Nuevos aciertos del gobierno en políticas económicas y sociales

El nuevo gobierno del PP sigue anunciando y adoptando medidas de gran acierto económico y social, que están calando positivamente en la opinión pública y que están dejando vacías y sin ideas las mochilas de la oposición socialista. El pago inmediato a los proveedores de las multimillonarias deudas de las administraciones públicas, causante de la ruina y cierre de miles de empresas, y la aprobación de un códico de buenas prácticas que frene los desahucios y mejore la situación de las familias que pierden sus viviendas por falta de pago son las dos medidas positivas y de gran valor recientemente anunciadas por el ministro de Guindos.

Esas dos medidas, que tocan dos problemas altamente sensibles y dañinos dejados en herencia por el gobierno socialista de Zapatero, se agregan a otras tres, recientemente aprobadas, de profundo calado popular y justicia social, como son la reducción drástica del sueldo de los banqueros que hayan recibido ayudas estatales, la disminución del número de consejeros con sueldo en las empresas públicas y el intenso recorte de los salarios de los directores de las empresas públicas españolas, limitado ahora a 105.000 euros anuales.

La izquierda española debe estar rabiendo porque la Historia de España asumirá que fue un gobierno de derechas y no de izquierdas el que adoptó esas medidas que eliminan abusos intolerables y reconducen a España, aunque parcialmente, hacia la justicia y la decencia.

Los socialistas critican que la entrega de la vivienda a los bancos para que la hipoteca quede saldada no se haya resuelto con una ley, en lugar de con un código de buenas prácticas que no obliga a los bancos, pero hay que recordar que ellos, mientras gobernaron, no sólo no resulvieron el problema de las familias expulsadas de sus viviendas sino que votaron en contra cuando el problema fue debatido en las Cortes.

En los dos últimos años se han producido casi 200.000 desehucios en España y el ritmo no para de crecer, hasta alcanzar casi los 200 al día, l oque genera sufrimiento, inseguridad mucho injusticia. El gobierno, por fin, reacciona ante esa situación dramática y presiona a la banca para que resuelva el problema, salde la deuda al recibir la vivienda, si los desahuciados no tienen ingresos, y dejen de aplicar intereses de usura a los impagos, asfixiando a los desahuciados para el resto de sus vidas.

Es cierto que el banco podrá o no podrá aceptar ese código de buenas prácticas, pero, por la cuenta que le tiene, lo aceptará, sobre todo si los ciudadanos llegasen a conocer los nombres de los bancos que no los aceptan y si el gobierno, además, los castiga reduciéndoles negocios y ayudas públicas.