Hace unos días UGT denunció, según informó Cadena Ser, la existencia de un documento interno de Metro de Madrid en el que se instaba a los equipos de seguridad a vigilar con más ahínco a mendigos, pedigüeños, vendedores, músicos y homosexuales. Inmediatamente, la dirección de Metro confirmó la existencia del escrito, considerándolo "desafortunado", y declaró que se abriría una investigación "para depurar responsabilidades".
Un día después, Metro de Madrid suspendió de sus funciones al presunto autor del texto -técnico del área de Seguridad- y le abrió un expediente disciplinario por conducta "condenable y lamentable". En principio, las investigaciones de Metro continuarán para aclarar si el documento se creó a título individual o en connivencia con otras personas. Por otro lado, UGT ha ha solicitado la dimisión o cese del director de Seguridad de Metro.
En España, el número de personas desempleadas ronda los 4,5 millones, y la gente se busca la vida como puede. Podría aceptarse que las personas sin recursos supongan elementos de riesgo aunque, puestos a buscar actos delictivos en el Metro, sería más conveniente perseguir a carteristas que a músicos y vendedores -que tratan de ganarse el pan de una forma honrada-. Sin embargo, englobar a los homosexuales como personas de riesgo simplemente por su opción sexual es discriminatorio, humillante y retrógrado, y no tiene justificación alguna.
Cuando leí esta noticia lo primero que me vino a la mente fue la Ley franquista de Vagos y Maleantes. Parece que no fui la única, ya que el portavoz socialista de la Asamblea de Madrid se refirió a ella al declarar que era "impresentable que en pleno siglo XXI se tomen este tipo de decisiones, se persiga a estos colectivos". El Artículo 14 de la Constitución Española de 1978 establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social ". Por lo tanto, el documento interno de Metro no es solo discriminatorio, carca y ofensivo, sino que es anticonstitucional.
La famosa Ley de vagos y maleantes, que fue derogada en 1970, consideraba delincuentes a "mendigos, vagos habituales, proxenetas, ebrios y toxicómanos habituales", entre otros. Como esta ley se identifica con el conservadurismo, un argumento muy defendido por la derecha es que el precepto data de 1933, es decir, de la II República Española. Pero hay que matizar: la inclusión de homosexuales como "vagos y maleantes" se produjo en 1954, es decir, durante el Franquismo. Así pues, fue el nacionalcatolicismo del Generalísimo el que consideró la opción sexual constitutiva de delito. Aunque esta jurisdicción fuese derogada en 1970, vino a ser sustituida por la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, en la que se seguía equiparando la homosexualidad con la mendicidad, el vandalismo, el tráfico y consumo de drogas, la pornografía o el proxenetismo.
La máxima autoridad en materia de seguridad en Metro de Madrid, cuya dimisión ha solicitado UGT a causa del documento interno que insta a la mayor vigilancia de músicos, mendigos, vendedores y homosexuales, es Bruno Fernández Díaz. El cargo de director de seguridad de Metro no existía antes de su llegada a la red ferroviaria, sino que fue creado en junio de 2013 (y su retribución ronda los 100.000 euros anuales). Resulta paradójica la creación de un alto cargo en aquella época, en mitad de una oleada de recortes, supresión de servicios y subida de tarifas. Y resulta muy casual que Bruno Fernández Díaz sea hermano de Alfonso Fernández Díaz, el Jefe Superior de Policía de Madrid.
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