Posicionamiento de México Unido contra la Delincuencia en relación con violaciones al debido proceso

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México DF 24 de febrero, 2011.- México Unido contra la Delincuencia rechaza de manera categórica todos los actos de secuestro. Son un delito gravísimo que afecta profundamente la dignidad de las víctimas, su libertad y su vida, al tiempo que cimbra la estabilidad de sus familias y de la sociedad entera. Son actos cobardes que se ensañan contra personas indefensas, dañándolas de manera irreversible al tiempo que siembran en la sociedad miedos atávicos que pueden llegar a paralizar las acciones cívicas más valiosas como la solidaridad, el trabajo por el bien común, el respeto y la conciencia de un futuro nacional, dónde la sana convivencia social se privilegie.
Las instituciones del Estado están obligadas a actuar con rigor para evitar que estos hechos azoten a nuestras familias y están obligadas a establecer programas de prevención del delito que lleven a la erradicación de este flagelo. Igualmente deben implementar protocolos de actuación policial y ministerial que aseguren tanto el rescate de las personas secuestradas, de manera rápida y segura, incluyendo la reparación del daño por todos los medios posibles y la detención legal de los secuestradores y sus cómplices a quienes tienen la responsabilidad de sancionar, con todo el peso de la Ley, pero con estricto respeto al debido proceso.
Tienen también, la responsabilidad de garantizar a las víctimas la reparación del daño de conformidad con los estándares internacionales que hemos suscrito en materia de derechos humanos, lo que incluye la rehabilitación tanto física como mental, la reinserción social, la garantía de no repetición del acto y el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido.
Sin embargo, todo lo anterior depende de que la actuación de las policías, ministerios públicos y jueces se realice con estricto apego a la Constitución y a las Ley aplicables. En ese contexto MUCD ve con mucha preocupación cómo frecuentemente en la actualidad, los mecanismos que se están utilizando para combatir el secuestro y otros delitos tanto en el ámbito federal como en el estatal, violentan las garantías del debido proceso y en específico el debido acceso a la justicia de las víctimas, generando nuevas víctimas -ahora del abuso de poder-, fortaleciendo la impunidad y la corrupción y poniendo en entredicho nuestro Estado de Derecho. Estos mecanismos están encaminados a convencer a la sociedad de que en México tenemos una buena policía que está trabajando, en vez de estar dirigidos a llevar ante la justicia a los responsables de los delitos.
En todos los casos la verdad, real y jurídica, debe ser coincidente, sustentada por la garantía del debido proceso legal a favor de los responsables y víctimas del delito, que no es más que legalidad de la actuación de todas las autoridades que intervienen en los procesos de justicia, sólo así la sociedad percibirá y constatará que en México existe un Estado de Derecho, donde se cumple la finalidad de las leyes en favor de una sana y segura convivencia social.
Ejemplos de violaciones al debido proceso sobran en nuestro País, pero mencionamos tres de ellos, dejando claro que no juzgamos la inocencia o la culpabilidad de las personas señaladas en la comisión de los delitos por los que se les acusaron, sino que evidenciamos las violaciones al debido proceso seguido en su contra para someterlos a la justicia: 1) En el caso del atentado contra la vida de Salvador Cabañas (futbolista), la detención de Carlos Cazares (Gerente del lugar en que ocurrieron los hechos), quién fue presentado como responsable ante los medios, señalado como cómplice de José Jorge Balderas Garza, debiendo tomarse en cuenta que la versión fue desmentida un año después. Nótese la forma en que se le presentó y fue entrevistado ante tales medios de comunicación, previo a que los tribunales hubieran conocido y resuelto sobre su culpabilidad penal. El probable responsable permaneció un año en prisión antes de ser puesto en libertad. 2) El caso de Florence Cassez muestra los riesgos que corremos como sociedad y como país cuando las autoridades se apartan de los derechos humanos y violan la garantía del debido proceso. Sin pronunciarnos sobre la inocencia o culpabilidad de la Sra. Cassez o si las formas y medios utilizados por las autoridades francesas para defender a una conciudadana, son los adecuados, nos limitamos a subrayar la recreación de la detención de la acusada ante los medios de comunicación, en violación al debido proceso legal, reteniéndola privada de su libertad ilegalmente, lo que incita a la indignación contra la policía y el sistema de procuración y administración de justicia en México. Lo antes señalado provoca que a través de los medios de comunicación se dicte una sentencia de culpabilidad contra una persona, por encima del principio de inocencia establecido en nuestra Constitución y provoca que una legítima sombra de duda oscurezca la acción de los tribunales mexicanos.
3) Finalmente, el caso de las 3 mujeres otomíes acusadas de haber secuestrado en Santiago Mexquititlán, a 6 policías federales sin que existieran mayores evidencias que soportaran los dichos de los policías y cuando era más que palpable que estos contaban con una amplia superioridad sobre las indígenas otomíes, a quienes se les encarceló durante más de 3 años antes de hacerles justicia.
Sólo tres ejemplos de los mecanismos que nos preocupan. Cuando existen violaciones al debido proceso y éstas no son corregidas o repuesto el procedimiento para ajustarlo debidamente a las leyes correspondientes, cualesquiera resolución que recaiga en el asunto no puede estar apegada a derecho pues se habrán violado los derechos de las personas juzgadas.
Si tuviéramos que defender la “verdad jurídica mexicana” ante tribunales internacionales, estos, con toda razón dirían que habiendo sido violado el debido proceso, todo lo actuado con posterioridad no puede estar apegado a derecho y se afectarían así, los derechos de las víctimas de secuestro -o de cualquier delito- a la justicia y a la reparación del daño, que los acusados han sido convertidos en victimas del poder y que, por las violaciones al debido proceso, no puede determinarse si fueron o no responsables de los delitos que se les acusan, como ya lo señalamos con anterioridad. Los ejemplos antes citados fortalecen la desconfianza ciudadana hacia las policías y hacia los jueces, magistrados y ministros y profundizan las raíces de la percepción ciudadana de que México no es un País en el prevalezca el Estado de Derecho.
Hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que rechacemos las actuaciones policiales, ministeriales y judiciales que violen nuestra Constitución, sin importar pretexto alguno. Exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la revisión de todo vicio de procedimiento que determinen ocurrió en cualquier caso que exista en los tribunales del fuero común y del fuero federal y determinen su inconstitucionalidad. Al Presidente de la República exigimos que se ordene una investigación imparcial para sancionar a las autoridades responsables de las violaciones al Debido Proceso en los casos expuestos así como en cualquier otro similar.
MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA rechaza, sin excepción, cualquier actuación policial, ministerial o judicial que atente contra la garantía constitucional y humanitaria del debido proceso legal. Reiteramos nuestra exigencia para que los operadores del sistema de justicia penal, y específicamente los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, los Legisladores federales y estatales, y las Comisiones de Derechos Humanos, actúen como verdaderos garantes de la legalidad, promoviendo el dictado de leyes eficaces, vigilando su estricto cumplimiento y la revisión y sanción de todo acto que atente o viole garantías individuales o humanitarias, como en los casos aquí expuestos y en cualesquiera otros similares.
Atentamente
Eduardo Gallo y TelloP R E S I D E N T E
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