Las familias de las víctimas venezolanas, a través de los abogados Carlos Vecchio y Juan Carlos Gutiérrez, solicitaron hoy 10 de noviembre, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya que se inicie una investigación preliminar por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y altos funcionarios del gobierno venezolano desde febrero de 2014.
La solicitud fue acompañada con una lista confidencial que incluye a los altos funcionarios involucrados en la comisión de los crímenes, así como los elementos que confirman y sustentan las acusaciones. “Entre esos funcionarios hay gobernadores, ministros, jueces, fiscales y militares en activo” explicaron los abogados.
Los crímenes de que se acusan a los funcionarios del gobierno de Maduro son: (i) Asesinato, de al menos 33 civiles (ii) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física de 4,300 personas , (iii) Tortura de 437 personas, (iv) Persecución de un grupo político y (v) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o que atenten contra la integridad física o la salud mental o física, incluyendo a 878 civiles heridos.
La acusación argumenta que “El Presidente Maduro conjuntamente con integrantes de su entorno más cercano, diseñó un plan para amedrentar, confrontar, y castigar a la disidencia, y además organizó y participó en la aplicación de dicho plan que generó la comisión de crímenes de lesa humanidad contra la población civil“.
La denuncia expone que los funcionarios “desplegaron a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos paramilitares pro gubernamentales” para cumplir estos crímenes y que cuentan con el apoyo del poder judicial. “El gobierno de Venezuela ha venido implementado una política de persecución judicial contra todo aquel que sea percibido como “fascista”, amenazándolos con ser procesados penalmente, paralizando procesos judiciales en curso, y deteniendo arbitrariamente a disidentes”.
Los abogados han pedido a la fiscal de la Corte Internacional Fatou Bensuda que evalúe con caracter urgente este caso pues el presidente Maduro ha efectuado amenazas ante la eventualidad de que el chavismo resulte derrotado en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. “Lo anterior ha generado el temor de que se perpetre una nueva ola de crímenes de lesa humanidad” afirman los abogados.
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