por David Zupan, Jeremy Scahill , Sam Husseini, Tom Englehardt, William J. Astore La administración de Barack Obama sorprendió a más de uno al inicio de su mandato cuando tomó la decisión de mantener en su puesto al Ministro de Defensa de George W. Bush, implicado en el desastre de la guerra de Irak. Desde entonces su política extranjera, su dependencia con el lobby del complejo militaro-industrial y de la finanza de Wall Street demuestra —como de costumbre— que todo esto favorece principalmente a los intereses de una poderosa y pequeña oligarquía que al bienestar común de una inmensa mayoría de ciudadanos estadounidenses.
Se estima que un solo sistema de armamento futuro le cueste al contribuyente estadounidense casi un tercio de lo que se espera que se gaste en el plan de atención de salud propuesto por la administración de Obama durante toda una década. Originalmente se estimaba el precio de un avión F-35 en 50 millones de dólares, pero hoy es de 113 millones. La infantería de marina, la fuerza aérea y la marina de guerra planean comprar un conjunto de 2,450 unidades de F-35, que costarían en total unas 323,000 millones de dólares. Una reciente sesión de la Comisión [federal] sobre Contratos en Tiempo de Guerra en Iraq y Afganistán lanzó un informe de 111 páginas con sus «investigaciones iniciales acerca de la exagerada dependencia del país de los contratistas». De acuerdo con lo expresado en la audiencia: «Más de 240,000 empleados contratistas —de ellos, cerca del 80 % son extranjeros— están trabajando en Iraq y Afganistán para apoyar operaciones y proyectos militares de EE.UU., del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La cantidad de empleados de las empresas contratistas superan en número a los soldados estadounidenses en la región.
Aunque los contratistas proporcionan servicios vitales, la Comisión considera que el empleo de estos también ha acarreado la pérdida de miles de millones de dólares en despilfarro, fraude y abusos debido a la inadecuada planificación, la elaboración de contratos sin calidad, la limitada competencia, las fallas en la supervisión y otros problemas». Jeremy Scahill observó que la comisión de tiempo de guerra que se encarga de revelar el alcance de la corrupción, incluye a miembros que están a favor de la guerra o que han trabajado para importantes contratistas militares. Según Kathy Kelly, autora de Tough Minds, Tender Hearts (Mentes duras, corazones blandos), «el gobierno de EE.UU. dedica enormes recursos y mucha sofisticación para matar en Afganistán. Ojalá gastara un poco de ese dinero en darse cuenta de que dicha política está creando indignación (…) Un soldado estadounidense —ya en tierra afgana— cuesta cerca de un millón de dólares al año. Imagínense cuantas cosas buenas podrían hacerse si ese dinero se invirtiera en el pueblo afgano. Un gobernador en Afganistán gana cerca de 1,000 dólares al año». El presidente Obama continúa el proceso de reinflación del Pentágono que comenzó a finales de 1998, exactamente tres años antes de los ataques del 11 de septiembre. El aumento de gastos en defensa nacional desde 1998 es tan grande como la suma de los incrementos de Kennedy-Johnson (43 %) y el de Reagan (57 %). Al Departamento de Defensa se le ha otorgado alrededor de 7,2 mil millones de dólares desde 1998, año que marca el fi n de la disminución de los gastos militares durante la etapa posguerra fría. El gasto actual sobrepasa la cifra máxima de los años de la guerra de Vietnam y de la era de Reagan y en este momento los planes del Pentágono son mantenerse en ese nivel. El aumento radical del actual gasto militar, en comparación con la guerra fría y la segunda guerra mundial, se justifica con las guerras en Iraq y Afganistán. Sin embargo, si las guerras de hoy no se incluyeran, todavía existe un incremento de 54 % desde 1998.
El año pasado innumerables audiencias públicas abordaron el tema de la reforma de la atención de salud, que además fue durante meses una noticia constante y motivo de discusión de los ciudadanos, las corporaciones involucradas, los medios y el Congreso. El programa de atención sanitaria costará al pueblo estadounidense en diez años la misma cantidad de dinero que invierte en un solo año en la defensa y la seguridad nacionales. Incluso, anualmente los presupuestos de defensa consiguen la aprobación sin una sola reunión «de ayuntamiento», sin ninguna cobertura de los medios y casi sin ningún análisis en el Congreso. El contribuyente, forzado a pagar cerca de un billón de dólares anuales para financiar al ejército, la infraestructura de seguridad interior y las guerras, sigue siendo un desconocedor de los costos reales. Las razones de la falta de conocimiento público sobre el gasto militar son varias e incluyen: ausencia de cobertura de los medios de comunicación corporativos; grandes medios que utilizan como «analistas» y «expertos» a oficiales jubilados del ejército, que así presentan solamente un lado del asunto; la deferencia inculcada a los civiles con relación a los jefes militares («déjenlo a los expertos uniformados»); secreto y «presupuestos negros» que obscurecen el gasto militar. Entre las cuestiones sobre los militares de EE.UU. que aborda el profesor William J. Astore, surge una pregunta clave:
¿Por qué los militares son inmunes al doloroso ajuste presupuestario al que hace frente el resto de EE.UU? Astore concluyó: «Es verdad que el mundo es un lugar peligroso. El problema es que el Pentágono forma parte de ese peligro. Nuestro ejército se ha fortalecido y con esa fuerza domina a nuestro gobierno, incluyendo su política exterior e incluso aspectos de nuestra cultura, pues no existe contraparte eficaz a su estilo de pensamiento encerrado y centrado en el conflicto». Esta dominación está costándole a EE.UU. enormes sumas de dinero público, es la principal contribución a la crisis económica, y continuará erosionando desesperadamente, ahora y en el futuro, los necesarios programas de gasto social público.