Se acerca el plazo para que este delito pase al ámbito del fuero común; los aparatos de justicia quintanarroenses se capacitan para combatirlo, aunque hay dudas de que opere correctamente con los negativos resultados de los exámenes de confianza del personal policíaco
Por Enrique Huerta / Luces del Siglo
Cancún, Qna. Roo., a 2 de agosto de 2012.- A partir del próximo 21 de agosto, el aparato de justicia estatal comenzará a investigar y sancionar el narcomenudeo, para acatar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2009.
Ese año se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, que clasifican a este delito como competencia de las autoridades judiciales de los estados.Por ello, tanto la policía estatal, las procuradurías y los tribunales superiores de justicia estatal tendrán la facultad de perseguir los delitos relacionados con tráfico de drogas al menudeo, siempre y cuando las cantidades involucradas no rebasen ciertos límites, pues en ese caso, la persecución del delito se reserva a las autoridades del fuero Federal.
Según el procurador de justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, se necesita que la cantidad de droga sea mil veces superior a las previstas en la tabla de orientación prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, así como cuando el narcótico no esté contemplado en dicha tabla, o bien, así lo solicite el Ministerio Público de la Federación.El funcionario lo ejemplifica: será competencia estatal si la persona detenida tiene en su poder de 5 a 5 mil gramos de mariguana, es decir, de 0.05 hasta menos de 5 kilogramos, o de 500 a 500 mil miligramos de cocaína, de 0.5 hasta menos de 500 gramos.
La semana pasada inició una capacitación dirigida a agentes del Ministerio Público, peritos y policías judiciales, a cargo del doctor Roberto Ochoa Moreno, experto del Instituto Nacional de Ciencia Penales (Inacipe).
Hasta el momento se han creado dos fiscalías especializadas en el tema, una instalada en la capital del estado, Chetumal, y la otra se encuentra en Cancún, que también brindará servicio al municipio de Solidaridad. Se planea construir una tercera fiscalía para la Riviera Maya, pero esto a futuro.
Por cada fiscalía habrá de 18 a 20 miembros, seis agentes del Ministerio Público en cada una de éstas, aunque habrá personal que apoyará el trabajo de estas oficinas.
Los cuestionamientos
Con la obligación de los aparatos de justicia quintanarroense en la persecución del narcomenudeo, surgen las dudas sobre si realmente se trabajará de manera eficiente y sin corrupción.
Los quintanarooenses son escépticos sobre el funcionamiento de la justicia, pues en la memoria colectiva se mantiene todavía fresco el caso de la joven Fernanda García Alto Aguirre, hija de Francisco Javier García Rosado, del ex magistrado del Tribunal Electoral del estado, quien fue aprehendida por elementos de la policía municipal junto con otros cinco personas y se les encontró con drogas y armas de fuego, en mayo de 2011.
Días después, sólo se consignaron en la PGR a Mauricio Canto Miru, de 20 años, y los hermanos Cristian y Miguel Sosa Barragán, de 21 y 35 años. Los demás salieron libres e, incluso, a nivel de la leyenda urbana se habla de tráfico de influencias para liberar a la joven.
Otra incertidumbre es la selección de personal para estas fiscalías. Si bien en la inauguración de los cursos de capacitación del personal el procurador estatal Gaspar Armando García dijo haber seleccionado a quienes integrarían estas oficinas, la decisión se tomó a partir de aquellos que aprobaron los exámenes de control de confianza y no cuentan con antecedentes penales.
También prometió que se estarán haciendo periódicamente exámenes permanente, “porque puede ser que más adelante incurran en alguna cuestión”.
De acuerdo con cifras oficiales, Quintana Roo es el estado más atrasado en materia de confianza a la policía. Sólo 1.3 por ciento de los 6 mil 904 agentes de la policía estatal acreditaron exámenes de confiabilidad, según datos de la organización Causa en Común.
De los 6 mil 900 mandos altos, medios, personal operativo y ministeriales de las Direcciones de Seguridad Pública y Policía Judicial del Estado, sólo 90 han acreditado dos de los cuatro exámenes que corresponden a las evaluaciones de control y confianza.
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PENAS ESTIPULADAS:
Por comerciar drogas: De 4 a 8 años en términos generales. La pena se amplia en 50 por ciento en servidores públicos.
Por posesión simple de drogas: De 3 a 6 años
Ley General de Salud.
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