No es el gasto, son los ingresos.

A la hora de abordar la crisis de la deuda soberana española siempre se está hablando de la necesidad de reducir el déficit y el gasto del Estado, pero no se ha hecho (o por lo menos no ha transcendido) un análisis sobre el arcaico sistema impositivo y recaudatorio español que hace que unos ciudadanos estén sobrecargados de impuestos y otros estén infrafiscalizados. Por lo tanto, si estaba claro que hacienda lo éramos unos más que otros, la OCDE ha puesto el dedo en la yaga al apuntar que el sistema recaudatorio español está obsoleto, basado en criterios de la era franquista, inspirados en la II República que, a su vez, rescató de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Y en España el capital paga el tipo más bajo de la OCDE. Comparativamente es difícil argumentar que el problema del Estado sea su deuda pública. En España representa el 55% del PIB que es un 20% menos que la media de la zona Euro. Así mismo las cifras del déficit no hacen sino mejorar, incluso han mejorado las cifras del gobierno y han bajado de un 11% hasta un 5'8% en año y medio, siendo mejores que otros países que no han sido penalizados por los mercados, como el Reino Unido con un 13% de déficit público. La vulnerabilidad de la deuda soberana española en los mercados mora en la deuda combinada entre el sector público y privado que asciende a un 170% del PIB. Y aquí se encuentra el meollo de la cuestión, ya que el Estado es el garante público de una deuda masiva privada creada por la burbuja inmobiliaria. Por tanto, el gobierno y sus medidas están haciendo pagar la crisis a quien menos responsabilidad tienen de haberla causado. La intranquilidad de los mercados se debe a la descomunal deuda privada, pero las medidas del gobierno no afectan a los sectores que se han beneficiado de esta situación. En vez de ello la propuesta es un durísimo plan de ajuste presupuestario.Pero, la delgadez de la economía española no se arregla dejando de comer, es decir, las restricciones presupuestarias pueden poner en peligro la recuperación económica al reducir el poder adquisitivo de los ciudadano aún más. Por lo que han de tomarse reformas que refuercen la capacidad fiscal del Estado para conseguir los objetivos presupuestarios, pero repartiendo los costes de manera más justa.Los países que han sido capaces de combinar crecimiento e igualdad, como los escandinavos, recaudan de un 7 a un 9% del PIB más que España, aunque la distribución de la carga fiscal grave al trabajo y al consumo más que al capital, preservando los necesarios niveles de inversión. Así, según la OCDE, Suecia recauda un 58% del PIB en las rentas del trabajo y del consumo, mientras que la tasa media sobre las rentas del capital es del 32%. Mientras que en España se recauda un 37% en las rentas del trabajo y del consumo y un sabrosamente escaso 17% en las rentas sobre el capital. El valor más bajo de la OCDE. Si a esto le unimos que los niveles del fraude fiscal se sitúan en España entre el 4-8% del PIB entendemos que el Estado tenga que financiarse recurriendo al déficit. El sistema fiscal español incurre en una forma perversa de redistribución, haciendo que el peso de la recaudación caiga sobre los que tributan a través de retenciones ex ante como pensionistas, asalariados o funcionarios, antes que aquellos que tributan ex post como los autónomos, profesionales, empresarios y a las empresas. Por tanto, lo que el Estado deja de percibir por el enorme fraude fiscal y las ridículas rentas sobre el capital agravan la carga fiscal sobre las rentas del trabajo y el consumo. Por encima, las medidas anticrisis del gobierno tiran aún más del dinero del contribuyente ex ante para subvencionar a sectores que ya de por si pagan pocos impuestos y, por si fuera poco, se reduce el déficit apoyándose en las reducciones salariales a funcionarios, pensionistas y subidas de impuestos a los asalariados. Ninguna de las muchas reformas que se están llevando a cabo para salir de la crisis es viable sin capacidad fiscal ni la legitimidad política que emerge de un sistema recaudatorio justo. Una reforma fiscal de esta magnitud no se puede producir de golpe, pero la crisis es una oportunidad para realizar reformas sustanciales. Es hora de considerar una tasa sobre las rentas del capital más alta y acorde con el modelo europeo. Incrementar los impuestos sobre los beneficios de la banca, una subida de impuestos a las rentas alta y combatir de manera eficaz y dura el fraude fiscal. No se estarían llevando a cabo medidas bolcheviques, ya que irían en la misma dirección que las tomadas por dirigentes de centro-derecha como David Cameron o Nicolás Sarkozy. Como decía el ex jefe del gabinete de Obama, Rahm Emanuel, no se debe desperdiciar nunca una crisis seria.