Ohio ejecuta la semana próxima a un enajenado mental

Abdul Hamin Akal, ciudadano libanés de 52 años y con un largo historial de enfermedad mental será ejecutado en el estado de Ohio, Estados Unidos, el próximo día 6 de junio por un doble asesinato cometido en 1992. La Junta de la Libertad Condicional ya ha recomendado al gobernador que deniegue el indulto, aunque no está obligado a acatar tal decisión. Abdul llegó a Estados Unidos desde Líbano en 1984 a la edad de 24 años. En 1992 fue condenado a muerte por el asesinato de su esposa, Latife Awkal, y de su hermano, Mahmoud Abdul Aziz. Ambos murieron por disparos en el Departamento de Servicios de Conciliación Familiar de un Tribunal de Relaciones Domésticas de Cleveland, Ohio, el 7 de enero de dicho año. Abdul fue detenido en el mismo juzgado tras los disparos. Mientras estuvo en prisión preventiva, le prescribieron medicación antipsicótica y antidepresiva. El juez de primera instancia concluyó que la gravedad de su depresión lo convertía en incapaz de ayudar a su defensa y que, por tanto, no estaba capacitado para ser juzgado. Permaneció recluido en un centro psiquiátrico, donde le aumentaron la medicación antipsicótica hasta que fue declarado apto para ser sometido a juicio. Durante el mismo, celebrado a finales de ese año, sus abogados dijeron al juez que su salud mental se había deteriorado, pero el juez rechazó su sugerencia de celebrar una nueva vista para determinar la capacidad del acusado. Abdul fue condenado finalmente a muerte. Desde entonces, uno de los miembros del jurado ha afirmado en una declaración que habría votado a favor de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si hubiera sido una opción en el momento del juicio. El 10 de mayo pasado se celebró una vista ante la Junta de Libertad Condicional de Ohio y sus abogados presentaron testimonios de sus traumáticas experiencias en la guerra civil de Líbano, cuando tenía 16 años, y de su largo historial de enfermedad mental, que incluía graves trastornos depresivos y delirantes. El doctor Phillip Resnick, psiquiatra, dijo que en 2005, 2007 y 2012 había diagnosticado a Abdul un trastorno esquizoafectivo, una grave enfermedad que combina psicosis y cambios de temperamento y describió sus “delirios de grandeza y persecutorios”. En una carta al gobernador John Kasich, uno de los abogados de Abdul escribió: “Abdul Awkal vive en un mundo de delirios” en el que cree que ha “dirigido las guerras de Irak y Afganistán”, que “asesora a altos cargos gubernamentales por correo” y recibe como respuesta mensajes codificados, y que “la CIA lo quiere muerto” porque “ha dejado de ayudarles”. La Junta de Libertad Condicional reconoció que “Awkal sufre un trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo”, pero decidió, por ocho votos contra uno, que los factores agravantes del caso superaban a las circunstancias atenuantes. La integrante de la Junta que votó a favor del indulto concluyó que el estado mental de Absul durante el juicio “era tenue, en el mejor de los casos”, que su enfermedad pudo haber afectado a su decisión de rechazar la oferta de la fiscalía de ser condenado a cadena perpetua a cambio de que se declarara culpable, y que su delito había sido provocado “por una rabia exacerbada por su enfermedad mental a una situación en la que las armas y la muerte eran algo cotidiano”. También destacó la mala calidad de la asistencia letrada durante el juicio. En 2009, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, corte federal, concluyó que Abdul Awkal debía ser juzgado de nuevo a causa de la inefectiva asistencia letrada con la que había contado en el juicio original, en el que se había declarado inocente por motivos de enajenación mental. Su abogado había tratado de presentar el testimonio de tres expertos para apoyar esta defensa. El juez concluyó que el primer testigo no era un psicólogo titulado, y por tanto excluyó su testimonio. El segundo testigo, un psiquiatra forense designado por el tribunal, declaró que creía que Abdul Awkal estaba en posesión de sus facultades mentales en el momento de los asesinatos. El tercero llevaba más o menos un año practicando la psiquiatría, pero aún no estaba diplomado. La Corte del Sexto Circuito concluyó que "está claro que la selección de expertos realizada por el abogado de Abdul Awkal durante la fase probatoria distaba de ser ideal", y que la decisión de llamar a declarar al psiquiatra forense constituyó una actuación constitucionalmente deficiente.
La fiscalía apeló para que se celebrara una nueva vista ante el pleno de la Corte del Sexto Circuito. En 2010, el pleno de la Corte anuló la decisión de la sala. Cuatro de los 14 jueces discreparon: "Cualquier abogado remotamente competente sabe que una defensa por enajenación mental depende principalmente del testimonio de expertos sobre el estado mental del acusado. Sin embargo, la presentación, por parte del abogado de Abdul Awkal, del testimonio de expertos en salud mental durante la fase probatoria es como el comienzo de un chiste malo: ‘Tres expertos de la defensa entran en el tribunal. Uno ha obtenido su titulación en una universidad a distancia, no tiene autorización para ejercer la psicología y no puede testificar. El segundo goza de acreditación suficiente, pero declara contra el acusado. Y el tercero no está diplomado en psiquiatría’. O quizá la mejor analogía sea un episodio de [la comedia] Los tres chiflados. Pero, se describa como se describa, está claro que la actuación de la defensa no fue el tipo de asistencia requerida constitucionalmente en un caso de pena capital".