Posted on 22 julio, 2012 by juanmartorano
Alice Peña
Trabajar con los saberes contralores del pueblo y visibilizarlos gracias a la publicación por Aporrea.org de seis entregas (incluyendo ésta) que pueden hallarlos en los siguientes enlaces: Hacia una praxis emancipatoria del pueblo contralor (http://www.aporrea.org/contraloria/a146372.html), Escuchar y actuar en función del pueblo es un mandar obedeciendo (http://www.aporrea.org/ideologia/a146408.html), De un Estado Burocrático Organizado para la élite a un Estado organizado para la participación contralora del pueblo (http://www.aporrea.org/actualidad/a146796.html), Cuando el pueblo consciente y crítico diseñe las instituciones públicas, tendremos un estado Popular (http://www.aporrea.org/poderpopular/a146876.html), Claves para una praxis ética contralora que construya el Estado que queremos y necesitamos (http://www.aporrea.org/actualidad/a147029.html) permiten evidenciar que un Pueblo habla y necesita ser escuchado. Y una manera es sistematizar sus voces y miradas como se ha hecho desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Casa de los Saberes en el reconocimiento y valoración de los saberes contralores para socializarlos con todos aquellos identificados con el proceso de transformación revolucionaria y democrática de nuestro país y como tal Aporrea, resulta ese espacio idóneo y aliado natural de la producción y recreación de los saberes sociopolíticos.
Educar como acto político
Los procesos formativos y educativos en términos de la Contraloría Social deben basarse en las capacidades y limitaciones que tenemos actualmente los ciudadanos, las comunidades y los colectivos venezolanos a objeto que la cultura contralora que poseemos como pueblo se convierta en poder para su ejercicio pleno. Capacidades que exigen ser fortalecidas y limitaciones que deben ser superadas si de verdad existe una voluntad sociopolítica para que la Contraloría Social sea espacio y herramienta natural del poder popular.
Para
Paulo Freire la educación no es hecho neutral. Es un acto político, pues lleva en sí la semilla y germen del cambio y la transformación independientemente de la orientación o direccionalidad del sujeto histórico. Esto obliga a considerar la importancia de la educación y los procesos formativos desde el hacer y el actuar para generar aprendizajes significativos y que desarrolle capacidades reales y sustentables en el tiempo histórico y espacio sociopolítico. Así como también partir de un diagnóstico situacional que permita reconocer los aspectos favorables o no y que es necesario partir cuando se plantea educar para la acción contralora.
En una consulta a articulistas de Aporrea se ha obtenido la siguiente caracterización de positiva y negativa para ejercer la Contraloría Social.
En cuanto a las capacidades de los ciudadanos, comunidades y colectivos tenemos:
Un pueblo con conocimientos de sus derechos y deberes constitucionales y que busca su satisfacción y garantía por parte de las instituciones; leyes del poder popular que facultan para ejercer los derechos y ofrecen las oportunidades para ejercer la contralorías; en el colectivo reside el poder absoluto de esta ley; voluntad para ejercer la función contralora; existencia de organizaciones e instancias del Poder Popular para la organización comunitaria (expansión de una cultura de participación); necesidad de participación en el proceso contralor; como seres humanos entendemos que debemos estar organizados socialmente, además asumimos la práctica de organización comunitaria como medio de fortaleza para solucionar situaciones problemáticas de la comunidad; entendemos que unidos logramos imponer nuestro criterio considerado justo, además comprendemos que logramos poder; capacidad cierta de hacer que nuestra voz sea escuchada, porque al fin y al cabo, el principal logro de la CS, es hacer que la voz del vulgo sea escuchada; ciudadanos honestos, solidarios y respetuosos de las leyes; la práctica individual exceptuada de la búsqueda de acuerdos o consensos para el desarrollo de los procesos a que hubiere lugar facilitan los mismos en el momento de la toma de decisiones; el trabajo compartido permite distribuir la carga de los procesos que se asuman; los colectivos se reúnen en torno a proyectos comunes y compartidos, lo que contribuye a viabilizar la orientación del ejercicio de la CS y hacer más expedita la obtención de resultados positivos; y conciencia de la libertad de asociación.
En cuanto a las limitantes de los ciudadanos, comunidades y colectivos tenemos:
No sentirse escuchados en su debido momento al interponer denuncias; es claro que al ser solo un individuo quien lleve la queja, la denuncia, la sugerencia, la alerta, esta tiende a no ser tomada en cuenta u olvidada, por lo menos en estos estadios iniciales de este proceso, que necesita conocimiento, respeto y cumplimiento de los pasos; el ejercicio individual de la contraloría implica un mayor esfuerzo para su consecución, y está sujeta a una mayor subjetividad por parte de quien la ejerce; existe una dependencia de las acciones del gobierno; mucha gente no quiere que la tachen de “escuálida” si critica; la falta de conocimiento, motivación, formación y conciencia política; la práctica de la “viveza criolla” o “cultura de la trampa” está arraigada en la mayor parte de la burocracia del Estado; bajo nivel ideológico y pérdida del sentido de identidad y pertenencia; inexistencia de programas cohesionados de formación; estar implicados los miembros de los Consejos Comunales en irregularidades; la organización comunitaria se limita a llenar formularios pero en su mayoría es deficiente y se actúa como si el consejo comunal fuese una junta parroquial, con frecuencia controlada por intereses partidistas; desinterés y dispersión; alcaldías y gobernaciones tratando de manejar las comunidades organizadas; bajo nivel de conciencia; logran domesticar personas convirtiéndolos seres serviles para fines particulares, sometiendo bajo su dominio las comunidades y en alianza con funcionarios del gobierno nacional; la preeminencia de “caciques” en las comunidades; la escasa formación política e ideológica en torno a la
convivencia y trabajo en equipo; la poca delegación de la potestad participativa y protagónica en los procesos decisorios por parte de los niveles centrales de Gobierno; el bajo incentivo a los procesos productivos y autosustentables a ser manejados por parte de las comunidades; el timorato cumplimiento a 12 años de revolución del artículo 184 de la Constitución; el aislamiento de las estructuras del consejo comunal (vocerías) de la asamblea de ciudadanos; el logro de acuerdos o consensos y la puesta en común de los procesos y resultados pueden verse sometidos a largas discusiones debido a la diversidad del sujeto comunitario; solo actuamos como colectivo cuando nos embarga un problema y reaccionamos equivocadamente, en la mayoría de los casos nos castigamos nosotros mismos quemando cauchos u otras sustancias que contaminan la colectividad; espíritu de partido o sectarismo al cual aludía Bolívar; aquellas que puedan surgir de las divergencias entre los miembros o desacuerdos en cuanto a los procesos seguidos durante el ejercicio de la CS; que haya personas con interés de beneficiarse individualmente; El limitante no es otra que la diatriba filosófica entre el poderoso y el preponderante individualismo, y el necesario y bueno, pero a la vez débil colectivismo;
Para ejercer la Contraloría Social es necesario potenciar las capacidades como ciudadanos y ciudadanas en todos los ámbitos de la vida pública y en la propia cotidianidad. Son muchos los modos y maneras que se presentan a diario para aprender hacer contraloría. La vida está impregnada de hechos y sucesos que requieren de nuestra observación crítica y nuestra escucha atenta. Estamos expuestos a recibir permanente información que permite la reflexión y una acción política.
Fortalecer a la ciudadanía debe estar acompañada de una voluntad política de los ciudadanos, comunidades e instituciones, veamos algunas consideraciones a tomar encuentra por tratarse de ámbitos sociales de elevada importancia como lo es el mundo comunicacional, comunitario y educativo.
Consideraciones vinculadas con el mundo informativo y mediático.
Si la información la entendemos como el acceso libre a la información y es un derecho del ciudadano y un deber de las instituciones de garantizarlo el Estado y las comunidades, así como los ciudadanos y funcionarios públicos deben ser conscientes de la importancia de obtener información en tiempo real cuando un ciudadano la solicita, pero a su vez debe ponerla al consumo de los ciudadanos independientemente se exija. Es este aspecto falta mucho por hacer y exigir: ¿Si Chávez pide una información y tarda mucho ¿qué queda para los comunes mortales?
Si es verdad que ha habido un esfuerzo del gobierno online de informar sobre las instituciones sus planes estamos muy lejos de tener información precisa, por ejemplo de los presupuestos vinculados a la planificación estratégica. Invisibilizándose muchas veces gastos superfluos o de unos aún “privilegiados”.
Fomentar e invertir en el uso de la informática para el derecho de la información resulta clave en este proceso contralor. Además en los medios de comunicación alternativos para la socialización de la información y conocimiento necesario en materia de Contraloría Social.
Formar en herramientas informativas y comunicacionales con el objeto de convocar, motivar, estimular a la gente a integrarse en los esfuerzos de Contraloría Social en la resolución de los problemas comunes y en vínculo con las instancias competentes. Un manera que atrae a la gente son los casos exitosos o testimoniales de experiencias de contraloria social donde se ha resuelto con sanciones a los funcionarios.
Los medios masivos per se no buscan resolver los problemas, aún cuando en el imaginario persiste que cuando sale una denuncia en los medios resulta suficiente para tomar cartas en el asunto. Lo que no ocurre en la realidad. Y tenemos problemas que se van acumulando.
Aun cuando nuestra cultura venezolana le da mucha importancia a la denuncia, es bueno aclarar que hay un mito en los medios de comunicación social en torno a esto. Es costumbre ver en los medios impresos, radiales, audiovisuales y virtuales la denuncia de hechos de corrupción, burocratismo e ineficiencia de empresas públicas y privadas lo que no implica necesariamente la asunción de este problema por parte de los responsables y organismos competentes.
Un primer paso para enfrentar públicamente un problema susceptible a la acción contralora, la denuncia resulta el punto de partida de una investigación, sin embargo esta debe ser acompañada de acciones concretas con los entes competentes. No basta la denuncia en un medio masivo. Denunciar por todos los medios y organismos competentes posibles requiere un trabajo político y de participación activa. ¿Cuántas de estas denuncias, de ser veraces, son escuchadas y respondidas a tiempo? No se puede negar el poder disuasivo de estas denuncias, en la que la gente espera respuestas inmediatas y los interesados o agraviados actúan más rápido. Ahora bien, no es suficiente si no van acompañadas y dirigidas a las oficinas competentes. Salir una denuncia por un periódico o por la televisión no significa que se resuelven los problemas allí planteados. Esto acarrea muchas veces desesperanza y apatía.
Si bien el componente informativo, claves en la educación de los ciudadanos resulta un punto fundamental en la estrategia formativa y educativa no menos es el mundo mediático donde la publicidad tiene un peso en la estimulación de la ambición y el consumismo exacerbado. Los medios de comunicación masivos cumplen un rol de modelaje cuando incita a través de la publicidad y su programación estilos de vida y aspiraciones como la riqueza, la fama y la gloria, aunado a estimular el consumo de cosas y el deseo de situaciones más allá de las posibilidades reales del individuo y de la sociedad. El marco legal existente en materia comunicacional y publicitaria no profundiza ni aborda mucho este aspecto fundamental, sin embargo, la aplicación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión puede ser un buen inicio para recordar su tarea de educar. Una manera sería la promoción de los valores a partir de programas y espacios publicitarios que coadyuven en la formación de valores contralores establecidos en la Ley Orgánica de Contraloría Social y a crear redes de usuarios y consumidores para contrarrestar la especulación y el acaparamiento de los bienes y servicios.
Al reconocerse la importancia del mundo de los medios por su impacto y alcance en la vida de los seres humanos, en la modificación de conductas y de saberes ya sean en forma positiva como negativa. El Estado debe regular todo aquello que alimente el vicio y las malas prácticas y apoyar todo debate en torno al mismo y la promoción de los valores y acciones de ciudadanos que actúan conforme al bien común.
Consideraciones vinculadas con la comunidad.
Los consejos comunales resultan como espacio organizado un lugar idóneo para que la Asamblea de ciudadanos se forme debidamente en el campo de la contraloria social, para aplicarla a la gestión comunitaria de los recursos invertidos así como a las instituciones estadales que hacen vida en la comunidad y que prestan servicio público y no responden adecuadamente. Para ello debe constituirse legalmente según el procedimiento. Ahora bien más que hacer denuncias sobre actos irregulares se trata de plantear soluciones para subvertir el orden establecido de conductas y comportamientos irregulares haciéndose de la de la Contraloría Social un ejercicio objetivo, sustantivo y competente. Por otra parte, asumir metodologías participativas desde el inicio de los procesos para hacer transparente el ejercicio y el posterior logro de los resultados.
Lo que si debe ser clave es no ser flexible y dejar pasar la ocasión de contraloria social. Todo el que esté implicado en una irregularidad debe ser denunciado. Determinando con exactitud la realidad del problema planteado para su inmediata corrección.
Como instancias del Poder Popular requiere un plan de formación e información necesaria para el ejercicio de la función contralora, incluyendo sobre todo a los jóvenes, quienes en su momento oportuno sustituirán a quienes están trabajando la contraloria. El compartir de saberes desde la cotidianidad contralora que debe ser sistematizada para ser evaluada y compartida formalmente y con periodicidad para el reconocimiento de los logros alcanzados o no. Incorporar al pleno la asamblea de ciudadanos/as en toda su diversidad.
Desarrollas foros, conversatorios, estudio y difusión de las leyes del poder popular, así como de los derechos y responsabilidades de cada uno y los mecanismos de ejercer la Contraloría Social.
Implementación de oficinas gestoras a nivel comunal y nacional de la contraloría social individual o colectivo que permitiese canalizar las denuncias diarias y
el progreso de los reclamo.
Articulación del ejercicio de la CS con las comunidades y/o movimientos sociales, es decir colectivizando este ejercicio.
Promover a través de foros y debates la conciencia política del uso racional de los recursos conforme las planificaciones establecidas con anterioridad. Y hacer énfasis en el beneficio colectivo y del bien común.
Consideraciones vinculadas con la educación ante las exigencias históricas
Los medios de comunicación social en su función de informar y educar así como la misma comunidad organizada deben establecer espacios para la formación de valores y toma de conciencia ciudadana respecto a la contraloria social, no obstante, el Poder Ciudadano y Moral mancomunadamente con las instituciones que la componente tiene la obligatoriedad de favorecer procesos de enseñanzas en la ciudadanía tanto en la educación informal como formal públicas y privadas.
Esto sugiere la necesidad de redimensionar el Poder Ciudadano y Moral creando una Institución o instancia de Contraloría Social ejercida por el Poder Popular en vínculo con los poderes públicos establecidos.
Plantear en diversas esferas del poder político la delegación de los procesos de contraloría social en los órganos de contraloría social del pueblo organizado, pues la Contraloría General en sus funciones no se da abasto y dotar de instrumentalidad jurídica el ejercicio de las contralorías sociales como Órgano Auxiliar de La Contraloría General de La República o independiente mente de ella. Esta debe ser regida por los ciudadanos en calidad de contralores sociales que sean voz activa y directa con los niveles máximos de autorización, decisión, y control. No serán considerados “funcionarios públicos” sencillamente ciudadanos contralores cuya selección para ejercer la función de Control Social debe surgir de las mancomunidades. Se trata de una voluntad política de todos los poderes públicos pero motorizado por el Poder Ciudadano.
Si lo que se quiere es organización se hace urgente la formación ciudadana a gran escala y como estrategia del Poder Popular. Y esto requiere de inversión en educación política ciudadana. Además de la construcción de espacios y estructuras físicas que permitan el encuentro de las comunidades y de los ciudadanos a nivel local, regional y nacional.
Elaborar programas de estudio dirigidos a formar nuevos ciudadanos y ciudadanas en Contraloria Social es determinante y ejecutarlo a gran escala.
Inserción en programas formativos permanente en todos los ámbitos aplicando la metodología de Educación Popular que permita ir consolidando niveles de conciencia superiores.
Propiciar programas de formación conjunta entre las contralorías sociales y las instituciones del Poder Moral con capacidad de iniciar procesos de determinación de responsabilidades. Organizando equipos de Contraloría Social de acuerdo a la realidad de la organización comunitaria en cada espacio y organizando equipos para ofrecer apoyo a los procesos de formación en Contraloría Social.
Dentro de este conjunto de propuestas formuladas por 12 articulistas de Aporrea se reitera la necesidad de una visión participativa protagónica, corresponsable y revolucionaria para la creación de una Escuela Nacional de Contraloría Social que sea capaz de abordar la diversidad y complejidad del acto contralor en los entes públicos y privados a nivel comunal, municipal, regional y nacional, a partir de un estudio y diagnóstico particular de las realidades a controlar y asumiendo la complejidad intercultural, la cual implementará también programas de formación a los funcionarios públicos en sus competencias para que sean ellos los primeros ciudadanos en hacer Contraloría Social en sus dependencias de trabajo.
La formación de un liderazgo contralor desde los diversos niveles educativos (escuela, liceos, universidades, instituciones) que con conciencia política y de acción promuevan la Contraloría Social con pasión, decisión, convicción y firmeza, de otro modo, no será posible los cambios radicales que clama un pueblo ante el desafío de enfrentar la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia e ineficacia, la especulación, acaparamiento, estafa, soborno y la impunidad del sector público y privado.
Un aspecto particular en esta formación es la del funcionario público, quien muchas veces entra a ocupar un cargo sin la inducción y formación necesaria de su labor y las implicaciones de su servicio en la construcción de un país y de un Estado democrático de derechos. La falta de ética de funcionarios públicos no sólo es fruto de una cultura que nos arropa sino también por la falta o ausencia de controles debidos por parte de la contraloría interna. Lo que exige la formación en el compromiso y la calidad institucional. Bien lo decía el Libertador Simón Bolívar “Moral y luces son nuestras primeras necesidades” y en este asunto de la Contraloría es esencial ambas acciones.
Obtenidas estas miradas críticas y propositivas respecto a nosotros mismos como ciudadanos, comunidades y colectivos en función de nuestra cultura contralora (potestas) y en miras a un pueblo contralor (potestias) resulta urgente potenciar las capacidades y superar las limitantes. ¿Cómo? básicamente con formación integral que invoca a diversas instituciones, a inversión económica, a constitución de nuevas instituciones de Contraloría Social a objeto de consolidar la movilización, la participación y la organización de todos los actores sociopolíticos.
Ya sea la institucionalidad educativa per se como la institucionalidad del Estado en especial del Poder Ciudadano desarrollar los programas o procesos de formación a los ciudadanos para los contralores sociales o como servidores públicos se proponen a continuación los siguientes contenidos y prácticas
Módulos temáticos orientados a) Módulo histórico-geográfico-cultural: Historia pasada y presente de nuestra cultura contralora; b) Módulo Legislativo sobre la participación y Contraloría Social desde el Poder Moral: Doctrina Bolivariana como fundamento del Poder Moral. Estudio en profundidad de las leyes del Poder Popular y Ley Orgánica de Contraloría Social. Desarrollo del contenido legislativo vigente relacionada con la Contraloría Social. Contenido de la Constitución. Practicas sobre el Poder Moral y su vinculación con los otros poderes públicos. Contraloría Social en los Consejos Comunales; c) Módulo Sociedad, Estado y Constitución: Humanismo y ciudadanía protagónica, corresponsable y revolucionaria. Estado, Ética y Servicio. Ética socialista y socialismo. Estudio de casos en la historia venezolana en los cuales se practicó la denuncia de los organismos del Estado y d) Módulo Estudio de casos desde diversas complejidades de la Contraloría Social. Contraloría Social al sector público. Contraloría Social al sector privado. Delitos Económicos y los Ámbitos de Empresa. Propiedad y Derecho. Contraloría Social mixta. Economía Social y Desarrollo Comunal. Medios Alternativos de Solución de Conflictos.
Esta actividad formativa/educativa puede ser canalizada en un primer momento por las instituciones del Poder Ciudadano o Moral en conjunto con Consejos de Contraloría Social creada y conformada en los diversos estados del País.
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