Nuevo Huabal: Sin pasado, sin futuro

El viento parece que va a arrancar el techo de calamina que cubre la casa de Hilda Montenegro, teniente gobernadora de Nuevo Huabal, mientras el sol se filtra por los múltiples agujeros proyectando como rayitos, que  incitan a mirar hacia arriba para descubrir un zoquet y cables eléctricos a la espera de que algún día quizá les llegue la luz prometida hace cuatro años, cuando la población llegó a reasentarse aquí, desplazada de sus lugares de origen para dar paso a la construcción de la represa Limón, que embalsa el río Huacambamba y posibilitará que a través del túnel Trasandino lleguen las aguas de este río hacia las pampas de Olmos, el gran sueño lambayecano que, luego de 80 años, parecería estar haciéndose realidad. "Aquí no hay futuro, nos tendremos que ir," dice con los ojos brillantes un joven que parece ya no soñar futuro. Las familias fueron obligadas a salir por los funcionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones, más conocido como PEOT, testimonia la lideresa, quien afirma que si bien primero les informaron del proyecto e intentaron negociar, luego cuando los pobladores y pobladoras no aceptaban el poco monto que les proponían, empezaron con presiones para que acepten de una vez y se vayan lo más rápidamente posible, dejando sus terrenos de cultivo, que les permitían obtener dos campañas de arroz por año. Que el pueblo iba a desaparecer, les decían, que los iban a inundar si no se iban. "Amenazaban, si ustedes no van a firmar la carta notarial, nosotros los vamos a sacar, va a venir la maquinaria, va a venir la policía, porque ustedes no tienen título de propiedad," recuerda Hilda. No tenían título de propiedad, aunque habían vivido ahí varias décadas, ahí muchos habían nacido y tenido hijos e hijas, ahí estaban enterrados sus muertos, los cuales también fueron removidos, arrancadas así todas las raíces y la memoria de la vida y de sus arrozales verde amarillo cubiertos por el agua embalsada, en la cual aún puede verse las copas de algún gran árbol que se niega a desaparecer. Cuarenta y cinco familias fueron reubicadas en este lugar entre dos cerros, un lugar que tiene las huellas de la inseguridad y que mantiene en permanente zozobra a las 80 familias que ahora lo habitan, muchas de las cuales han ido llegando porque no tenían a donde más ir. Nunca van a olvidar cómo una noche de abril del 2009, luego de una intensa lluvia, el cerro se les vino encima, llenando sus casas de agua y lodo y llevándose en su furia partes de los módulos construidos. No queda muy claro cómo, en la estimación de riesgo que debió haberse realizado, no se previo que esto podría suceder y sólo una enorme suerte ha permitido que no hubiera víctimas fatales.  "Aquí, sólo existe el viento, el sol y las piedras de los cerros," me dice un poblador mirando hacia arriba donde una cabra blanca mordisquea decididamente su alimento, mientras unos niños corren por el camino pedregoso y desolado. Un Plan de Compensación y Reubicación Involuntaria es el que ha llevado finalmente a este grupo de familias a este lugar, reubicación que, según señala el PEOT, ha sido exitosa y quien diga lo contrario, como la Asociación SER que ha estado acompañando a las familias desplazadas, tendiendo puentes para que sus derechos sean respetados, es calificado por algunos funcionarios como enemigo del progreso, acusado de promover la discordia como lo menciona Jacqueline Fowks en un reportaje sobre el proyecto Olmos.(1) En la página Web del PEOT se puede leer que en aplicación del PCRI se conformó "el caserío Nuevo Huabal … donde se ha reubicado a las 45 familias en condición de alta vulnerabilidad, quienes ya cuentan con nuevas viviendas, infraestructura educativa moderna, servicios básicos, de agua de calidad, desagüe con sistemas de biodigestión, cementerio y un Plan Concertado de Desarrollo Local … Asimismo, próximamente contarán con energía eléctrica, local comunal, iglesia y se iniciarán los trabajos de defensas ribereñas." (2) En el 2009, la Asociación Ciudadanos al Día otorgó al PEOT el Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Pública 2009, por su enfoque inclusivo, por pagar un justiprecio, proporcionar oportunidades para el desarrollo de la comunidad y respetar a la población y su entorno. (3) La población, al contrario, narra una experiencia totalmente diferente. "Nos pagaron una miseria," dice Hilda, "a algunos 14 mil soles y cuando protestamos a otras familias hasta 30 mil." "Cuando llegamos, no estaban listos los servicios higiénicos, no tenían ventanas ni puertas," continúa. "No hay para que coman los animales," dice sin un ápice de resignación, ni de rabia, sino con la seguridad de que ella, su familia, su comunidad no merece eso. La Ordenanza Regional No 026-2006 del Gobierno de Lambayeque, donde se señalan las directrices para la elaboración y aplicación del Plan de Compensación y Relocalización Involuntaria para el proyecto Olmos, en su artículo 2 dice que se debe: "Procurar por todos los medios que los agentes sociales afectados sean debidamente indemnizados, propiciando mejorar sus condiciones socioeconómicas, así como promover actividades económicas que coadyuven a una mejora adecuada de sus ingresos." (4)  En contraposición a esta directiva,  uno de los hombres que participa en la reunión dice, "estamos sin trabajo", y con una media sonrisa agrega irónicamente que están de vacaciones. Pasar de agricultores a constructores desempleados, de posesionarios históricos de su terreno de varias hectáreas en Huabal a inquilinos de un terreno del PEOT de 20 de largo por 6 de ancho,  ha sido para esta población la gran transformación. "Humala es una buena persona," dice categórica la señora Hilda, mientras cuenta que logró colarse a una de las actividades del proyecto a las que asistía el presidente y que en un descuido de sus guardaespaldas y cuando éste le extendió la mano se aferró a ella como si fuera el último salvavidas y le contó el caso de las familias desplazadas de Huabal. A los pocos días, una funcionaria de Odebrecht apareció en Nuevo Huabal y luego de tantos años tuvieron trabajo, pero por sólo 4 meses. Ya terminaron las obras y no saben qué va  a ser de sus vidas. La posibilidad que les planteaban sobre lo que podría ser el destino turístico de la zona parece una mueca del destino. Lo cierto es que el futuro es incierto. Posiblemente los hombres saldrán un día a buscar trabajo para sostener a sus familias, para poder mantener su dignidad, mientras ellas se quedarán en este polvo, esperando que sus hombres vuelvan por algunos días, quizá algunas esperándolos para siempre, mientras crían hijos e hijas que un día se irán también como nutriendo el círculo del no retorno. En estos tiempos, varias reuniones con diferentes instancias, incluyendo el gobierno Regional y el MIMPV, se han dado para buscar una solución a la situación de estas familias, aunque ahora que Conga ha ocupado todas las preocupaciones del Gobierno Regional y que el funcionario del MIMPV que estaba más cerca del caso ya no está en la Dirección de desplazamiento, según les han informado, no queda muy claro cómo se darán las cosas. Lo que sí saben es que aquí no pueden quedarse, pues está en juego su vida, por la imposibilidad de desarrollar alguna actividad económica y porque un día menos esperado, el cerro puede volver a caerles encima. Courtland Robinson señala que "el desplazamiento inducido por desarrollo tiende a exacerbar la desigualdad social: 'No sólo es [este desplazamiento] un fenómeno extendido y creciente, sino que la evidencia indica que aunque el desarrollo beneficie a un gran número de personas, el precio lo pagan de manera desproporcionada las poblaciones más pobres y más marginadas.'" (5)  El
caso de Nuevo Huabal es un claro ejemplo de esta afirmación, pues pese a que los principios rectores de la ONU dicen que las "autoridades responsables del desplazamiento se asegurarán en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas desplazadas, de que el desplazamiento se realiza en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separa a los miembros de la misma familia y que es la responsabilidad de las autoridades competentes de minimizar los efectos adversos" (6), en el Nuevo Huabal se ignoró la mayoría de estos lineamientos. Un proceso que pudo ser exitoso, consensuado, respetuoso de los derechos humanos de todos y todas y que realmente pudo ser una experiencia que pusiera en práctica el respeto hacia la dignidad de las personas, el reconocimiento de la ciudadanía y la posibilidad de extender los beneficios del desarrollo a lo más vulnerables ha terminado por poner en evidencia los límites que existen aún en cuanto a la garantía de los derechos. Cabe preguntarse que pasará con los cientos de familias que serán desplazadas, o reubicadas como prefieren decir algunos, por los proyectos de inversión en sus territorios. ¿Quién garantiza que sus vidas no sean trastocadas de tal forma que las dejen sin pasado y sin futuro? Rosa Montalvo Reinoso Fuente: NoticiasSer.pe
Notas: 1)  Jacqueline Fowks, "Proyecto Olmos: Un Estado atrapado en el modelo de concesión", Revista VOCES No 40-41, Asociación SER, Cajamarca, Junio del 2012.
2)  "Califican como Buena Practica de Gestión Pública experiencia del PEOT", Noticias del PEOT, 24 de julio del 2009. http://www.peot.gob.pe/noticias/noticias.php?id=308
3)  idem
4)  Gobierno Regional de Lambayeque, Ordenanza Regional No 026-2006-GR.LAMB/CR, 25 de agosto de 2006. http://www.peot.gob.pe/olmos/ordenanzas/026_2006_PCRI.pdf
5)  CIP Américas, "Megaproyectos del BID, desplazamiento y migración forzada", 10 de mayo del 2010 http://www.cipamericas.org/es/archives/2222
6)  ONU, Principios rectores de los desplazamientos internos, Anexo a Doc ONU E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0022