Mentiras en el Canal 9 del PP

  Protesta de los trabajadores a las puertas del ente.

 “Mis mentiras en Canal 9”, es el título del post difundido por la periodista Iolanda Marmol, extrabajadora de la radiotelevisión pública valenciana, en el que habla de su paso por este canal valenciano que la derecha del PP acaba de desmontar. Resume perfectamente cómo la derecha utilizó a su antojo este medio como órgano de propaganda, dinamitando su prestigio y credibilidad. “Recuerdo –dice Iolanda– cuando nos exigían grabar a Eduardo Zaplana de su perfil bueno. Y la oda que me encargaron sobre él cuando dejó la presidencia de la Generalitat Valencianapara ser ministro. También recuerdo la bronca y los gritos que me dedicaron cuando, en ese video de retrospectiva Zaplana, aparecía en una imagen con la tránsfuga que le había permitido hacerse con la alcaldía de Benidorm. Recuerdo poco después, cuando, de ser el Elegido, paso a ser en inmombrable. Cómo nos prohibieron que apareciera en los planos. Cómo buscaba perífrasis absurdas cuando no podía nombrarle en mis directos en los leones, a pesar de ser el portavoz del PP en el Congreso. Cuando Camps impuso su ley en Canal 9. Cuando nos dieron la orden de dejar de llamarle Francesc para que fuese llamado Francisco,coincidiendo con la época en que se postulaba como posible sucesor de Rajoy. Cuando trataron de prohibirme que contase que Zaplana dejaba su escaño en el Congreso. Cuando me prohibieron decir que Zapatero había anunciado el cheque-bebé, como si de este modo los valencianos no fuesen a conocer la noticia. Cuando escribías ‘fracaso estrepitoso’ y te lo cambiaban por ‘éxito discreto’. Cuando nos desplegaron para loar las maravillas de Terra Mítica en su inauguración y no podíamos decir que no había ni una sombra. Cuando me reñían porque me salía el acento catalán ‘y eso molesta a los blaveros’. Recuerdo cómo corría el cava en las plantas de dirección de Canal 9 en Burjassot las noches electorales de mayorías del PP, mientras que los redactores comíamos bocatas de salami. Cuando se pagaban directos millonarios para que Camps saliese hablando en directo en pleno Amazonas. Y los millones de veces en las que no me dejaron poner declaraciones de la oposición. O de cualquier ciudadano que criticase al PP, o a la Generalitat. Recuerdo también cuándo nos prohibieron decir ‘recortes’. Tampoco pude decir que miles de manifestantes gritaban contra el gobierno. Los manifestantes no ‘colapsaban’ el Paseo del Prado, la manifestación ‘transcurría por’. Y no poníamos pancartas explícitas contra Rajoy, ni contra el PP. Y fueron tantas, tantas, que un día empiezas a sentir vergüenza de trabajar para ellos. Ahora se termina. Injustamente. Pero lo ganaron a pulso”.
Otros, como Artur Balaguer, ex redactor de informativos RTVV, cuentan que desde Zaplana puso la alfombra del despacho presidencial,  “en televisión, recibimos órdenes claras al respecto de cómo, o más bien desde qué lado, se podía grabarle. Pero no fue Zaplana el único presidente de la Generalitat con trato preferente. Joan Lerma tenía una grabadora reservada en Ràdio 9, cuando solo disponíamos de otras tres de la misma calidad en un ente que contaba en su plantilla con un ‘equipo presidencial’ para seguir al jefe de gobierno autonómico”. Balaguer fue despedido de RTVV, tras negarse a cambiar los contenidos aprobados de su sección de deportes para introducir una entrevista en directo al entonces presidente, José Luis Olivas, en una visita a la concentración de la selección española de fútbol.
Cabe, igualmente, recordar el espacio “Tómbola” que hizo tristemente célebre a la televisión del Gobierno del PP. Canal Sur fue, tres meses después del inicio de su emisión, la primera en retirarlo de su parrilla, al considerar que el programa se situaba “en las antípodas de lo que debe ser el papel de una televisión pública”, aunque, en febrero de 1999, el entonces Ministro de Educación y Cultura de España, Mariano Rajoy, se viera forzado a asegurar que no era contrario a su emisión. Incluso Telemadrid lo retiró, en febrero de 2001, también de su parrilla, dejando sola a Canal 9, que mantuvo a Ximo Rovira y a sus “periodistas” en antena, hasta noviembre de 2004.
Otros programas que reflejabann su parcialidad fue 'El juí d'Alcàsser', espacio en el que, entre los meses de mayo y septiembre de 1997, se realizó un juicio paralelo al que se desarrollaba en los tribunales a los asesinos de las tres niñas asesinadas en la localidad valenciana de Alcàsser en 1992. En marzo del 2002, Canal 9 manipuló sus informativos en Notícies 9, cuando se entregaron los premios Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodistes Valencians a la redacción de Canal 9 por su oposición a la manipulación y a la censura informativa pero, en los informativos, se comunicó que la premiada era la cadena. O la manipulación sobre el accidente de metro de 2006 que, al coincidir temporalmente con la inminente visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, no fue noticia destacada ni siquiera el día de la tragedia. Frederic Ferri, el editor y presentador de RTVV confesó haber participado en una manipulación cuya orden de ejecución habría partido desde el mismo despacho de Francisco Camps. Tampoco tras este terrible suceso, Canal 9 varió su parrilla de programación.
Durante 20 años, algunos directivos de RTVV dedicaron su tiempo a participar de un saqueo de las arcas públicas valencianas a cargo de la radiotelevisión pública, elevando la deuda a más de 1.200 millones frente a los 22 que acumulaba en 1995, cuando el Partido Popular llegó a la Generalitat. Así al menos lo estima el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien tiene imputados al ex director de RTVV Pedro García, al entonces jefes del departamento técnico del ente, Luis Sabater, y a su director de antena, Antonio de la Viuda, por la adjudicación a dedo a empresas vinculadas a la “trama Gürtel” de la sonorización de los actos celebrados con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. De la cantidad pagada, cerca de 7'5 millones de euros, Correa se habría quedado con 1,4 millones, Pablo Crespo con 630.000 euros y Álvaro Pérez y Pedro García con medio millón cada uno, según se desprende de la instrucción.
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que anulaba el ERE en la cadena pública, Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, decide cortar por lo sano y eliminar una RTVV que ya no quiere ser el juguete preferido del PP. Unos 500 periodistas perderán su empleo, además de los mil que ya fueron despedidos. El Gobierno regional, que permitió y promovió el despilfarro durante  décadas, ve “inviable” la continuidad del ente. Fabra justifica la decisión de su gobierno de cerrar la RTVVporque “no tenemos 40 millones de euros para satisfacer la readmisión de los trabajadores”. En 2011, los gastos de personal eran de 73 millones de euros pero –sentenció – “eso es inasumible”. Fabra evita hacer cualquier tipo de autocrítica sobre la gestión política de RTVV, y asegura que su gobierno lo ha hecho “lo mejor que pudo”. Y lo hizo con la misma soberbia con la que primero encubrió las pruebas del saqueo de la televisión, después, amparó a los directivos responsables del mismo y, finalmente, llevó a cabo el ere ilegal, arbitrario e injusto. Desde sindicatos como CCOO, UGT o Intersindical Valenciana, se critica con dureza esta decisión, afirmando que el ente tiene futuro, si se negocia. El comité de empresa acusa a Fabra de mentir e insiste en que RTVV “es viable”. De hecho, los trabajadores del ente tomaron ayer el control de la programación de Nou (antes Canal 9) y Radio 9 para manifestar su rechazo al cierre de la cadena.