El Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid ha dictaminado que la huelga del Metro del pasado mes de junio fue ilegal. La causa: el incumplimiento de los servicios mínimos.
Los servicios mínimos que puso la Comunidad de Madrid, fueron absolutamente abusivos. Fueron denunciados por los trabajadores, y esa fue la causa de que se los saltaran.
Esta Comunidad Autónoma tiene varios precedentes por los que nombra exagerados servicios mínimos en los conflictos de los diversos colectivos y así aborta la huelga y la hace inútil. De hecho, varios colectivos presentaron denuncias por estos hechos y los jueces les dieron la razón. Pero claro, cumplieron los servicios mínimos, que eran inaceptables, y cuando los jueces les dieron la razón, el mal estaba hecho y era irreversible. Se habían cargado la huelga, y el gobierno de la Comunidad con esos servicios abusivos ganó la batalla sin pagar ningún coste.
Eso es lo que hizo que los trabajadores del Metro se saltaran esos servicios mínimos. No es posible que sea, en este caso, la empresa –que es a su vez, la autoridad legal competente-- quien ordena a su libre albedrío los servicios mínimos y que haya que cumplirlos, con la única posibilidad de denunciarlos y que al cabo de unos meses los jueces den la razón a los trabajadores.
Una huelga no puede ser torpedeada de esta manera sin que se pueda hacer nada por evitarlo. Los servicios mínimos no pueden ser promulgados por ley por el gobierno de la CAM, o sea por la empresa. Porque son juez y parte, y ya se sabe para quien reparte.
La situación que se ha generado con esta sentencia contra los trabajadores del Metro puede ser muy grave, por sus consecuencias y porque crean un precedente peligroso. De momento se va a recurrir, pero de triunfar podríamos dejar el derecho de huelga de los servicios públicos, a la altura que quiere la lideresa y muchos empresarios, en un acto simbólico. Porque, ¿de qué sirve el derecho de huelga, si la empresa puede nombrar unos servicios mínimos exagerados y hay que cumplirlos?
Otra vez la ley del embudo para los débiles. Además, de no prosperar el recurso, podría terminar con el despido de los trabajadores implicados que incumplieron dichos servicios mínimos.
Lo que ha ocurrido es una agresión a los trabajadores y a su derecho de huelga. Una más, donde los jueces también se alinean con el gobierno, los Mercados y las fuerzas vivas y poderosas para desmantelar el Estado del Bienestar. Hay que decir basta y defender nuestros derechos. De seguir por este camino, terminaremos con una regresión que nos puede llevar a las condiciones leoninas que tenían los trabajadores hace cien años. Los sindicatos tienen que jugar fuerte ante esta nueva agresión. O protestamos, nos movilizamos y cambiamos esta tendencia, o terminaremos esclavizados.Y si no, al tiempo.
Salud y República