparados exige sólo evidenciar la mentira del estado de partidos, el posicionarse además contra la posibilidad de la ilegalización de alguno de ellos contraponiendo razones de pura Justicia (así con mayúscula), como únicamente hicieron de forma pública el Juez Navarro y García-Trevijano, resulta un acto de valentía al alcance sólo de quien no teme a la verdad.

Pedro M. González