Dos fenómenos han marcado de forma negativa durante los últimos años la vida, la libertad y los derechos de las mujeres: la violencia que se generaliza en el país y las modificaciones legislativas encaminadas a criminalizar el aborto, con lo cual excluye que se trata de un problema de salud pública y de justicia social.
Ambas cuestiones son hoy el motivo de preocupación de las feministas y centran las tareas de los movimientos de mujeres.
La guerra contra la delincuencia arrebató condiciones fundamentales para la salud: la tranquilidad, la paz y la libertad, considerando que para la OMS "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".
El llamado "daño colateral" ha cobrado la vida de más de 1.000 mujeres en sólo cuatro años y otras muchas viven secuelas de las agresiones. En el norteño estado de Chihuahua la tasa de asesinatos por cada 100.000 mujeres pasó de 3,6 a 13,1 entre 2005 y 2009. El incremento fue 361por ciento.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las otras entidades que reportan las más altas tasas de feminicidio son Baja California y Guerrero, donde se incrementaron de manera abrupta al pasar de 2,5 a 10,11 y 2,53 a 10,07, en el mismo período, respectivamente. Peligrosas para las mujeres, por el "daño colateral" que provoca la guerra contra el narcotráfico en México, son también Durango, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Aunque el fenómeno está presente en las 32 entidades; ciudades importantes se han convertido en escenario peligroso para ellas. Los ejemplos de esa violencia no siempre alcanzan los medios de comunicación, como sucede en la capital de Nuevo León o de Jalisco, donde so pretexto de esa guerra se asalta, secuestra, viola y asesina a las jóvenes en las calles, las universidades y en centros de ocio.
Por otro lado, entre 2008 Y 2010, congresos de 16 estados del país siguieron el ejemplo adoptado en Chihuahua desde 1994, al aprobar reformas constitucionales que reconocieron el derecho a la vida desde la concepción y/o fecundación. Es decir, se elevó a rango constitucional el derecho a la vida antes del nacimiento, violentando las garantías de las mujeres establecidas por la Constitución Mexicana y tratados internacionales ratificados por la nación.
Ello provocó que, el pasado mes de marzo, se expusieran las violaciones al derecho de las mujeres en una audiencia especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); en abril, también se denunció este retroceso en la 44 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo sobre el tema de "Fertilidad, salud reproductiva y desarrollo" por la organización Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia.
Así, mientras en el Distrito Federal hace cuatro años se despenalizó el aborto hasta la semana número 12, en Chiapas, Veracruz, Querétaro, Baja California, Chihuahua, Campeche, Colima, Puebla, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán, Sonora, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca se constriñen las posibilidades, aun cuando en algunos casos quedaron "a salvo" las excepciones punitivas, como es el caso de aborto por violación.
El 28 de marzo pasado, en la CIDH, Vanessa Coria, del Grupo de Información en Reproducción Elegida de México, planteó ante los comisionados que "una de las principales y más graves consecuencias de la penalización del aborto es la morbi-mortalidad materna, a pesar de ser una de las causas más fáciles de tratar y totalmente prevenibles".
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el aborto inseguro provoca el 11 por ciento de las muertes de mujeres en América Latina y el Caribe, en tanto que en México es -de acuerdo con la Secretaría de Salud- la cuarta causa de muerte materna. En promedio, dice la diputada Enoé Uranga, la razón de muerte materna entre los años 2002 y 2009 fue de 60 por cada 100.000 nacidos vivos y tiene una relación directa con la pobreza, de ahí que se concentre en entidades como Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Chiapas, el llamado sur de la República mexicana, con excepción de Chihuahua.
La representante mexicana refirió que las adolescentes entre 15 y 19 años de edad, presentan el doble de probabilidad de morir a causa de complicaciones durante el embarazo que las mujeres entre los 20 y 24 años, mientras las menores de 15 años presentan cuatro veces más esta probabilidad.
Las cifras de embarazo adolescente, de acuerdo con el Censo de Población 2010, revelan que 16 entidades están en la media o por arriba de la media nacional (18,3%), siendo Chihuahua, Nayarit y Baja California las entidades que reportan mayores porcentajes con 22,8, 21,6 y 20,7, respectivamente.
Pese a que tanto el embarazo adolescente como el aborto son problemas de salud pública, como lo reconocen los organismos internacionales, en Baja California y Guanajuato criminalizaron esta práctica como "homicidio en razón de parentesco en agravio de un producto en gestación".
Ambos estados contravienen lo que determina el Código Federal Penal, "que es el piso jurídico respecto a la legislación en los estados, que contempla tres excepciones de no punibilidad del aborto: por imprudencia de la mujer embarazada, por violación y cuando la vida de la mujer corra peligro de muerte", señala la abogada Bárbara García Chávez[1], quien fuera concejala de Equidad y Género de Oaxaca.
En el caso de Baja California, se trata del artículo 127 del Código Penal y señala parentesco consanguíneo: "al que dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea directa, o a su hermano, con conocimiento de ese parentesco, se le impondrá de 20 a 50 años de prisión".
En Guanajuato, desde 2001 se endurecieron los castigos hasta con 35 años de cárcel a quienes matan a sus hijos o padres. El Código Penal establece en el artículo 156 el homicidio en razón de parentesco o familiar: "A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le sancionará con prisión de 25 a 35 y de 200 a 300 días multa".
De ahí que, en ambas entidades, existan casos de mujeres sentenciadas a más de 20 años de prisión. Sin embargo, el aborto que es la muerte del feto -de forma provocada o imprudencial- antes del nacimiento, nada tiene que ver con el homicidio en razón de parentesco que, en realidad, es la muerte de una persona ya nacida.
En tanto, la diputada federal Enoé Uranga Muñoz, exigió al gobernador de Baja California, José Guadalupe Ozuna Millán, de extracción panista, respetar los derechos humanos de las mujeres y pidió decretar la excarcelación de Leslie Karina Díaz Zamora y de todas aquellas encarceladas "por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió su embarazo".
En el reconocimiento de que el embarazo forzado es violencia contra las mujeres, la diputada Uranga Muñoz demandó reformar el artículo séptimo de la Constitución de esa entidad "por ser una clara vulneración al derecho a la vida de las mujeres y al principio de igualdad y de no discriminación".[2]
El caso de Leslie y otras bajacalifornianas, poblanas y siete guanajuatenses fue expuesto ante la CIDH, de la misma forma en que la situación de Paulina Ramírez, quien con apenas 13 años fue violada por un drogadicto la noche del 31 de julio de 1999, en presencia de sus dos sobrinos y su hermana, cuando el hombre ingresó al hogar de ésta para robar.
Al mes, la niña y su familia descubrieron que quedó embarazada producto de esa violación e intentan ejercer su derecho a abortar, puesto que en México esta práctica no está penalizada cuando se trata de este tipo de abuso o la vida de la madre está en riesgo. El gobierno le negó ese derecho, pero después de una enorme movilización, se comprometió a respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En el estado de Guanajuato -revela el informe presentado en marzo pasado durante la audiencia temática Derechos Reproductivos de las Mujeres en América Latina y el Caribe ante la CIDH- el Centro Las Libres documentó la situación de siete mujeres recluidas por "Homicidio en Razón de parentesco en agravio de un producto en gestación" que presentaban patrones similares. Una de ellas estaba sentenciada con la pena máxima de 30 años de prisión.
En la 44 sesión de la Comisión de Población y Desarrollo, María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, expuso que a 17 años de la inclusión de los conceptos de salud reproductiva y derechos reproductivos, como parte de los compromisos y estrategia para promover el desarrollo sustentable y reducir la pobreza, dentro de los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, todavía son una meta por alcanzar y tiene implicaciones directas negativas en la vida de las mujeres.
Romero recordó que, sin la instrumentación de políticas y programas para promover los derechos y la salud sexual y reproductiva -que no sólo incluye la aplicación técnica sino también la inversión presupuestal apropiada- la población se enfrenta a situaciones que ponen en peligro su bienestar físico, mental y social e incrementan la pobreza.
Tal es el caso del aborto inseguro. Por la falta de una legislación adecuada, las mujeres y sobre todo las más pobres, son prácticamente obligadas a poner en peligro su salud y sus vidas, añadió Romero.
En entrevista con SEMlac, feministas que radican en la capital mexicana, Chiapas y Oaxaca coincidieron en que el problema del aborto es un asunto de salud pública y de justicia social que debe ser despenalizado.
María Luisa Sánchez Fuentes[3], ex directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que mantener el aborto como un asunto penal es anticonstitucional y, a la vez, una asignatura pendiente con la sociedad que está en las manos de quienes toman las decisiones, ya que representa un acto de violencia reproductiva.
Desde Oaxaca, la codirectora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Ana María Hernández Cárdenas[4], señaló que penalizar el aborto genera mayor desigualdad social, porque no todas las ciudadanas tienen medios para realizarse un aborto seguro, con consecuencias malas para la salud y riesgo de muerte.
Martha Figueroa[5], del Colectivo Mujeres de Chiapas, dijo que corresponde a las mujeres tomar la decisión de abortar. "Es nuestro cuerpo y se debe despenalizar", remarcó.
Ejemplificó que "en el caso de Acteal (asesinato de indígenas en diciembre de 1997), hubo cuatro productos viables de siete y ocho meses de embarazo que no se contabilizaron como víctimas y la iglesia católica no dijo nada de esas cuatro víctimas… su posición se contrapone a esa política de proteger la vida", por lo que - insistió- considero que la postura de penalizar el aborto resulta absurda y moralista.
A su vez, Alma Luz Beltrán y Puga[6], ex becaria en la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, afirmó que las 17 reformas para proteger la vida desde la concepción, son altamente preocupantes porque desconocen los derechos fundamentales de las mujeres ya reconocidos en los tratados internacionales.
De acuerdo con Sánchez Fuentes, fueron una reacción a la despenalización del aborto en la ciudad de México, aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ocurrió el 28 de agosto de 2008 y que el Grupo de Información en Reproducción Elegida considera que "…Esta decisión histórica constituye la sentencia más importante en el reconocimiento al derecho de las mujeres en México".
En diciembre de 2009 nació el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, convocado por Feministas Socialistas. Julia Escalante, de IPAS, relata que durante el 2010 realizaron movilizaciones mensuales en las representaciones de los 17 estados que ya habían aprobado reformas constitucionales otorgándole derechos al no nacido con el fin de blindar la posibilidad de despenalizar el aborto, más Chihuahua que ya había reformado su constitución desde el 1994. Este año el Pacto realizará una movilización el próximo 28 de mayo.
IPAS, como parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, junto con GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia y Population Council, ha realizado acciones de cabildeo con tomadores de decisión en el marco de las reformas constitucionales.
Norma Reyes Terán[7], ex directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, apunta que para la Red de Organizaciones Feministas, despenalizar el aborto no obliga a interrumpir el embarazo, sino que deja abierta una posibilidad, además de reconocer el derecho de las mujeres a no parir en contra de su voluntad o riesgo de su propia vida y que significaría cumplir con el deber que le compete al Estado de proteger la vida de las mujeres.
El pasado mes de abril se cumplieron cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana número 12 de gestación en el Distrito Federal, lo que ha permitido salvar la vida de más de 55.000 mujeres que tienen la posibilidad de abortar en condiciones seguras y sin riesgo.
Sin embargo, las organizaciones feministas coinciden que el camino aún es largo y que persisten las iniciativas que buscan la criminalización del aborto en todo el país. Existen, de igual forma, propuestas legislativas de la derecha como el proyecto de decreto que expide la Ley de Protección a la Salud Materna, presentada hace varias semanas, por la diputada panista Paz Gutiérrez Cortina[8] y de la cual alertó la legisladora Enoé Uranga[9].
Esta reforma, que aún se cabildea, reconoce que cuando el aborto no es contrario a la ley, deben realizarse en condiciones adecuadas, pero confirma la postura de la derecha en el sentido de seguir reconociendo que la maternidad se inicia en la concepción, otorgando atención médica especializada y gratuita y el apoyo necesario a través de programas asistenciales o de gobierno, con el fin de lograr pleno desarrollo y la culminación de su embarazo.
En ese sentido, Gisela Sánchez Díaz[10], de la organización Salud y Género, sostiene que "no existen derechos de la mujer embarazada, sino derechos de la mujer cuando está embarazada y cuando decide no estar embarazada".
La resistencia es permanente. La jerarquía católica de Xalapa, Veracruz, está solicitando firmas para enviar al Congreso del Estado de Veracruz, a fin de invitar a las y los integrantes del órgano legislativo "a considerar la contundencia de los argumentos científicos, jurídicos y filosóficos que establecen que la vida humana comienza desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide" y se pronuncian por la ley que despenalice o legisle el aborto en el estado de Veracruz, denunció Articulación por el Derecho a Decidir, que señala que continuará alerta ante la nueva embestida eclesiástica.
En Oaxaca, el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, planteó la necesidad de despenalizar el aborto; se dieron algunas respuestas, pero volvió el silencio.
En el Congreso de esa entidad, la diputación considera que es suficiente el reconocimiento de cuatro causales de aborto e incluso la aprobación de las normas de operación del aborto por violación que en septiembre pasado realizó la pasada legislatura.
Feministas del Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres prevén que la salud de las mujeres, y con ello la despenalización del aborto, será llevada al proceso electoral presidencial de 2012 con fines políticos, pero nunca para reconocer la ciudadanía de las mujeres, la jerarquía católica ni los conservadores lo van a permitirlo, como sucedió en los períodos gubernamentales de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
Cifras
Principales causas de muerte de mujeres en 2008
Enfermedades del corazón 43.984
Enfermedades isquémicas del corazón 25.994
Diabetes mellitus 39.939
Tumores malignos 34.204
De la mama 4.835
Del cuello del útero 4.036
Agresiones 1.425
Embarazo, parto y puerperio 1.108
Embarazo adolescente
8.000 menores de 14 años fueron madres en 2010
700.000 entre 15 y 19 que fueron madres el último año
El estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar con 7% de embarazos
Baja California Sur, Chiapas y Chihuahua alcanzan 6,9%
De los 25.683 casos acumulados de mujeres con VIH/sida en México, el 93,4 por ciento (23.981) se concentra entre 14 y más de 45 años. (Fuente: CENSIDA hasta noviembre de 2010)
Entre los 15 y 54 años se ubican los porcentajes más altos de homicidios con respecto al total de muertes violentas de mujeres en 2009
Entre 35 y 39 años se ubicó el porcentaje más alto con 27,5 por ciento
Entre los 30 y 34 años, 26,9 por ciento
De 20 a 24 años, los feminicidios alcanzaron al 26,4 por ciento
De 25 a 29 años, fue de 23,9 por ciento
En las mujeres los suicidios son más comunes entre los 10 y 44 años de edad.
El porcentaje más alto se ubica entre los 15 y 19 años, con 22,2 por ciento
10 a 14 años de edad con el 17,4 por ciento
25 a 29 años con el 14,4 por ciento
30 a 34 años con el 12 por ciento
20 a 24 con el 11,7 por ciento
45 a 49 años con el 11.1 por ciento
40 a 44 años con el 10 por ciento
35 a 39 años con el 9,9 por ciento del total de suicidios registrados en mujeres
Fuente: INEGI, Estadística de Mortalidad
Embestida contra el aborto legal traerá más muertes
Por Alicia Yolanda Reyes
Las consecuencias de la embestida que a nivel nacional está dando la derecha contra el aborto legal en México, serán más abortos clandestinos y más muertes de mujeres de escasos recursos, señaló a SEMlac la abogada Ángela García Reyes[11].
Aunque las sanciones en los códigos penales son, en teoría, para todas aquellas que acuden a esta práctica, en realidad recaerán sobre quienes, por carecer de recursos, acuden a seudo médicos, o intentan ellas mismas terminar con el evento, tras lo cual sufren hemorragias y se ven obligadas a asistir a las clínicas del sector salud, con el riesgo de que el médico las denuncie y vayan a la cárcel, explica la jurista.
Quienes poseen los recursos acuden a centros privados, marchan al extranjero o viajan a la ciudad de México, por lo que tienen la oportunidad de practicarse el aborto en condiciones de higiene adecuadas, abundó.
Por su parte, Martha Villaseñor[12], investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y con una maestría en Ciencias de la Salud, aseveró que, en un país que fuera enteramente democrático, el que hubiera grupos de ultraderecha que manejaran una visión conservadora sobre el aborto no sería tan grave, ya que finalmente quienes se ubiquen dentro de estas tendencias podrían seguirlas o no.
El problema, añadió, es cuando en los países no se tiene clara la división entre iglesia y Estado, y un sector utiliza mecanismos ilegales. Es el caso de las políticas públicas donde tenemos verdaderos problemas, señaló.
No sería problema que un sector considere que el aborto no está permitido, moral o religiosamente, siempre que sus integrantes tengan la opción de seguir esa norma de manera voluntaria. La cuestión es que ese sector quiere imponer políticas públicas que abarcan a todos, porque hace que mujeres, católicas o no, que no estén de acuerdo con ese precepto, sean obligadas a seguirlo, o se arriesguen a ser castigadas, sostiene la investigadora.
Otro problema, añade, es que se utilizan argumentos seudo médicos y seudo científicos, en los que se asevera que el aborto, necesariamente, tendrá consecuencias negativas para la salud de quienes se lo practican, lo cual no necesariamente tiene que ser así, dice.
Cuando las mujeres se practican el aborto en condiciones insalubres, además de tener que cargar con el repudio social y familiar, están expuestas a que se les acuse de cometer un delito y se les encarcele, y eso sí deja secuelas emocionales y físicas.
Ambas entrevistadas coinciden en que, si bien en Jalisco no se han dado casos de mujeres que vayan a la cárcel por abortar, en otros Estados sí ha sucedido, lo que nos habla de una política persecutoria tipo cacería de brujas.
En ese sentido, García dice que le resulta alarmante la situación que se está dando en los Estados del Norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Baja California. Y ejemplifica con el caso de una campesina presa, quien hizo este relato: "Salí y sentí dolor en la panza y fue como si me escurriera algo entre las piernas. Los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer en el pasto, comencé a pujar para que saliera y cuando pasé mi mano por su nariz noté que no respiraba. Esperé a que llorara, pero no lo hizo. Estaba muerto".
Pese a esas declaraciones, esta chica, que pertenece a una familia que vive en pobreza extrema, fue condenada por el asesinato de su hijo. De nada valió el testimonio de sus padres, quienes corroboraron su declaración.
De acuerdo con datos recabados por la Red por los derechos sexuales y reproductivos (DDSER), a través de distintas solicitudes de información pública, de marzo de 2009 a abril de 2010, la procuraduría de Justicia de Puebla inició 17 averiguaciones previas, incluida una contra una menor de 12 años.
Del total, cuatro fueron denunciadas ante las autoridades y otras más han sido encarceladas. DDSER asevera que existen 30 casos de mujeres que esperan sentencia por esa situación.
Por su parte, Adriana Jiménez[13], dirigente de esa red, lamenta que en algunas entidades federativas el gobierno federal incumpla con el artículo 4[14] de la Constitución y de la Ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Un caso que calificó de paradigmático ocurrió en Guanajuato, donde se han iniciado 161 averiguaciones previas por el delito de aborto. En esa entidad actualmente hay 14 mujeres sujetas a un proceso penal y nueve de ellas están sentenciadas. Se trata de mujeres pobres, campesinas cuyas condenas rebasan los 25 años de cárcel.
Es grave que encarcelen a las mujeres que han abortado, como ha ocurrido en Baja California y Guanajuato, donde han detenido a mujeres que sufrieron abortos espontáneos, denuncia García, quien además forma parte del colectivo CLADEM.
A los grupos denominados PRO VIDA debería llamárseles pro muerte, señala, ya que no les interesa en absoluto la vida ni la libertad de las mujeres, "puesto que para ellos una mujer que toma la decisión de interrumpir un embarazo, es una pecadora y una criminal que merece ir a la cárcel".
Verónica Cruz Sánchez[15], directora de la organización Las Libres, denuncia que en Guanajuato los jueces sentencian a las mujeres que abortan llevados por sus creencias personales, morales y católicas, y no desde la perspectiva de la justicia.
Sobre las muertes maternas, Araceli Prieto[16], presidenta del Instituto de Tlaquepaque de las Mujeres, en Guadalajara, señala que la inequidad y la doble moral de quienes detentan el poder han contribuido a que muchas mujeres pierdan la vida durante el embarazo o el aborto, no necesariamente provocado.
Para quienes trabajamos el tema del derecho a decidir, coinciden Prieto y García, son importantes las historias de las muertes maternas por abortos mal practicados y por embarazos de alto riesgo.
Sin embargo, ambas coincidieron en afirmar que, como activistas, también les importan las muertes por cáncer de mama y cérvico uterino, y las otras, que se incrementan por desnutrición crónica en las zonas y las periferias de las grandes ciudades.
Asimismo, les preocupan y duelen las mujeres que mueren asesinadas y que quedan únicamente como "daños colaterales" en la llamada guerra contra el narcotráfico.
En resumen, todas las especialistas entrevistadas por SEMlac aseveran que las muertes maternas, las enfermedades sexuales y la trata de mujeres tienen que ver con la falta de políticas públicas claras en los temas correspondientes, debido al desprecio del grupo del poder hacia las mujeres y su problemática. Son el reflejo de una manera de pensar, sus prejuicios y su sexismo, sentencian.
[1] Abogada y maestra en Finanzas Púbicas por la UNAM, ex regidora de Equidad y Género del gobierno de la ciudad de Oaxaca. Conductora y productora de Mujeres en voz alta en www.canalgentelibre.com.
[2] ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. (Constitución Política de Baja California)
[3] María Luisa Sánchez Fuentes integra el equipo de GIRE desde sus inicios y fue directora de 2004 a marzo 2011. Feminista e integrante del Grupo Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las mujeres.
[4] Ana María Hernández Cárdenas es directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres y por el derecho a decidir. Integrante del Grupo Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las mujeres.
[5] Abogada y defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres. Reside en Chiapas e integrante del Colectivo de Mujeres de Chiapas. Defendió el caso de las mujeres tzeltales violadas por militares en 1994.
[6] Alma Luz Beltrán Puga es abogada feminista y ex becaria de la CIDH.
[7] Norma Reyes Terán feminista de la igualdad. Ex directora del Instituto de la Mujer de Oaxaca, fue diputada local y federal por el Partido de la Revolución Democrática.
[8] Paz Gutiérrez Cortina es diputada federal del Partido Acción Nacional. Es integrante de las comisiones ordinarias de Cultura y Educación Pública. El pasado 30 de abril propuso crear una Fiscalía Especializada dedicada a dar atención integral a las víctimas de violencia y abuso sexual en contra de menores. En enero 2011 fue criticada por promover una iniciativa que buscaba que la publicidad relacionada con los condones se transmitiera después de las 10 de la noche, que no fuera vista por menores de 14 años y que especificara que usar preservativos no es tener "sexo seguro".
[9] Enoé Uranga Muñoz es diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática. Activista del movimiento LGTBTTTI. Coautora y principal impulsora de la Ley de Sociedad de Convivencia, aprobada por la Asamblea del D.F. Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Integrante de la Comisión de Justicia. Secretaria de la Comisión para la Familia e integrante del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
[10] Gisela Sánchez Díaz es responsable del área educativa en Salud y Género A.C. Trabajando con mujeres jóvenes: empoderamiento, derechos y salud. Es integrante del Grupo Derecho a Decidir y del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las mujeres. Vive en Querétaro, México.
[11] Ángela García Reyes es abogada feminista, una de las voceras de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos humanos de las mujeres (CLADEM) en Jalisco, especializada en salud sexual y salud reproductiva. Trabaja para prevenir el cáncer de mama y asesora a mujeres que han abortado.
[12] Martha Villaseñor es Doctora en Ciencias Sociomédicas, con especialidad en terapia familiar y perspectiva social en salud reproductiva. Es magíster en Ciencias de la Salud Pública con énfasis en Educación para la Salud y egresada de Advocay CEDPA/AMES. Integrante del Seminario Sexualidad y Género de 1994 a 2004, en COLMEX.
[13] Alba Adriana Jiménez Patlán es originaria de Pachuca, Hidalgo, donde radica. Es coordinadora nacional de Ddeser (Derechos Sexuales y Reproductivos). Desde hace seis años, ha trabajado por la delegación de la Conferencia Mundial de la Juventud en Hidalgo, lo que le valió el reconocimiento a su trabajo y logros.
[14] El Artículo 4° estipula que "los municipios podrán expedir reglamentos y coordinarse con el Gobierno Estatal para implementar acciones a fin de prevenir, detectar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Para este fin, en la elaboración de sus presupuestos de egresos, podrán contemplar partidas presupuestales para cumplir con dichos fines".
[15] Verónica Cruz, coordinadora del grupo civil defensor de los derechos de las mujeres, en Guanajuato.
[16] Araceli Prieto es actualmente directora del Instituto de Tlaquepaque de las Mujeres, del cual es fundadora. Activista por los derechos sexuales y reproductivos, hasta hace un año era la representante de Ddeser Jalisco y de la Agenda Feminista. Magíster en Sexualidad Humana
Por Soledad Jarquin
Fuente: Semlac
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