Nuevo modelo social post crisis

La crisis financiera y económica ha obligado a los últimos gobiernos españoles introducir crecientes restricciones presupuestarias tendentes a la contención del gasto social, siendo las políticas  creadas para responder a los nuevos riesgos sociales, las más recortadas. En 2010 Zapatero tuvo que suprimir la asignación por nacimiento introducida dos años antes y no pudo ampliar el permiso parental de 13 a 30 días. Tras su victoria electoral en 2011, el gobierno conservador de Rajoy recortó fuertemente las políticas sociales, destacando en sanidad y educación, atención a la dependencia, cuidado de niños de 0 a 3 y las políticas activas de empleo, programas a los que se torpedeó en su línea de flotación financiera.
Sin embargo, mas allá del objetivo de contención del déficit, las decisiones tomadas por el gobierno de Rajoy han actuado sobre los principios básicos de la protección social del Estado de bienestar, arrinconando los derechos sociales garantizados hasta la fecha por los gobiernos autonómicos (atención a la dependencia, prestaciones a las familias, rentas mínimas de inserción, etc.), demonizando la gestión pública como incapaz de administrar racionalmente los recursos y priorizando la explotación privada de los mismos (les recuerdo que la crisis la provocaron los privados e intocables banqueros y gestores de fondos de inversión). Las Comunidades Autónomas han visto mermar el flujo de fondos que manda Madrid para obligarles a reducir el gasto al privarles de financiación para citados programas.
El Sistema Nacional de Salud, cuyo lema fue la universalización de la atención sanitaria desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, se ha convertido en laboratorio de ensayo con la pretensión de limitar el paquete básico de prestaciones sanitarias de acceso general e introducir el copago y seguros complementarios para el resto de prestaciones, restringidas a las élites y personas con posibles.
La reforma laboral también tendrá consecuencias sociales importantes; el autoempleo y otras formas de empleo atípico (trabajos a tiempo parcial antes desconocidos) han crecido a expensas del trabajo estable. Las reformas en la política de pensiones han incrementado los requisitos de acceso  a una pensión contributiva y harán que una parte importante de la población no pueda acceder a este tipo de prestaciones si no acredita una agenda laboral y contributiva suficiente temporalmente ¿cómo subsistirán en ese caso?.
Los gobiernos conservadores españoles sólo aplican políticas de austeridad y recortes, que han dañado a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, logrando que España sea el país de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades económicas entre ricos y pobres con la crisis, a causa del desempleo y de que el sistema de protección social da ahora una peor cobertura a los menos protegidos.
Entre 2007 y 2010 los ingresos del 10 % de la población española más pobre cayeron de media anual un 14%, mientras que en ninguno de los otros Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  bajaron más del 10%. El porcentaje de variación del coeficiente de Gini, de desigualdad económica, se incrementó en casi un 3%, cuando en ningún otro país de la OCDE lo hizo en más del 1,5%. Para la OCDE "resulta altamente improbable" que la recuperación económica baste para solucionar la crisis del mercado de trabajo y la crisis social española, por lo que "la prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más desfavorecidos".
Todo esto me hace pensar en la deriva “a lo asiático” que está tomando nuestro país en los últimos años, siendo dignas de consideración manifestaciones como la  dualización de la sociedad en dos grandes grupos: los desprotegidos y las  élites aforadas/blindadas;  la sacralización del capitalismo financiero especulativo; la permisividad y popularización de la picaresca y corruptela de compadres……Estamos asistiendo a un cambio social no refrendado, avanzando hacia una nueva sociedad que poco habrá de parecerse, me temo, a la monarquía parlamentaria consensuada en nuestra Constitución. Es urgente que repensemos nuestro sistema de convivencia democrático hacia objetivos de concordia nuevos una vez superada la Transición; la pancarta no debe convertirse en el único instrumento de expresión de la desesperanza del Pueblo teóricamente Soberano.