México "Políticas de dissidência sexual"

Fueron presentadas en México las Memorias del Primer Diplomado Teoría y Práctica de las Organizaciones Civiles con trabajo en Disidencia Sexual y VIH/sida, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Para Héctor Salinas, organizador de la publicación y coordinador del diplomado, los movimientos que luchan por la libertad sexual de América Latina sin menoscabo de las garantías de terceros avanzan sin retorno –como argumentaba el escritor mexicano Carlos Monsiváis– ante la derrota cultural de los conservadurismos de derecha. En esta entrevista, Salinas traza un panorama de esos avances – y los obstáculos que encuentra – en México, América Central y el Caribe de habla hispana. Considera que los modos de nombrar las sexualidades no heterosexuales son también un campo de disputa.
La ‘disidencia sexual’, explica el académico y autor del libro Políticas de Disidencia Sexual en México, es un término complejo desarrollado por científicos sociales durante la última década, para nombrar y reivindicar identidades, prácticas culturales y movimientos políticos no alineados con la norma socialmente impuesta de la heterosexualidad. Para él, es más correcto usar ese término que “diversidad sexual”, concepto que engloba a todas las orientaciones sexuales, incluida la hegemónica. Por otra parte, en vez de acrónimos como “LGBTTTI”, el especialista se inclina más por el empleo de la expresión “movimientos de disidencia sexual”, toda vez que la sigla es conmutable según la geografía. Por ejemplo, en algunos países es “LGBT”, en otros lugares es “BLGT” y “TLGB” en otros. “Esta denominación corre el riesgo de dispersarse en una serie de nomenclaturas que terminan por no nombrar a nada”, afirma Salinas.
A lo largo del Continente Americano hay conquistas en materia de derechos sexuales y reproductivos. El nivel de progreso de estas victorias depende del tipo de desarrollo de los grupos de la sociedad civil organizada, del avance del conservadurismo –que en varios casos gobierna–, así como de la coyuntura política de cada país y de la región en su conjunto, indica Salinas. La política de disidencia sexual más publicitada por los medios de comunicación ha sido la aprobación parlamentaria del matrimonio universal; sin embargo, no es el único punto que está en la agenda de las y los no heterosexuales. Si bien es un punto fundamental de los activismos, es importante destacar otras reivindicaciones de derechos humanos que han avanzado en América Latina, remarca el profesor de la UACM.
Además de las demandas que pretenden garantizar de manera general los derechos de los disidentes sexuales, es importante considerar aquellas que los reconocen como un sector específico de la población con determinadas particularidades, como los indígenas, los jóvenes y las personas con discapacidades, afirma Salinas. Para ello, Salinas menciona varios de los frentes abiertos por los movimientos de la disidencia sexual: leyes que penalicen actos discriminatorios por orientación sexual e identidad de género, con sanciones a los medios de comunicación que reproducen estereotipos e imágenes difamatorias; la incorporación de la perspectiva de la disidencia sexual en los programas educativos con el fin de presentar imágenes no prejuiciosas de las sexualidades no hegemónicas y de garantizar una educación laica; el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la reproducción asistida sin discriminación por sus preferencias sexuales; instrumentos que permitan combatir la discriminación laboral contra los disidentes sexuales; asilo político por persecuciones fundamentadas en la orientación sexual de las personas.
México y el enclave del Distrito Federal
En México, afirma el especialista, sólo existen políticas de disidencia sexual en la capital del país, el Distrito Federal, donde se aprobó el matrimonio universal y la adopción homoparental, mientras que en el vasto territorio de la federación mexicana se han conseguido algunos avances en la garantía de derechos de los y las disidentes sexuales. Entre ellos destaca las modificaciones al Código Penal para tipificar como delito los crímenes con “saña” motivados por el “odio” hacia las personas con orientaciones no heterosexuales; las reformas al Código Civil, que al abrir el juicio de reasignación para la concordancia sexo-genérica permiten a los ciudadanos y ciudadanas cambiar de nombre y sexo; y programas gubernamentales como el de la Clínica Condesa, especializada en VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, que también brinda consejería en derechos humanos y atención sanitaria al colectivo transgénero y transexual.
A nivel nacional “lo único que tenemos o lo que deberíamos tener es una gran vergüenza porque no hay políticas de disidencia sexual”, asevera Salinas. La “burla” más reciente del gobierno derechista de Felipe Calderón fue la promulgación del 17 de mayo como “Día Nacional de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”, decreto que la sociedad civil organizada criticó por omitir la palabra “homofobia”.
Héctor Salinas tiene una mirada crítica también sobre los alcances de las campañas antihomofóbicas implementadas conjuntamente por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que califica de “rasgos de política”, porque ni son integrales en la administración pública federal, ni permanentes, ni están sometidas a evaluación. Para él, se trata de “buenos intentos de muy buena fe” que precisan ser profundizados.
América Latina: el fortalecimiento de la governance
Incluir el tema de la disidencia sexual en la discusión social contribuye al “fortalecimiento de la governance, es decir, al rescate de lo público de la administración pública, como consecuencia directa de la lucha por democratizar el régimen y como resultado del despertar de la ciudadanía y de la sociedad civil”, afirma Héctor Salinas en su artículo “Políticas públicas de disidencia sexual: apuntes para una agenda”. Para el autor, en la governance moderna participan no sólo las instituciones estatales y los actores políticos tradicionales; también intervienen organizaciones no gubernamentales y actores privados que contribuyen a formular instrumentos de políticas públicas.
En su análisis sobre las políticas de disidencia sexual en América Latina, Salinas resalta el proceso de formulación de la “Política pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBT en Bogotá y de otras orientaciones sexuales e identidades de género”, implementada en la capital colombiana, que surgió luego de un acuerdo entre la sociedad civil organizada y el gobierno.
El investigador destaca que la política formulada durante la gestión de Luis Eduardo Garzón al frente de la Alcaldía Mayor (2004-2007) es incluso “más completa” que la instrumentada en la Ciudad de México; toda vez que es una estrategia presupuestada donde participa la sociedad civil organizada como una entidad que incorpora las demandas de la gente y al mismo tiempo evalúa a la administración pública.
Nicaragua, caso ejemplar en Centroamérica
El académico del Programa de Estudios sobre Disidencia Sexual de la UACM ponderó el avance de políticas dirigidas a las personas no heterosexuales que tuvo lugar en Nicaragua, donde en mayo de 2008 se despenalizó la homosexualidad. Al respecto, el artículo 204 del anterior código penal rezaba: “comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo”.
Este artículo fue incorporado como parte de enmiendas introducidas en 1992 al Código Penal para sustituir el artículo 205, también relacionado con la sodomía. En ese mismo año, un grupo de activistas y abogados interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de declarar inconstitucional esa ley. El alto tribunal analizó el caso y en 1994 emitió un fallo en el que ratificó la constitucionalidad de la norma e hizo precisiones para la aplicación de la misma. Empero, las aclaraciones introducidas sobre el término ‘sodomía’ dieron lugar a un sinnúmero de ambigüedades que ampliaron su significación de tal forma que incluyó la homosexualidad, afirmó al respecto Amnistía Internacional. Por su parte, las precisiones sobre la expresión “forma escandalosa” fueron interpretadas como aquello que generara “alboroto, tumulto, desvergüenza, mal ejemplo”, lo que llevó a que fueran condenadas no sólo las prácticas homoeróticas públicas, sino también aquellas que ocurrían en el ámbito privado con mutuo consentimiento.
De acuerdo con un documento de Amnistía Internacional sobre la citada norma, “Los términos empleados en la formulación del artículo 204 [eran] tan amplios e imprecisos que podrían permitir el procesamiento de personas por actividades tales como la defensa de los derechos de las lesbianas y los gays, facilitar información de salud con respecto a la sexualidad o mantener relaciones homosexuales en circunstancias que no [estaban] penadas si se trata de heterosexuales”.
Luego de la despenalización de la homosexualidad en 2008 se dio paso en septiembre de 2009 a la creación de la Procuraduría Especial de Diversidad Sexual, ente que asumió la tarea de defender los derechos de la población LGBT. Esta instancia gubernamental está liderada por la activista lesbiana Samira Montiel Sandino. Salinas destaca el valor simbólico del segundo apellido de la activista, que la liga a la historia nacional de resistencia popular y a la Revolución Nicaragüense.
El autor reporta progresos también en Panamá y El Salvador, país que el 13 de mayo pasado creó la Dirección de Diversidad Sexual, una dependencia de la Secretaría de Inclusión Social.
Pero hay retrocesos. En Costa Rica, a pesar de los avances en cuanto a visibilidad de los no heterosexuales, en 2009 el Congreso determinó vedar el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como cualquier acto de legalización o reconocimiento de las uniones lésbico-gay. En Honduras, el parlamento votó una prohibición similar.
El Caribe: avances y retrocesos
Según el especialista, en el Caribe el caso cubano es emblemático. Después de haber sido perseguidos por el Estado con el argumento de ser traidores al espíritu de la revolución, los disidentes sexuales hoy cuentan con el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por Mariela Castro, sobrina de Fidel Castro e hija de Raúl Castro, actual mandatario de la isla.
Desde hace varios años, Cuba cuenta con un programa de atención integral a personas transexuales, que les garantiza el acceso a terapias psicológicas y a medicamentos durante el tránsito de un género a otro. Este programa cuenta además con un componente de intervención que involucra a las familias de las personas trans en este proceso. En el programa está involucrado no sólo el Cenesex; también se sumó el Ministerio de Justicia que se ha ocupado del cambio de los documentos de identidad de las personas transexuales, en los que figuran las modificaciones en la foto, el nombre y sexo asumidos por ellas.
Recientemente, Cuba retomó la realización de cirugías de reasignación sexual que habían sido suspendidas en 1988, año en el que se realizó la primera, debido a las fuertes críticas que despertó esta noticia en distintos sectores de la sociedad. En el último año, el Estado cubano ha realizado más de 10 cirugías de reasignación y se encuentra atendiendo un número importante de solicitudes al respecto. Además, está en trámite una iniciativa de ley que permitiría a este país isleño reconocer derechos patrimoniales a las parejas homosexuales, menciona Salinas.
No obstante, en el Caribe también hay naciones rezagadas en lo relativo a derechos civiles para los disidentes sexuales. En República Dominicana, donde el gobierno instituyó el 17 de mayo como Día de Lucha contra la Homofobia, las autoridades locales han reprimido las manifestaciones en torno a esta efeméride. En esta situación se encuentra también Guatemala, donde activistas de la disidencia sexual denuncian un acoso sistemático y permanente por parte instituciones Estatales.
En suma, si bien es cierto que el conservadurismo de derecha ha retrocedido en algunos países latinoamericanos ante los avances de los movimientos de disidencia sexual, esta “derrota cultural” no puede ser tomada como un logro definitivo. En los últimos años se han logrado importantes avances en materia de legislación que garantiza los derechos de los y las disidentes sexuales en países que se ubican en distintos lugares del espectro político, incluyendo aquellos que hasta hace poco tiempo mantenían leyes que prohibían la homosexualidad. No obstante, el ámbito de la democracia y de los derechos sexuales es un campo constante de tensiones, en el que se lucha por derribar viejas hegemonías a la vez que se erigen nuevas, en el que hay tanto avances como retrocesos.
En este sentido, se requiere de movimientos sociales fuertes, que no disminuyan su labor ante los logros alcanzados, que estén atentos a las coyunturas políticas y regionales y evalúen permanentemente sus agendas a la luz de los contextos nacionales y latinoamericano. Solo así se podrán actualizar estas victorias que se cimentan sobre terrenos cambiantes.
Fuente: Clam