No se trata del ‘pacte fiscal’ catalán sino de la determinación del cupo

Tras las elecciones generales del 20N, el presidente de la Generalitat planteará al nuevo inquilino de la Moncloa su reivindicación principal de esta legislatura: que Catalunya obtenga un nuevo sistema que regule las relaciones financieras con el Estado, un pacto fiscal bilateral similar al de Navarra o el País Vasco.
La intención de CiU es conseguir los instrumentos jurídicos para desarrollar una política fiscal autónoma con potestad normativa y autonomía de gestión respecto de la actividad desarrollada en este campo por el gobierno central. Sin embargo, esta intención contrasta con la tendencia general en un contexto donde el proceso de cesión de soberanía fiscal se desarrolla más hacia instancias superiores (UE) que inferiores (CCAA).
Entre los temas de discusión encontramos las competencias normativas y de recaudación de los impuestos, su gestión y liquidación y los recargos y exacciones que pudieran introducirse. También cuáles serían las competencias exclusivas que pudiera reservarse el gobierno central como, por ejemplo, las rentas de aduanas, los monopolios fiscales, la imposición sobre el alcohol, las rentas de no residentes o el régimen tributario de algunas sociedades.
Pero donde realmente se prevé que se establezcan más escollos es en la regulación del cupo, la parte esencial del acuerdo. Consiste en una aportación anual al Estado como contribución a las cargas comunes no transferidas. ¿Cómo se determina la cuantía sobre lo que debería acabar pagando Cataluña? ¿Según lo que Hacienda recaudaría por el régimen común? ¿Contabilizándolo en función del peso en la renta que tuviera Cataluña en el conjunto del Estado cada año? ¿En función de los gastos que el gobierno central continúa teniendo en Cataluña?
Difícil de definir exactamente en cada momento ya que, aparte de los servicios directos que se ofrecen en Cataluña, existen otros como el ejército, la casa real, puertos y aeropuertos, asuntos exteriores, redes viarias y ferroviarias, etc. que teóricamente benefician a todos los ciudadanos de un Estado y que su mantenimiento debe ser sufragado por todos ellos proporcionalmente. Además hay que tener en cuenta que se demandaría también una cantidad adicional para el Fondo de Compensación Interterritorial.
Inicialmente la concreción del cupo se reduce a una fórmula base que establece la cuantía a pagar. En el caso del País Vasco se estableció en el 6,24% y del 1,6% para la Navarra. Fue el porcentaje que se estimó tenía esas economías en el conjunto de la actividad de España. Este cupo base se actualiza mediante un índice. La cantidad resultante se ajusta con otros factores como son los flujos de IVA, intereses del déficit, etc.
Como consecuencia de esa específica determinación del cupo los territorios forales han podido disfrutar de una financiación por habitante superior a la de las CCAA  del régimen común. Ello ha sido posible gracias a que el concierto ha permitido que las dos comunidades hayan aportado cantidades reducidas en concepto de redistribución regional hacia las comunidades más pobres.
A diferencia de los territorios forales, la economía catalana supone casi una quinta parte del total español (18,5%). Si el cálculo del cupo no se realiza adecuadamente se podría producir una minoración de los ingresos estatales tal como pasa actualmente en el caso de la contribución de las haciendas forales que es muy inferior a la que debería ser realmente.
CiU pretende establecerla en torno a un 4% del déficit siguiendo el modelo alemán de determinación de la aportación de los landers al Estado pero incluso en Alemania esta fórmula está en entredicho por algunos de ellos hasta el punto que ha sido recurrida.
Si la metodología de determinación de cupo no se establece muy cuidadosamente es muy probable, como ya ha sucedido, que se generen injusticias para alguna de las partes y, por tanto no sea la solución definitiva que argumentan desde instancias políticas catalanas. Los agraviados reclamarían su posterior revisión… Y vuelta a empezar.