Por primera vez, la justicia colombiana imputa a ocho exlíderes de las FARC por los cargos de secuestros, entre otros, durante el conflicto armado que hubo en el país. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio responsabilidad penal a los excomandantes, ahora políticos activos de Colombia, del grupo armado desmovilizado desde los Acuerdos de Paz en 2016.
La @JEP_Colombia les imputó a 8 miembros del antiguo Secretariado de las extintas Farc-EP crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del #Caso01, ahora denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad."
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La JEP se ha encargado de reparar los daños a las víctimas que dejó la guerra entre el gobierno y los grupos armados radicales que duró más de 50 años en Colombia.
Como algo nunca antes hecho, fueron las acusaciones que la JEP emitió contra los excomendantes de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad.
La JEP argumentó en un documento de 564 páginas publicado este jueves, que lo cargos actuales se desprenden por vejaciones vinculadas a la privación de la libertad, como asesinato, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y deplazamiento forzado, todo a manos de los exlíderes de las FARC.
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Entre los acusados, destaca el actual presidente del partido Comunes (antigua FARC), Rodrigo Londoño, quien fuera el último jefe del grupo guerrillero. Asimismo, están implicados los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo y los exjefes Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
El actual órgano judicial especial que surgió luego de los acuerdos de paz en 2016, inició el 4 de julio de 2018 el primero de los siete grandes procesos legales vinculados con el conflicto armado. Esta investigación sobre el secuestro de personas a manos de la FARC adjudicó 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza público,
Por decisión de la JEP, este Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC” pasará a llamarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.
Los argumentos de la JEP
“Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, señaló la magistrada de la JEP, Julieta Lemaitre Ripoll, al momento de presentar el caso.
Ripoll indicó que en la investigación quedó evidenciado “de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”.
Aunque los exguerrilleros presentaron los secuestros como “errores de la guerra”, los representantes del tribunal desestimaron estos argumentos.
"No hubo errores, hubo crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad", aseguró el magistrado @EcifuentesMu, presidente de la JEP, frente a la decisión de la Sala de Reconocimiento de imputarle cargos a 8 miembros del antiguo secretariado de las Farc-Ep. #JEPcontraLaImpunidad pic.twitter.com/ppRkKltHSi
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La JEP determinó que los secuestros de civiles fueron un instrumento para financiar la guerra de las FARC contra el Estado, mientras que la captura de personal militar o gubernamental se utilizó para presionar a las autoridades e instarlos a que liberaran a los guerrilleros encarcelados.
Los acusados tienen 30 días para admitir o negar las acusaciones. Si las aceptan, enfrentarán restricciones a sus libertades durante cinco a ocho años, evitando la cárcel. Por el contrario, se exponen al inicio de un juicio criminal y podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.
Las víctimas, entre el beneplácito y el reclamo de Justicia
Entre las víctimas, la decisión de la JEP fue bien recibida, en general, aunque esperan que haya sanciones firmes, y que quienes acogieron al Acuerdo de Paz informen dónde están los restos de seres queridos muertos o asesinados en cautiverio.
El general retirado de la Policía, Luis Herlindo Mendieta, que fue capturado por las FARC junto a 60 de sus hombres en Mitú y permaneció secuestrado durante casi 12 años desde 1998, aupó que “haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”.
“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica Justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay Justicia'”, advirtió Mendieta.
Por otra parte, Clara Rojas, excongresista y víctima de secuestro a mano de las FARC entre 2002 y 2008, reclamó a la JEP mayor entendimiento al clasificar los casos. “Estamos hablando de secuestro, habría que entender a qué se refieren con toma de rehenes”, indicó a la cadena ‘Caracol’.
Asimismo, en declaraciones a ‘RCN Radio’, Rojas también exigió un gesto “ético” de los dos acusados que hoy ocupan un lugar en el Congreso -Pablo Catatumbo y Julián Gallo- y que renuncien a sus puestos.
Deberían renunciar los congresistas del partido Comunes, imputados por JEP: Clara Rojas https://t.co/r3SDaoaR2A
— RCN Radio (@rcnradio) January 28, 2021
Duque pide sanciones “efectivas”
Los ahora políticos no se refirieron directamente a la decisión de la JEP, pero Londoño, Catatumbo, Granda, Alape, Gallo y Parra, expresaron en un comunicado su “compromiso” con la paz.
Estos seis exlíderes dijeron estar “estudiando” la decisión que tomó la JEP y prometieron pronunciarse “en cuanto ese estudio haya concluido y definamos nuestra posición”.
En el comunicado enfatizaron que “durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas; esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable”.
#COMUNICADO
— COMUNES
Saludamos el avance de la @JEP_Colombia que demuestra la solidez de los instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz y pedimos que se respeten las rutas establecidas en estos procedimientos. pic.twitter.com/4RwTrscUIS(@ComunesCoL) January 28, 2021
El líder de Partido Comunes, Rodrigo Londoño, declaró a ‘W Radio’, que considera la decisión de la JEP como “un asunto muy serio al que debemos tratar con máximo de seriedad y respeto por las víctimas” y recalcó que “nos mantendremos firmes en nuestro compromiso con las víctimas a pesar de las dificultades e incumplimientos”.
Londoño también subrayó que “siempre hemos reconocido el secuestro” y recordó que “en una carta pública (difundida el 15 de septiembre pasado) lo asumimos de manera autocrítica como uno de los grandes errores que se cometieron en medio del conflicto. Desde allí se desprende nuestra posición”.
Asimismo, el presidente colombiano Iván Duque pidió que las sanciones a los antiguos comandantes de las FARC sean “efectivas” y “proporcionales” a los delitos cometidos.
“Si bien vemos que se adelantan imputaciones por el delito de secuestro a quienes ejercieron el mando superior de grupos terroristas, también es importante, y es lo que está a prueba, que esas sanciones sean proporcionales y sean efectivas y que no traigan la revictimización”, señaló.
Para Duque, quienes perpetran crímenes de lesa humanidad deben tener “sanciones ejemplarizantes y proporcionales” y, por el contrario, que “no estén revestidos de honores”. Igualmente espera que “la sanción colectiva implique que ellos no tengan derechos por encima de los demás ciudadanos”.
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