No te aburras en la selva colombiana, bombardea un poblado indígena

Varios indígenas heridos de gravedad y un bebé indígena recién nacido muerto. Es el balance del bombardeo a la comunidad indígena de Alto Guayabal del Resguardo Uradá Jiguamiandó, en los límites entre Antioquía y Chocó, en Colombia, llevado a cabo por la brigada del 17 Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana el pasado 30 de enero a las tres y media de la madrugada. La intención del ataque no es otra que desplazar a la comunidad indígena y negra para así dar vía libre al proyecto minero Mandé Norte, un plan avasallador, depredador y arbitrario que amenaza las selvas del Chocó, entre Carmen del Darién, Chocó y Murindó, en Antioquía. La avaricia la ha despertado la casi completa seguridad de la existencia de grandes depósitos de oro, cobre y molibdeno. El gobierno de Uribe ha otorgado a las multinacionales Muriel Mining Co, Anglo Gold Ashanti y Glencore cuantas concesiones han exigido y las han facultado para que hagan y deshagan a su antojo en un territorio que abarca dieciséis mil hectáreas. Poco le ha importado que dichos territorios colectivos sean propiedad desde tiempos ancestrales de las comunidades negras de Jiguamiandó y de los resguardos indígenas de Uradá-Jiguamiandó y Murindó, del pueblo Embera-Katío. Estas comunidades se oponen al desarrollo de dicho proyecto, por lo que el gobierno colombiano ordenó la militarización de sus territorios y el bombardeo y quema de sus tambos (viviendas indígenas). Además, la brigada 15 del Ejercito Nacional Colombiano invadió el resguardo indígena de Uradá en la Zona de la Rica, acabando con las siembras de pan coger y frutales para construir helipuertos que son utilizados por la empresa concesionaria para transporte de sus empleados. También talaron tres hectáreas de bosque con la empresa Muriel Mining Co y destrozaron un cementerio sagrado donde sólo pueden entrar los médicos jaibanas. Este conflicto se viene arrastrando desde mayo de 2000, cuando a causa de los operativos desplegados en la zona desaparecieron Reguina Rubiano Bariquin, de 65 años, Pablo Emilio Domico, de 45 años, y Blancaina Domico, de 16 años, todos ellos miembros de la comunidad de alto guayabal. En el mismo operativo quemaron ocho tambos indígenas, robaron plátano, víveres, utensilios sagrados y animales de cría. El 22 de junio de 2007 fue bombardeada la comunidad indígena de Isla en el resguardo del río Murindó y el 8 de febrero de 2008 fue bombardeado de madrugada el cementerio de las comunidades indígenas de Isla y Coredó. En la Rica, la empresa y los militares construyeron campamentos en los que permanecen asentados y donde instalaron dispositivos de seguridad e impidieron a los indígenas dueños del territorio transitar por él. Los militares prestan seguridad a la empresa concesionaria y no dudan un ápice en pisotear los derechos ancestrales de los indígenas y negros colombianos, poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de dichas comunidades. Si quieres prestar apoyo a los Embera-Katío, puedes visitar su página web y firmar un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que cese la militarización de su territorio y se evite el desplazamiento forzado. Vía | kaosenlared