Ya no se trata de abonar pagos e implantar copagos en los medicamentos, de repagar prestaciones que antes estaban incluidas como las ambulancias y las muletas, o de retirar la cartilla sanitaria si eres un inmigrante, sino que ahora, además, si no sabes medicina y pretendes recibir una atención que estimas urgente, preocupado porque tu médico de cabecera no te escuche o ponga reparos para enviarte al especialista y dilate cualquier prueba una eternidad que crees no disponer si confías en continuar vivo, ahora, para colmo, proponen que se te pueda multar por “abusar” de las Urgencias cuando buscas que te traten de verdad y determinen con rapidez qué es lo que te hace sentir mal. Es lo que pide, nada más y nada menos, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, un cargo médico que expresa su sensibilidad por la “sostenibilidad” del sistema, no del paciente.
El eminente galeno argumenta que su propuesta no pretende implantar otro copago, sino establecer un “pago por usar mal los servicios”. Aunque intente una pirueta semántica, pago y copago son, en este caso, sinónimos referidos a pagar por lo que ya se ha pagado previamente con los impuestos: atención sanitaria. Es intentar, desde una mentalidad economicista, refinanciar un servicio público que adolece de problemas estructurales y organizativos que generan la saturación de las urgencias, y pretender remediarlos mediante la implantación de una tasa que disuada al usuario de utilizar tal servicio, no de corregir sus fallos.
Compartiendo, con seguridad, el “diagnóstico” inicial del problema, el representante de los médicos escoge la “terapia” más cómoda, pero injusta y a la postre ineficaz, de solucionarlo. No hace falta trabajar en ese servicio para advertir que la inmensa mayoría de los casos que allí se tratan no son verdaderas urgencias, sino afecciones que podrían ser abordadas en la medicina primaria. Sin embargo, la masificación que sufren las urgencias, cada vez más frecuentes y duraderas, denotan disfunciones más complejas que el simple abuso por parte del ciudadano, pero que el médico de la Organización Colegial se guarda siquiera de insinuar.
Por un lado, existe toda una política de “ajustes” presupuestarios, impulsada por el Gobierno central y seguida obligatoriamente por las autonomías (a causa de la reducción de las transferencias), que merman los recursos materiales y humanos no sólo en la Sanidad, sino en todos los servicios públicos. No deja de ser irónico que el presidente de la OMC propugne multar el supuesto abuso de las urgencias en presencia de la ministra de la Sanidad, sentada a su lado. Podría haber aprovechado la oportunidad para exigirle la dotación presupuestaria suficiente para una correcta prestación de la sanidad, como servicio público, sin tijeretazos que mermen su calidad.
Pero, aparte de los recursos, lo que evidencia el comportamiento de los usuarios al preferir las urgencias cuando tienen necesidad, es la ineficacia de la medicina primaria y preventiva. Un paciente “aprende” ir a urgencias cuando, tras peregrinar por consultas y médicos de cabecera, desemboca invariablemente en ese servicio como alternativa “práctica” que resuelve su problema de salud. La tardanza con la que se realizan las pruebas complementarias (radiografías, análisis, etc.), los impedimentos para la remisión de pacientes a los especialistas, y los, en algunos casos, errores en la detección de las patologías que, tal vez por las prisas con que se han de atender las consultas, se producen en la medicina primaria, hacen que la segunda vez que el usuario tenga que necesitar de atención médica, acuda directamente a las urgencias donde acabó su primera y desagradable experiencia.
Pero, claro, denunciar esta situación delante de la ministra del ramo es impropio de quien participa de ese sistema, pertenece al estamento que organiza o aconseja los procedimientos asistenciales y es responsable del deambular de cada paciente que se acerca a la sanidad. Lo más fácil es echarle la culpa al usuario por “abusar” de las urgencias y, en última instancia, por ponerse enfermo y utilizar los recursos de la sanidad pública de la manera que ha percibido como más efectiva. Y la mejor manera de “disuadir” de su uso y abuso es encarecerlo económicamente. Una nueva tasa que, diga lo que diga el presidente de los médicos, no resuelve el problema, pero permite “acostumbrar” al usuario a que pague como si tratase de una atención ofrecida por la medicina privada. Y, mientras tanto, la ministra Mato tan sonriente y comprensiva.
Lo mismo que aquel impresentable representante de la patronal, hoy en la cárcel, que decía que la prestación del paro sólo servía para fabricar vagos, este burócrata de los colegios médicos arguye que las urgencias las colapsan quienes desean saltarse las listas de espera, no porque tengan miedo o estén preocupadas por lo que padecen. ¡Ojalá fuera así! Todo abuelo que estuviera aguardando operarse de cataratas acabaría sentado en Urgencias para solucionar el problema. Las urgencias no alivian las listas de espera de diagnóstico ni terapéuticas, sólo resuelven situaciones agudas que el que las padece considera graves y peligrosas para su vida. Si un médico de la medicina primaria o preventiva le atendiera con idéntica eficacia y celeridad que en urgencias, seguro que ningún paciente “abusaría” de ellas. Pero ese es, precisamente, el problema: que la primaria funciona lento, tan lento que muchos se mueren antes de llegar a urgencias. Y esto es lo que el presidente de la OMC se calló ante la ministra, el muy cuco.