Migrantes con discapacidad tendrán derecho a abogado en los estados de California, Washington y Arizona

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ganó una demanda colectiva que permitirá que los inmigrantes indocumentados con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental y que se encuentran detenidos por el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en California, Washington y Arizona tendrán derecho a representación legal cuanto antes.
El fallo fue emitido por la juez Dolly Gee de la Corte Federal de Distrito con sede en Los Ángeles sobre la querella presentada en 2010 por ACLU.
"Básicamente el fallo de la juez determina que las personas detenidas por más de seis meses en las instalaciones de inmigración, que padezcan enfermedades mentales serias, tendrán el derecho de pedir fianza frente a un juez de inmigración", dijo la abogada de ACLU, Carmen Iguina."Y segundo, las personas que ahora están detenidas y se conoce que son incompetentes para representarse a sí mismas debido a problemas de salud mental, deberán tener derecho a un abogado", agregó.
Iguina hizo ver que se han identificado alrededor de 1,400 inmigrantes detenidos por el Servicio de Migración y Aduanas en sus instalaciones de California, Washington y Oregon que tienen problemas de salud mental para representarse por ellos mismos y a quienes beneficia el fallo de la juez Gee.Hizo ver que la demanda la presentó ACLU del Sur de California, con el apoyo de ACLU nacional y otras organizaciones, tras presentarse el caso de José Antonio Franco, residente de Orange, quien fue mantenido bajo arresto en diferentes centros de detención de migración por cuatro años y medio."José Antonio tiene la capacidad mental de un niño. Y tan pronto un juez de migración vio su condición cerró su caso, y lo dejaron por años detenido sin que ningún otro juez lo viera, y le diera la opción de tener una audiencia para pedir una fianza y salir libre", señaló la abogada.
El fallo de la Juez Gee se da luego de que el Departamento de Seguridad de EEUU anunciara que planean poner en marcha para 2014 una política que asigne un abogado a los inmigrantes detenidos que tengan algún tipo de problemas de salud mental.
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