La junta gobernante de Myanmar declaró la ley marcial en una amplia zona de la ciudad más grande del país, mientras las fuerzas de seguridad mataron a decenas de manifestantes durante el fin de semana en una represión cada vez más letal contra la resistencia al golpe militar del mes pasado.
Naciones Unidas dijo que al menos 138 manifestantes pacíficos han muerto en Myanmar desde el golpe militar del 1 de febrero, incluidos al menos 56 muertos durante el fin de semana.
Los acontecimientos fueron el último revés para las esperanzas de resolver la crisis que comenzó con la toma del poder por parte de los militares que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Ha surgido un movimiento de base en todo el país para desafiar la toma del poder con protestas casi diarias que el ejército ha tratado de aplastar con una violencia cada vez más letal.
La emisora estatal MRTV dijo el lunes que los municipios de Yangon de North Dagon, South Dagon, Dagon Seikkan y North Okkalapa han sido sometidos a la ley marcial. Eso fue, además de otros dos, Hlaing Thar Yar y la vecina Shwepyitha, anunciados el domingo por la noche.
La represión se recrudece en todo el territorio
El lunes se informó sobre más violencia en todo el país, con al menos ocho manifestantes en cuatro ciudades o pueblos asesinados, según la emisora independiente y servicio de noticias Democratic Voice of Burma.
Las fotos y videos publicados en las redes sociales mostraban largas caravanas de camiones entrando en Yangon.
Al menos 38 personas murieron el domingo, la mayoría en el área de Hlaing Thar Yar en Yangon, y 18 murieron el sábado, dijo el portavoz de la ONU Stephane Dujarric. El total incluye mujeres y niños, según cifras de la oficina de derechos humanos de la ONU.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condena enérgicamente esta “violencia en curso contra manifestantes pacíficos y la contínua violación de los derechos humanos fundamentales del pueblo de Myanmar”, dijo Dujarric.
El jefe de la ONU renueva su llamado a la comunidad internacional, incluidos los países de la región, a “unirse en solidaridad con el pueblo de Myanmar y sus aspiraciones democráticas”, dijo el portavoz.
Durante la mañana del lunes, la Enviada Especial de la ONU para Myanmar, Christine Schraner Burgener, condenó el “contínuo derramamiento de sangre”, que ha frustrado los llamamientos del Consejo de Seguridad y otras partes a la moderación y el diálogo.
“La brutalidad en curso, incluso contra el personal médico y la destrucción de la infraestructura pública, socava gravemente cualquier perspectiva de paz y estabilidad”, dijo.
La censura agudiza las violación de DDHH
Para complicar los esfuerzos para organizar nuevas protestas, así como la cobertura mediática de la crisis, se cortó el servicio de internet de telefonía celular, aunque el acceso todavía está disponible a través de conexiones fijas de banda ancha.
El servicio de datos móviles se había utilizado para transmitir la cobertura de video en vivo de las protestas, que a menudo mostraba a las fuerzas de seguridad atacando a los manifestantes. Anteriormente se había apagado solo desde la 1 a.m. hasta las 9 a.m. durante varias semanas, sin explicación oficial.
El bloqueo del servicio de Internet obligó a posponer una audiencia judicial en la capital, Natpyitaw, para el líder detenido de Myanmar, Suu Kyi, que se suponía que participaría a través de una videoconferencia, dijo su abogado Khin Maung Zaw. Suu Kyi y el presidente Win Myint fueron detenidos durante el golpe y han sido acusados de varios delitos que sus partidarios creen que tienen motivaciones políticas para mantenerlos encerrados.
Desde la toma de posesión, Myanmar ha estado bajo un estado de emergencia a nivel nacional, con líderes militares a cargo de todo el gobierno. Pero el anuncio del domingo fue el primer uso de la ley marcial desde el golpe y sugirió un manejo más directo de la seguridad por parte de los militares en lugar de la policía.
Golpistas creen que ley marcial es necesaria para restaurar la nación
El anuncio del domingo dijo que la junta, formalmente llamada Consejo Administrativo Estatal, actuó para mejorar la seguridad y restaurar la ley y el orden, y que al comandante regional de Yangon se le han confiado poderes administrativos, judiciales y militares en el área bajo su mando. Las órdenes cubren seis de los 33 municipios de Yangon, todos los cuales sufrieron una gran violencia en los últimos días.
34 de las muertes del domingo se produjeron en Yangon. Al menos 22 ocurrieron en el municipio de Hlaing Thar Yar, una zona industrial con muchas fábricas que abastecen a la industria de la confección, una de las principales fuentes de ingresos de exportación de Myanmar. Varias de las fábricas, muchas de las cuales son de propiedad china, fueron incendiadas el domingo por perpetradores desconocidos.
El incendio le valió a los manifestantes una reprimenda de la embajada china, que a su vez recibió un gran desprecio en las redes sociales por expresar su preocupación por las fábricas, pero sin mencionar las decenas de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad de Myanmar.
Se reportaron otras cuatro muertes en las ciudades de Bago, Mandalay y Hpakant, según la AAPP y los medios locales.
Oposición refuerza su autodefensa a medida que se agrava el ataque
En la última semana, los manifestantes en respuesta al aumento de la violencia policial han comenzado a adoptar un enfoque más agresivo de autodefensa, quemando neumáticos en las barricadas y retrocediendo cuando pueden contra los ataques.
Un comunicado emitido el domingo por el Comité que Representa a Pyihtaungsu Hluttaw, los miembros electos del Parlamento a quienes no se les permitió tomar sus escaños, anunció que el público en general tiene el derecho legal de autodefensa contra las fuerzas de seguridad de la junta.
El grupo, que opera clandestinamente dentro del país y con representantes en el extranjero, se ha establecido como un gobierno en la sombra que afirma ser el único órgano representativo legítimo de los ciudadanos de Myanmar, y el mismo ha sido declarado traidor por la junta.
Un pequeño respiro de la última violencia se produjo antes del amanecer del lunes, cuando varias decenas de manifestantes antigolpistas en el sur de Myanmar realizaron vigilias a la luz de las velas pidiendo el fin del gobierno militar y el regreso a la democracia.
En la aldea de Kyae Nupyin, en el municipio de Launglone, los aldeanos leyeron textos budistas y rezaron por la seguridad de todos aquellos que arriesgaban sus vidas ante la respuesta cada vez más letal de las fuerzas de seguridad.
El área alrededor de la pequeña ciudad de Dawei se ha convertido en un foco de resistencia a la toma del poder por parte de los militares. En las carreteras rurales cercanas, un largo convoy de motociclistas llevó el mensaje de protesta a través de las aldeas.
En la propia Dawei, los manifestantes construyeron barricadas con rocas para obstaculizar a la policía en las carreteras principales. Hubo marchas, tanto por la mañana como por la tarde, para tratar de mantener el impulso de semanas de resistencia a la toma de posesión.
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