La Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en mayo, entra en vigor ahora. Se configuró para reequilibrar el modelo económico español, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la I+D+i.
La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (14/2011) entró en vigor recientemente. Se trata de una norma muy reclamada durante años por el sector científico español. Con ella se establece un marco general para la organización y el fomento de la investigación en España. La idea es incorporar definitivamente la innovación a las empresas, con independencia de su sector y tamaño, buscando también que las compañías de media y alta tecnología adquieran un mayor protagonismo.
Esta Ley de la Ciencia, que deroga la de 1986, contempla reformas orientadas a corregir algunas debilidades del Sistema Español de Ciencia que el anterior marco legal no logró solventar. En particular, aborda la baja contribución del sector privado a la financiación y ejecución de actividades de I+D+i, incentivando el patrocinio y mecenazgo, así como la inversión del sector privado en ciencia, tecnología e innovación.
Una de las principales novedades es el nuevo marco laboral de los investigadores o científicos. La Ley establece una carrera investigadora con modalidades de contrato específicas. De entrada, se crea un primer contrato predoctoral que permite eliminar la precariedad de los becarios y que será prorrogable por periodos anuales. Superada esta fase, podrán acceder a un segundo contrato de acceso, cuyo objetivo será la consolidación de los investigadores dentro del sistema de Ciencia, y también un contrato de investigador distinguido, para que se pueda atraer talento de otras instituciones. La flexibilidad en la movilidad de estos trabajadores entre entidades públicas y el sector privado es uno de los grandes logros de la norma.
La regulación prevé la existencia de dos agencias de financiación de la Administración General del Estado: la Agencia Estatal de Investigación, de nueva creación, y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, orientado al fomento de la innovación. En este sentido, se establece que los agentes de financiación del Sistema Español de Ciencia deban promover medidas para el fomento del sector como, por ejemplo, el establecimiento de mecanismos para la colaboración público-privada en proyectos estables de investigación científica, desarrollo e innovación o el fomento de la generación de nuevas empresas de base tecnológica y científica.
Asimismo, tienen la misión de fomentar la inversión en actividades de investigación, desarrollo e innovación y estimular la cooperación entre las empresas y entre éstas y los organismos de investigación. Lo harán mediante fórmulas jurídicas de cooperación tales como las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas en las que los colaboradores comparten inversión, ejecución de proyectos o explotación de los resultados de la investigación, beneficiándose de incentivos fiscales.
La ley dio un año de plazo para la aprobación del estatuto de la Agencia Estatal de Investigación, cuyo borrador se entregó a los grupos parlamentarios en vísperas de la disolución de las Cortes, por lo que en opinión de José Fernández-Rañada, socio de Garrigues, “habrá que seguir con interés el tratamiento que la Agencia reciba de los Presupuestos Generales del Estado”.
Respecto a la repercusión de la nueva regulación, Fernández-Rañada, que valora muy positivamente el texto, ve “más complicado” hacer predicciones en su calidad de marco general de la investigación en España. “Para ello será precisa cierta perspectiva temporal”, apunta.
Fuente: Expansión.
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