Minería

El agua y la vida, no se negocian

por Carla Froy

La polémica por el veto a la Ley de los Glaciares el año pasado se encontraría íntimamente ligada al actual proyecto Pascua Lama de minería a cielo abierto. Fuertes críticas de los ecologistas en San Juan.

El pasado 7 de mayo el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, anunció desde San Juan la construcción del megaproyecto minero binacional argentino-chileno, Pascua Lama, financiado por la empresa Barrick Gold Corporation. Los lugareños y ambientalistas manifestaron su enérgico repudio, debido a que la iniciativa pondría en riesgo los ecosistemas y la fuente de agua que son los glaciares.

El método extractivo es a cielo abierto y mediante reactivos químicos, se lixivia el mineral de la roca. En el caso del oro, para llevar a cabo su descomposición,  el nuevo complejo utilizará por día aproximadamente diez toneladas de cianuro de sodio disueltas en agua, a razón de mil litros por segundo, para separar por gravedad el metal de la roca estéril. Los residuos son volcados en enormes diques de cola, los cuales accidentalmente podrían fracturarse y envenenan a perpetuidad los ríos, lagos y acuíferos. También ocurren filtraciones internas debido a las explosiones, a la naturaleza sísmica del suelo y a los drenajes ácidos de mina (DAM). De esta manera, los desechos tóxicos y los metales pesados contaminan los suelos y las napas freáticas, imposibles de recuperar.

Los ecologistas tomaron como antecedente el deterioro medioambiental que provocó la mina Veladero, otro proyecto de la Barrick Gold, ubicada en la cordillera sanjuanina. Junto con los pobladores, sostienen que la iniciativa minera contaminó el río Las Taguas, el cual desemboca en el Jáchal donde se detectaron altísimos niveles de arsénico y los casos de cáncer aumentaron en un 800%.

Lo más alarmante de Veladero y del futuro proyecto Pascua Lama es que, además de arruinar los cauces hidrológicos, destruyen los glaciares de roca en el lugar donde operan. “Los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza se retrajeron un 40% desde que la Barrick comenzó a explorar la zona”, afirma Cristina Martín, presidenta de Conciencia Solidaria, una ONG que lucha por el cuidado del medioambiente y la regulación de la actividad minera. Por otra parte, agrega que “el polvillo (cargado de químicos) que levantan con las explosiones se deposita en los glaciares y esto provoca que al recibir el sol se produzca más rápido el derretimiento”.

La polémica por la destrucción de los grandes bloques de hielo se desató en octubre del año pasado cuando el Poder Ejecutivo anuló la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, votado por unanimidad en ambas Cámaras.

Lo cierto es que la norma prohibía, en su artículo 6, “la exploración y explotación minera o petrolífera” tanto en los glaciares como en los suelos congelados. En efecto, “Las corporaciones presionaron a nuestros gobiernos y el resultado fue el veto presidencial de la ley, porque su sanción impediría el funcionamiento liso y llano del sector minero en las altas cumbres de la cordillera andina”, denuncia Javier Rodríguez Pardo, periodista y miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina (RENACE). “El agua para lixiviar proviene mayormente de esa masa glaciar que deben intervenir para ejecutar su proyecto”, insiste el ambientalista. El rechazo de la norma legislativa esconde el objetivo de sancionar una nueva ley que beneficie a las empresas mineras extranjeras.

Las sospechas se ven reforzadas debido a la relación comercial entre la compañía Bentonita Santa Gema, propiedad de la familia que gobierna San Juan (José Luis Gioja, gobernador, y César Gioja, senador)  que provee de insumos a Barrick Gold. Por lo tanto, ¿cómo la poderosa multinacional hubiera permitido que se le escurriera tamaño negocio? Aún más cuando se encuentran en juego 17,8 y 718 millones de onzas de oro y plata, respectivamente, en el yacimiento  Pascua Lama.

Es un acuerdo millonario del cual el país no obtiene ni un centavo. Gracias al Código Minero vigente desde los años 90, las transnacionales pueden depositar el 100% de sus ganancias en el exterior, obviar el pase de las divisas de exportación por el Mercado de Cambios del BCRA y  pagar hasta el 3% boca de mina en concepto de regalías. Y no sólo eso: consumen gratuitamente el agua y la energía que necesitan, desabasteciendo a las comunidades cercanas y arruinando las economías regionales.

Una última reflexión: Argentina, ¿es un país minero? No, “es un territorio rico en minerales que atrae a las multinacionales como aves de rapiña”, señala Rodríguez Pardo. Lo cierto es que el saqueo de los bienes naturales, sobre todo del agua, es evidente, al igual que la connivencia política.

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