El gobierno de Australia ha decidido que a partir de enero de 2016 las familias que no vacunen a sus hijos no recibirán asistencia social del estado en los diferentes programas que el país dispone.
Texto en inglés
The Australian government has announced that parents who have not vaccinated their children will not receive welfare or childcare benefits from January 2016.
On Sunday, Prime Minister Tony Abbott and Social Service Minister Scott Morrison announced the “no jab, no pay” policy. The strong stance against those known as “anti-vaxxers” will see Aussie parents potentially lose thousands of dollars in government assistance.
“Parents who vaccinate their children should have confidence that they can take their children to child care without the fear that their children will be at risk of contracting a serious or potentially life-threatening illness because of the conscientious objections of others,” Morrison’s office said in a press release.
Es una decisión drástica y que puede despertar discrepancias múltiples. La más elemental es que sólo los “ricos” que no dependan de ayudas sociales podrán permitirse el discutible lujo de objetar las vacunaciones. Pero pone de manifiesto lo en serio que se toma una democracia acreditada como la australiana el tema de las vacunas. La frase final de la nota del primer ministro australiano dice: “La elección que hacen las familias de no vacunar a sus hijos no tiene el apoyo de la políticas públicas ni la investigación médica, por lo que no debe tener el apoyo de los contribuyentes en forma de pagos por asistencia infantil.”
En este país hemos sido más tolerantes, quizá excesivamente. Los que ya hemos vivido otras épocas recordamos que las vacunaciones en la época de la dictadura eran obligatorias, por ejemplo para acceder a la enseñanza, ingresar en una escuela o instituto. Como tantas otras cosas durante la autocracia resultó ser más un requerimiento burocrático que asistencial: lo que hacía falta era el papel, el certificado. Luego el acceso a las vacunas era menos fácil, aunque existiesen programas de vacunación escolar. Pero amplios sectores de la población infantil no se vacunaban, no por objeción sino por desidia, desinformación e incultura. Y la falta de provisión por parte del estado.
Deseamos que aquí y ahora encontremos el suficiente sentido común para no privar a ningún niño de su derecho a protegerse de las enfermedades prevenibles mediante vacunas.
X. Allué (Editor)