Los camiones, con su carga macabra, eran movidos de lugar ante las protestas de la ciudadanía.
El hallazgo de dos camiones refrigerados cargados con más de 300 cadáveres en Jalisco, México, ratifica que en ese país los derechos humanos siguen ausentes y la violencia impune es común e indignante. La pregunta es si el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podrá pacificar ese país con su nuevo plan de gobierno, como prometió, donde la vida poco vale.
En los últimos días, dos grandes vehículos de la Fiscalía de Jalisco fueron abandonados en lugares periféricos de la capital de Guadalajara con fallecidos encontrados en fosas comunes o no reclamados por sus familiares, sin informaciones judiciales. La alarma de vecinos por el hedor permitió la revelación de los cuerpos, colocados allí y abandonados por la morgue de la ciudad.
Los camiones, con su carga macabra, eran movidos de lugar ante las protestas de la ciudadanía, quizás ignorantes, pero temerosos de su contenido. Los habitantes de un complejo de viviendas en Tlajomulco de Zúñiga —ciudad del Estado de Jalisco— protestaron cuando comprobaron salpicaduras de sangre en uno de los vehículos y difundieron videos con la inscripción: “Trae cuerpos, cuidado, no permitan que lo dejen en tu colonia”.
El nuevo escándalo, que desprestigia aún más la imagen de una nación donde reina la impunidad, obligó al gobernador estadual Aristóteles Sandoval —algunos medios mexicanos afirman conocía de la operación— a despedir a Luis Octavio Cotero, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por presunta “indolencia y negligencia”.
Sin embargo, Cotero afirmó el pasado martes que hace dos años advirtió a la fiscalía estatal que la morgue carecía de capacidad para acoger los muertos, a causa del aumento del número de homicidios en el país, según declaró al periódico local Mural.
Argumentó que aunque la refrigeración retrasa la descomposición de los cadáveres, muchos estaban muy deteriorados porque fueron retirados de fosas clandestinas en el territorio estadual, uno de los más violentos de la antigua nación azteca, donde el narcotráfico constituye un problema de Estado, incrementado en los últimos años en correspondencia con el consumo de drogas.
“En Jalisco tenemos poco más de 800 cuerpos sin ser identificados por sus familiares (que no son avisados), de tal suerte que ya no caben”, dijo a Sputnik Guadalupe Aguilar, quien coordina el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).
Aguilar precisó, sin justificar el uso de las morgues ambulantes, que “el Instituto de Ciencias Forenses tiene capacidad para 180 cuerpos y entonces se vieron en la necesidad de rentar un Frigo Kim, que es este tráiler donde caben 200 cuerpos y ahí estuvieron acomodándolos con su ficha odontológica o su análisis de ADN”, los cuales pudieron estar dando vueltas durante semanas.
Durante los últimos dos años, el anterior fiscal del Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer que renunció en noviembre de 2017 para candidatearse a gobernador por el PRI y perdió, construyó un panteón para depositar la gran cantidad de cuerpos que permanecen en los servicios forenses sin ser identificados, explicó la coordinadora de Fundej.
Recordó que casi de inmediato se ocuparon los lugares, pues solo cabían 271 cuerpos, y son necesarias como mínimo 800 capacidades.
IMPUNIDAD Y NARCOTRÁFICO
La vida en algunos de los Estados vinculados con los carteles de la droga nada vale, pues las autoridades gubernamentales permiten —bajo coacción o por dinero— la actuación de las mafias. La situación ganó titulares mundiales cuando se conoció el caso ocurrido en Ayotzinapa hace dos años, donde la policía entregó vivos a un grupo de narcotraficantes a 43 estudiantes normalistas desaparecidos hasta ahora, con la venia del alcalde municipal.
México es la nación con mayor impunidad en América Latina, y la cuarta a nivel mundial, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, de 69 países miembros de Naciones Unidas (ONU).
El porte de armas es ilegal en México, solo si se le relaciona con otro hecho delictivo, lo cual es difícil de probar, pues en esa nación de 123,5 millones de habitantes solo hay cuatro jueces por cada 100 000 personas, cuando la media mundial es de 16, También existe el doble de presos sin sentencia que el rasero internacional, indican datos del IGI.
El consumo de drogas aumentó significativamente en los últimos siete años. Las luchas internas de los carteles por su control se arreció debido a que en ese tiempo subió un 47 % el número de adictos entre la población de 12 a 65 años de edad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. El consumo de los adolescentes de 12 a 17 años creció 125 por ciento y el de mujeres 222 por ciento, precisó esa fuente.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México es el tercer productor de amapola en el mundo.
Las autoridades registraron 16 339 homicidios en México en los primeros siete meses de este año, un incremento de 17 % sobre el mismo periodo de 2017, cuando hubo más de 31 000 asesinatos en 12 meses.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de ese país contabilizó hasta agosto pasado el hallazgo de al menos 1307 fosas clandestinas, de las que se exhumaron 3926 cuerpos en todo el país, incluidos los localizados esta semana en Veracruz, de acuerdo con conteos elaborados por ese organismo.
En los últimos 20 meses, es decir, del 1.º de enero de 2017 al mes pasado, la CNDH registró la localización de al menos 163 fosas con 530 cuerpos. Con la ubicada en Veracruz suman 38 escondrijos detectados en los últimos 18 meses. Le siguen Chihuahua (al menos 22), Sinaloa (22), Zacatecas (17) y Jalisco (14).
Veracruz también encabeza la lista en cuanto a la cantidad de cuerpos localizados, con 249 (incluidos los que fueron hallados por la fiscalía estatal); seguida de Jalisco (126), Nayarit (70), Zacatecas (51) y Chihuahua (59).
De acuerdo con el diario La Jornada “el hallazgo de fosas clandestinas desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha convertido en obstáculo sin superar hacia una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”, indicó la CNDH.
¿QUÉ PUEDE HACER EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR?
Garantizar el derecho a la vida y devolver la seguridad nacional es una de los problemas más difíciles que deberá enfrentar el presidente electo López Obrador, quien asumirá el próximo 1.o de diciembre, luego de una larga transición de pase de poder de cinco meses.
Su propuesta a los mexicanos en pacificar el país sin disparar más balas, en momentos en que la nación se encuentra sumida en una espiral de violencia alimentada por el narcotráfico y sus grupos organizados.
AMLO, según anunció, creó un grupo encabezado por la exministra de la Corte Olga Sánchez, quien además sería la próxima secretaria de Gobernación (Interior), y dirigirá un plan enmarcado en un programa integral de justicia transicional.
La propuesta incluye una polémica ley de amnistía para perdonar los bajos rangos del mundo criminal, además, otra disposición personalizada de reducción de condenas para quienes brinden información que permita capturar a los capos, y despenalización de la marihuana y la amapola, planta de la cual se extrae la goma de opio para la elaboración de la heroína que inunda Estados Unidos.
“No sólo va a ser amnistía, va a ser una ley de reducción de penas, vamos a proponer la despenalización, crear comisiones de la verdad, vamos a atacar las causas de la pobreza, vamos a darle becas a los chicos y vamos a trabajar en el campo para poderlos sacar del tema de la droga”, dijo Sánchez, una jurista de 63 años, en conferencia de prensa.
El izquierdista AMLO, quien arrasó en las presidenciales de julio pasado, propuso un enfoque distinto para acabar con una guerra que le hizo perder al país un 21 % de su Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, según cálculos privados difundidos por la agencia británica Reuters.
El equipo detalló que el plan, que se echaría andar de inmediato, incluye además dar un nuevo enfoque a la seguridad como, por ejemplo, frenar el creciente tráfico de armas en el país, así como el flujo de efectivo ilícito.
El designado como secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo por su parte que se está proponiendo modificar la operación de los filtros de seguridad para frenar el tráfico de armas, ya que actualmente solo se aplica en la frontera norte del país, y combatir la corrupción en aduanas, puertos y aeropuertos.
Durazo precisó que pretenden adoptar una etapa más “sofisticada, apoyados en tecnología avanzada”, así como “incrementar la eficacia de estos mecanismos de revisión”.
El proyecto, que tendría que ser aprobado antes por el Congreso, donde el partido oficialista Morena tiene mayoría, se llevaría inicialmente a consulta pública que incluirá a víctimas de violencia y población de zonas con altos índices de terror.
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