La sagrada familia es un documental en cuatro capítulos, codirigido por David Trueba y Jordi Ferrerons, que se emite en HBO Max. Transcurre en torno a los 23 años en que Jordi Pujol permaneció al frente de la Generalitat, desembocando en el gran escándalo que produjo que este reconociera que poseía una enorme fortuna en el paraíso fiscal de Andorra. La participación de su esposa, Marta Ferrusola, y su prole de hijos, hasta siete, en todo el entramado, permitiría rodar una cuarta parte de El Padrino.
Viendo este magnífico trabajo, en el que se da voz a un amplio elenco de personalidades, entre ellas los expresidentes González y Aznar, uno repara en una cierta similitud entre lo que el pujolismo supuso para Cataluña, desde 1980 hasta 2003, con lo que la presencia de un mismo partido en el poder, desde 1996 hasta hoy, ha supuesto para la Región de Murcia. El carácter patrimonialista del Gobierno queda patente en lo que expresaba en 2004 la mujer del protagonista, cuando Convergència i Unió fue desalojada de la Generalitat para dar paso al tripartito (PSC, Esquerra e Iniciativa): “Nos lo robaron. Es como cuando entras en casa y te han reventado los armarios”.
Esa curiosa manera de expresarse sobre la forma en que se produce el relevo democrático en un Ejecutivo evidencia el talante de muchas personas respecto a lo que consideran que es de su estricta propiedad. Similares expresiones se escucharon y leyeron en la Región de Murcia cuando en marzo de 2021 se presentó una moción de censura en la Asamblea Regional contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, del PP, por parte del PSOE y Ciudadanos. Altos cargos populares, así como otros cualificados militantes y simpatizantes, inundaron las redes sociales con epítetos que podrían resultar sinónimos al utilizado por Marta Ferrusola hace casi 20 años: robo.
Es evidente que cuando un partido permanece décadas en el poder tiende a consolidar con sus tentáculos una tupida red clientelar, a modo de telaraña, de la que resulta muy complicado desprenderse. El miércoles en que se conoció la presentación de la moción de censura en la Región de Murcia, el exdirigente del PP, Juan Ramón Calero, participaba en una tertulia en la emisora regional de Cadena SER junto a la expresidenta de la Asamblea Regional, la socialista Rosa Peñalver. Al ser preguntado por las posibilidades que esta iniciativa tendría de prosperar, el que fuera abogado del Estado fue tajante, aventurando un posible tamayazo: “No dudo de que los teléfonos deben echar humo ahora mismo en el Gobierno y en el PP, manejando listas con la intención de comprar o alquilar a gente, tras 26 años en el poder y tanto personal colocado como medio de vida en la Administración pública”. La propia Rosa Peñalver se sorprendió al escuchar lo expresado por su contertulio. Pero Calero no se equivocó ni un ápice y la moción de censura fracasó por el voto negativo de los diputados tránsfugas de Ciudadanos.
Es casi imposible que lo ocurrido en Cataluña en noviembre de 2003 -un pacto entre la izquierda para gobernar tras 23 años de pujolismo- pueda producirse en la Región de Murcia en mayo de 2023. Las encuestas pronostican, cada vez más, un triunfo del PP que, de no alcanzar la mayoría absoluta fijada en 23 escaños, sellaría con el apoyo, si ello fuera preciso, de la bancada de Vox. Mientras, la izquierda continúa en caída libre. Los unos, con sus reiterados bandazos y desvaríos; y los otros, incapaces de entenderse para sumar y no dividir a un electorado hastiado por su reiterada incompetencia. De manera que aquí, en la comunidad murciana, todo parece indicar que seguiremos venerando en el altar mayor de la política, otros cuatro años más -y ya se contabilizarán un total de 32-, a nuestras particulares sagradas familias.
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