El Gobierno ha aprobado en el Pleno del Congreso su decreto –ley sobre desahucios, que será tramitado como proyecto de ley.
La norma, tiene 120.000 beneficiarios potenciales que cumplirían los requisitos para evitar que sean desalojados por los bancos.
El pleno de la Cámara Baja convalidó el decreto con 185 votos a favor y 146 votos en contra.
Los requisitos para que el desahucio se paralice dos años son cobrar menos de tres veces el Indicar Público de Renta, 19.710 euros al año; que la hipoteca suponga más de un 50 por ciento de los ingresos, que las circunstancias económicas de la familia hayan empeorado en los últimos cuatro años (cuando el pago sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1, 5 veces en esos cuatro años), y que el crédito sea sobre la única vivienda del deudor.
Además, el beneficiario tendrá que cumplir una de los siguientes condiciones: ser familia numerosa, familias monoparenales con al menos dos hijos, familias con menores de tres años o un miembro una discapacidad por encima de un 33% y desempleados sin prestación.
Durante los próximos dos años, alrededor de 120,000 familias no podrán ser expulsadas de sus casas aunque no puedan hacer frente a su cuota hipotecaria. Son las re reúnen los criterios sociales, de renta y esfuerzo que exige el Gobierno para otorgar el título de “especial vulnerabilidad”.
Los socialistas consideran que el proyecto ley “no paraliza” ningún desahucio, solo retrasa dos años. Para los socialistas se trata de una medida “escasa, injusta y arbitraria”. El real decreto –ley pasará ahora a tramitarse como proyecto de ley para complementar estas medidas con reformas en la legislación hipotecaria. Entre los cambios que pretende introducir el Ejecutivo se encuentran el funcionamiento del código de buenas prácticas, revisar los intereses de la demora, convertir en independientes a las sociedades de tasación, evitar el sobreendeudamiento, prohibir las cláusulas abusivas y clarificar las comercialización de hipotecas complejas entre los ciudadanos.