Olvera, primer ayuntamiento que declara al fabricante de talidomida empresa non grata

Una sentencia dictada por la jueza Gemma Gernández Díaz, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, condenó en noviembre de 2013 al laboratorio alemán Grünenthal Pharma por el daño producido a los afectados de talidomida españoles. Parecía que se podía reparar, 57 años después, el perjuicio ocasionado por la prescripción de este nocivo fármaco.

El aliento de esperanza se truncó con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid promovida a instancia del recurso de Grünenthal. Los magistrados estiman que las acciones ejercitadas por AVITE, la asociación de afectados en España, han de entenderse “prescritas, por lo que proceden a revocar la sentencia y desestimar en su integridad la demanda interpuesta”.

Veamos el caso Agreal. Durante más de 20 años cientos de miles de españolas acudieron a su médico de cabecera o a sus ginecólogos para tratar de poner fin a sus sofocos posmenopáusicos.

Desde 1983, muchas recibieron el medicamento Agreal, propiedad de los laboratorios Sanofi Aventis. En 2005 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios comunicó a los profesionales sanitarios la decisión de suspender su comercialización porque constató que el balance “beneficio riesgo era desfavorable”.

Se produjeron miles de reacciones adversas psiquiátricas (depresión -incluso con pensamientos suicidas- , ansiedad, síndrome de abstinencia, insomnio) y de tipo neurológico (disquinesia -movimientos masticatorios compulsivos e inevitables-, cansancio muscular grave, trastornos extrapiramidales, parkinsonismo).

¿Y la vacuna del virus del papiloma humano (VPH)? Desde su comercialización en 2007 no han parado de producirse caso de daños en niñas y jóvenes tras su inyección en todo el mundo. Países como Japón han dejado de recomendarla y ya han comenzado a ponerse las primeras demandas judiciales.

Estos y otros muchos son escándalos farmacológicos repercutieron y repercuten en la salud de tantas personas. Detrás de cada historia hay nombres y apellidos. Por ello, un municipio de Andalucía, Olvera (Cádiz) ha tomado cartas en el asunto. Según Jacobo Camarero, concejal de Salud:

Urge, desde nuestro punto de vista, iniciar acciones desde la base en el sentido de luchar contra la medicalización de la sanidad, de la mano y la supervisión de la Unidad de Gestión Clínica de Olvera. Estamos convencidos de que este fenómeno resta calidad y en algunos casos cantidad de vida: nunca ha habido en la historia tantas medicinas, nunca ha habido tantos enfermos.

Muchos presuntos trastornos o enfermedades no son una cosa ni otra; es, sencillamente, la vida. Se trata de un criterio compartido por miles de profesionales en todo el Estado y en nuestra Comunidad Autónoma”.

Por todo ello se eleva ante el Pleno del ayuntamiento de Olvera la siguiente propuesta de acuerdo que firman las tres fuerzas políticas de la localidad PP, PSOE e IU:

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Olvera se solidariza con las víctimas de la talidomida (y también de Agreal, la vacuna VPH, la THS y demás medicamentos peligrosos) y rechaza enérgicamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en contra de los afectados por la catástrofe iatrogénica y a favor del laboratorio alemán Grünenthal.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Olvera recomienda a los profesionales médicos de la Unidad de Gestión Clínica de Olvera que secunden el boicot a Grünenthal iniciado por el colectivo de médicos de familia, a instancias del Doctor D. José Martínez.

TERCERO.- El Pleno del ayuntamiento de Olvera declara a Grünenthal empresa non grata y arbitrará por ello todas las medidas a su alcance para que no pueda ejercer sus actividades en nuestra ciudad.

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Olvera apoya la constitución de una mesa de debate que aborde el problema de la medicalización de la sanidad, en colaboración con la Unidad de Gestión Clínica de Olvera.

QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Olvera da cuenta de la presente resolución a los Ayuntamientos de la Comarca de la Sierra de Cádiz, la Junta de Andalucía, la FEMP, la FAMP y el Gobierno”.