Nueva normativa de proteccion de datos de la UE

La comisaria europea, Viviane Reding, ha prometido en una cumbre que reunió a ministros de Interior y Justicia de los 27 países miembros que será firme en la protección de los datos personales aunque revisará algunas obligaciones a las que están sometidas las pequeñas y medianas empresas e incluso, el sector público.

Si por algo se caracteriza Europa es por poseer una legislación muy estricta en cuanto a la protección de datos se refiere, al menos en comparación con otros países. Regulación que en algunos casos, como las pymes o las administraciones públicas, supone un lastre imposible de sostener con la actual coyuntura de crisis.

Por ello, la comisaria Viviane Reding ha anunciado “firmeza” en la defensa y protección de estos derechos pero al mismo tiempo ha confesado que no quiere sobrecargar con demasiadas condiciones y requerimientos a las pequeñas y medianas empresas por lo que se revisará la normativa al respecto.

"Las pymes ya están exentas de algunos requisitos, como tener un experto de protección de datos. La Comisión está dispuesta a estudiar si esta exención de las pymes podría ampliarse a otras áreas y que también miraremos si podemos añadir una mayor flexibilidad a estas empresas a través de un enfoque que tenga en cuenta la cantidad y la sensibilidad de los datos procesados", explicó Reding. Eso sí, la comisaria ya ha adelantado que no caerá en la trampa de los grupos de presión para que los privilegios diseñados para las pymes acaben ayudando a las grandes empresas multinacionales.

Por otro lado, la actual normativa europea sobre protección de datos no hace ninguna distinción entre las normas para el público o el sector privado, pero la UE cree que hay espacio para una cierta flexibilidad en este terreno. De hecho, el actual proyecto de reglamento enumera 20 casos en los que las reglas están adaptadas específicamente para el sector público, por ejemplo, en el caso de un registro de tierras de titularidad pública.

La Comisión estima que la nueva normativa de protección de datos, mediante esta simplificación y flexibilización del marco legal, podría llegar a suponer un ahorro para el negocio europeo de alrededor de 2.300 millones de euros al año.