Si después de la presión que los dos grandes partidos han ejercido sobre el Tribunal Constitucional, en el caso de la legalización de Sortu, han ganado la batalla por 9 a 7, sin duda me hace pensar de que ha ganado la política sobre la justicia.
De hecho el fundamento del voto particular que han emitido los siete jueces que votaron a favor de la legalización de Sortu, es muy claro y propio de primero de derecho. Dice así:
“…sólo cabe ilegalizar a un partido sobre la base de sus actividades o conductas y, por tanto, solamente cuando estas se hayan producido, de tal suerte que no cabe la ilegalización preventiva”.
Ilegalizar de forma preventiva es cargarse la presunción de inocencia y basar la sentencia en pretendidas actuaciones.
En fin, otra sentencia política que no se sostiene sobre bases jurídicas. La pregunta que surge ahora es: ¿Qué pasará si las personas que integran Sortu, se presentan en coalición, con Eusko Alkartasuna, como está previsto? ¿Se atreverán a ilegalizar también a esta coalición?
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