Nuestra intervención frente a la aprobación de la Ley de la Música

La Ley de la Música finalmente fue aprobada por el Congreso de la Nación. Su promulgación abre una nueva etapa para los músicos. No tanto por lo conseguido efectivamente, sino por las grandes expectativas que ha creado.
La prensa refleja distintas opiniones y, fundamentalmente, declaraciones de los dirigentes de la Federación Argentina de Músicos (Fami), Unión de Músicos Independientes (UMI), autores intelectuales de la misma, quienes alimentan estas ilusiones: “La ley se ha obtenido producto de asambleas y movilizaciones en todo el país. Músicos en asambleas, debatiendo, consensuando, todo ese proceso es tanto o más atractivo que este punto de inflexión”, declaró Diego Boris. “Permitirá el incentivo a organizar a todos los actores de la actividad musical (músicos, productores; espacios culturales comunitarios, estatales y privados; empresas discográficas y productoras de música en vivo)”, Página/12. “La importancia del instituto es que el Estado tome a la música como arte y tenga fomento como otras artes. Queremos que más músicos de todo el país se unan al sueño de generar música y vivir de ello”, dijo Cristian Aldana. “Con ella, se puede empezar a transformar la lógica del mercado, que tiene que ver con la comercialización, el lucro y la competencia. Esta ley va a poner en hechos la teoría de que el arte le puede discutir al mercado la lógica de producción, distribución y difusión de música”, enfatizó Diego Boris.
Estas declaraciones chocan con la realidad que proclama una Ley que no “rompe la lógica del mercado”, sino que crea un instituto (Inamu) que provee de subsidios a la actividad musical, en una proporción no aclarada, tanto a empresarios de la industria de la música como a músicos. Nada dice, ni tiene poder de acción sobre los derechos laborales o formas de contratación precaria y explotación de nuestra actividad por los mismos empresarios que están en condiciones de recibir los subsidios.
Al contemplar tanto a empresarios como a músicos como beneficiarios, el concepto implícito es que “si le va bien a la industria, nos irá mejor a los músicos”. Pero la realidad es que las condiciones laborales empeoran, mientras los empresarios gozan de cuantiosas ganancias y florecen nuevos negocios en este sector: masivos recitales en vivo, digitalización o transmisión en vivo (streaming), junto a nuevas formas de contratación (360) que degradan nuestras condiciones de trabajo. Lo que no ha cambiado son las condiciones aberrantes del músico, a merced de una industria capitalista que pone el lucro como fin de la actividad por encima de la creación artística.
Los subsidios obtenidos para los músicos, ¡y bienvenidos sean! no podrán cambiar esta realidad (son sólo el 2% del presupuesto previsto para la ley de medios).
Sin embargo, para cualquier organización que quiera intervenir para transformar la realidad que aqueja a los músicos -aún delimitándose y marcando lo acotado de la ley- sería necio ignorar la conmoción que ha causado y tomar sólo una postura crítica. La tarea del día es intervenir de manera concreta, marcando un terreno común de acción por la defensa de nuestros derechos.
El mismo Diego Boris da cuenta de las tareas a tomar por cuestiones no contempladas en esta ley: “La parte dos es la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de los músicos, con un estatuto inclusivo para los independientes y aquéllos en relación de dependencia”.
El debate, asambleas, movilizaciones y surgimiento de organizaciones de los últimos años marcan que, en realidad, estamos ante un fenómeno más general de constantes expresiones de rebelión y organización de los músicos, frente a la transformación de la industria capitalista de la música, la cual ha quebrado la más elemental posibilidad de subsistencia de los músicos: tanto la falta de lugares para tocar como el avasallamiento a los más elementales derechos laborales. Los mismos senadores y diputados que han votado esta ley han sido partícipes de esta política -desde el Estado nacional, gobiernos municipales y provinciales. El apoyo a la gestión de Martín Sabbattella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), y a la ley de medios da pie al intento de cooptación del movimiento de los músicos, que el gobierno impulsa.
Todos los caminos conducen a una conclusión: el arma fundamental para intervenir es el fortalecimiento de una organización independiente del Estado y empresarios, que unifique en un programa nuestro accionar.
Es la hora más que nunca de fortalecer el Frente Unico de las organizaciones que aspiran a defender los derechos de los músicos, detrás de un programa concreto de acción que contemple los derechos más apremiantes de los músicos.
Adriana de los Santos
y Ricardo Goldín
(Frente de Artistas)