La llamada nueva economía afecta, de forma especial, al mundo del trabajo. La actual revolución en la organización empresarial implica una verdadera modernización del proceso productivo donde al trabajador se le exige una serie de competencias que van más allá de la era formación teórica; el saber práctico se convierte en elemento imprescindible en un ámbito caracterizado por las nuevas tecnologías de la microelectrónica. Otras cualidades, como la iniciativa, la autonomía o la innovación, también se insertan dentro del nuevo marco laboral donde el trabajador se identifica plenamente con su empresa.
Es una contradicción el saber que los problemas económicos tienden a plantearse cada vez más a escala internacional pero no disponer, para solucionarlos o paliarlos, de mecanismos de regulación efectivos de carácter mundial. La principal consecuencia es que los gobiernos se encuentran maniatados frente a un contexto de relaciones económicas internacionalizadas que nos siempre le es favorable. Todo ello conduce a comprender que, dentro de esta lógica de mercado donde se produce el incumplimiento de determinadas condiciones sociales y la reducción de los niveles salariales, el gran perjudicado es el trabajador. El debilitamiento de las instituciones impide proteger a las personas trabajadoras y los derechos laborales están condicionados por la empresa en la que se trabaje. Este hecho no beneficia a las empresas no eficientes y provoca la precariedad o exclusión de los trabajadores no cualificados. Se depende de las finanzas y mercados financieros.
La lucha de clases se diluye frente a una mercantilización de los derechos sociales y a una dinámica que atenta contra los derechos básicos de la persona. Nos hallamos frente a una absurda lógica de mercado que sitúa a la economía por encima del ser humano y destruye la universalización tan pregonada de los derechos. Se habla de globalización de la economía, ¿por qué no también de una auténtica globalización de los derechos humanos? Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y a un sueldo que le permita vivir con dignidad. Una cultura justa del trabajo es elemento imprescindible para poder hablar realmente de desarrollo y avance social.