Revista Economía

No hay nada a hacer.

Publicado el 09 agosto 2019 por Torrens

Cuando Pedro Sánchez decidió conocer la opinión de organizaciones sociales, más allá de los partidos, dentro del proceso que lleva a cabo de investidura por la vía del milagro, Jordi Cuixart le mandó una carta desde la prisión de Lledoners solicitándole ser uno de los consultados.

A pesar que Omnium Cultural, de la que Jordi Cuixart es presidente, es la mayor asociación privada de España, tanto el propio Sánchez como la portavoz Isabel Celaá no solo le negaron la reunión, sino que sin emplear literalmente estos términos le dijeron algo así como “¿Pero que se ha creído ese tipo?”.

A la forma insultante en que le contestaron Pedro Sánchez añadió una inmensa barbaridad, le dijo a Cuixart “El derecho a la Autodeterminación no existe”. Es realmente preocupante que un tipo capaz de soltar tal burrada sea presidente del gobierno.

Las Naciones Unidas proclamaron en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incluye el derecho a la autodeterminación en un texto que deja muy claro que no se limita a territorios coloniales sino a los Pueblos del mundo. Se trata de lo que se denomina una norma imperativa, que debe ser ratificada por todos los países miembros de la ONU, y un señor que se llama Juan Carlos I lo ratificó en nombre del Estado español el 27 de Julio de 1977. La animalada empeora si se tiene en cuenta que la Constitución española la admite de manera explícita en el artículo 10.2.:

«2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce que se interpretarán de conformidad con la ‘Declaración Universal de Derechos Humanos’ y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España». Lo que de paso demuestra que los muchos que dicen que la Constitución española prohíbe la autodeterminación mienten como bellacos.

Lo peor del caso es que se trata de una demostración más de que en la política española no hay nadie, ni uno solo, que tenga el más mínimo interés en solucionar el problema de Catalunya desde que Rajoy y el PP destruyeron el Estatut que lo podía haber solucionado de manera definitiva.


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