Nuevo entierro gubernamental

Según pude leer el otro día en el diario Público: "La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", un  compromiso anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, no verá  la luz en esta legislatura.
Es una más de las promesas incumplidas del gobierno de Zapatero. Creo que es muy grave el hecho y no me parece que ha sido suficientemente comentado.
Toda sociedad moderna y democrática debería tener una norma de acceso a la información pública, una norma que habilite el poder exigir transparencia a las administraciones.
En España, este derecho cívico es una utopía y así lo demuestra la organización no gubernamental Transparencia Internacional. Recientemente ha publicado su clasificación anual, que engloba a 178 estados, y en la que destaca Dinamarca por su buena gestión y transparencia de los recursos públicos. España está situada en el número 30.
Hay una relación directa entre transparencia y corrupción. Es obvio. A mayor opacidad en las cuentas públicas, más capacidad de manipulación, por tanto mayor corrupción.
Las conclusiones del Barómetro Global de la Corrupción 2010, realizado por Transparencia Internacional, muestra que seis de cada diez personas en todo el mundo afirma que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años. Una de cada cuatro informa haber pagado sobornos en el último año. Las opiniones más negativas sobre las tendencias de corrupción se observan en Europa y América del Norte.
En los países de menor corrupción y de mayor rechazo por parte de la ciudadanía existen normas de transparencia y acceso a la información pública muy avanzadas.
En España, la percepción de los ciudadanos es que el sistema es opaco y que abudan los casos de corrupción. Hay una cierta hartura de la ciudadanía y esto ha generado una desconfianza en los gestores públicos, desconfianza que es un caldo de cultivo peligroso para nuestra democracia.
La decisión del ejecutivo de "congelar" la ley de transparencia, a pesar de  haberla prometido hace más de seis años, muestra la falta de voluntad política de garantizar el acceso a la información pública, derecho por cierto que los ciudadanos deberían tener asegurado,  de acuerdo con el artículo 20 de la constitución.