El presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó este lunes que se implementen las sanciones aprobadas recientemente contra funcionarios venezolanos y declaró una situación de “emergencia nacional” por el “riesgo extraordinario” que supone la situación en ese país para la seguridad de EE. UU.
El mandatario estadounidense decretó además nuevas sanciones, incluyendo el congelamiento de bienes y restricción de visas, contra siete funcionarios venezolanos, a quienes señala de violaciones de derechos humanos.
“Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de escalar la intimidación contra sus opositores”, informó la Casa Blanca al divulgar el decreto.
Días atrás, Nicolás Maduro encarceló a un piloto norteamericano de American acusado de intento de golpe de Estado en Táchira.
La Casa Blanca condenó las violaciones de los Derechos Humanos y las detenciones que fueron llevadas a cabo en respuesta a las protestas antigubernamentales. Además, hizo un llamado a la nación sudamericana a liberar a los presos políticos, entre ellos estudiantes y líderes de la oposición. Venezuela sufrido un aumento de los precios y el acceso a los bienes básicos es limitado. La inflación aumentó en un 64,3 por ciento (según CNBC) el año pasado, y este año va en aumento.
Varios críticos de Nicolás Maduro, entre ellos el líder opositor Antonio Ledezma (alcalde de Caracas), han sido encarcelados en los últimos meses. Ledezma fue detenido en febrero por la participación en un presunto golpe de Estado.
Los dirigentes chavistas que fueron sancionados por Washington son los siguientes:
Antonio José Benavides Torres
Antonio José Benavides Torres, comandante de la Región para Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y ex director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
Benavides Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o han tenido conductas que constituyen un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB utilizaron la fuerza contra los manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física, asalto sexual y la utilización de armas de fuego.
Gustavo Enrique González López
Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).
Es acusado de complicidad y de ordenar, controlar y dirigir -con una participación directa o indirecta- actos de violencia que derivaron en actos de violación a los derechos humanos de los manifestantes de las protestas antigubernamentales que comenzaron en febrero de 2014. Como director general del Sebin, fue asociado con la vigilancia de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela.
Además de causar numerosas lesiones, el personal del Servicio de Inteligencia ha cometido cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela.
Justo José Noguera Pietri
Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad de propiedad estatal, y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
Katherine Nayarith Haringhton Padron
-Katherine Nayarith Haringhton Padron, fiscal a nivel nacional de la Oficina del Ministerio Público de Venezuela Distrito 20.
Haringhton Padrón, en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos la ex legisladora de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, por el delito de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato / golpes de Estado. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos.
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta
-Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Los miembros de la PNB a su cargo hicieron uso de la fuerza física contra los manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo disparos de munición real.
Manuel Gregorio Bernal Martínez
-Manuel Gregorio Bernal Martínez, jefe de la 31ª Brigada Blindada del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin).
Bernal Martínez era el jefe del Sebin el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon contra los manifestantes y mataron a dos personas cerca de la oficina del Procurador General.
Miguel Alcides Vivas Landino
-Miguel Alcides Vivas Landino, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y ex comandante de la Región para Defensa Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.
Nota de la Casa Blanca
La Casa Blanca publicó hoy lunes 9 de marzo una orden ejecutiva del Presidente de los EEUU, Barack Obama, declarando una emergencia nacional respecto a Venezuela. Esta orden ejecutiva se contruye sobre la Ley de la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, aprobada en 2014.
El Presidente Obama declara en su orden que las continuas violaciones de derechos humanos, persecución de opositores políticos, recorte de derechos de la prensa, abusos en protestas antigubernamentales y la importante corrupción pública suponen una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional norteamericana y la política en asuntos exteriores de los Estados Unidos. La orden declara el bloqueo de propiedades e intereses de ciertas personas que estén o entren en los EEUU. Esa orden aplica a los siete individuos específicos mencionados anteriormente así como a todo aquél individuo o entidad que los Secretarios del Tesoro y de Estado de los EEUU determinen que son responsables (i) de erosionar procesos democraticos en Venezuela; (ii) de actos de violencia que abusen los derecho humanos de personas que protesten en contra dle gobierno; (iii) de acciones que prohiban o limiten la libre expresión o el derecho de asamblea; (iv) de corrupción publica. Tambipen serán sancionados aquellos lideres de entidades que hayan participado en este tipo de actividads, oficiales del gobierno Venezolano, aquellos que hayan apoyado a las siete personas mencionadas, etc.
Asimismo los derechos migratorios de entrada a los EEUU de estas personas están suspendidos por considerarse que ésto sería contrario a los intereses de los EEUU. También se prohiben las donaciones a estas personas o la realización de actividades que busquen evadir las restricciones presentadas en la orden ejecutiva.
La Casa Blanca, en un comunicado de Prensa acompañando a la promulgación de la orden ejecutiva, expresa su profunda preocupación por la situación en Venezuela y por los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro en intimidar a sus oponentes políticos. Asimismo, lamenta los poco serios esfuerzos de Venezuela de distraer la atención sobre sus propias acciones culpando a los Gobiernos de EEUU y otras naciones sobre la situación en Venezuela. Por último el Gobierno de los EEUU expresa su compromiso por mantener lazos fuertes con el pueblo de Venezuela y su disposición a mejorar las relaciones con el Gobierno de este país.
Fuente: EFE, Infobae, Casa Blanca
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