Darfur, la tierra de los Fur y una recóndita región en el Sahel sudanés, sigue siendo un territorio desolado por la violencia, la inseguridad y un descomunal desastre humanitario. En 2003, la comunidad internacional, por entonces centrada en la resolución de la guerra civil entre el norte y sur de Sudán, se vio forzada a fijar la atención en un conflicto que estalló con una virulencia inusitada y que provocó la masacre de una población que, prácticamente desde la independencia del país en 1956, reclamaba más atención y autogobierno al gobierno de Jartum. Trece años después, y fuera del foco mediático internacional, millones de darfuríes continúan sufriendo las consecuencias de un conflicto que, lejos de encaminarse hacia un final pacífico y dialogado, ha repuntado con fuerza durante 2016. Además, los resultados del cuestionado referéndum –celebrado el pasado mes de abril con la intención de aclarar la formación del Estado– han determinado que la región seguirá dividida en cinco estados, frente a las demandas de los grupos rebeldes de volver al Darfur unido de 1994, desde donde defender mejor sus intereses ante Jartum. Este resultado marcará, sin duda, el impredecible futuro de la región y del país; y, por el momento, no ha hecho más que reavivar las ansias de lucha de las milicias armadas, y también los ancestrales enfrentamientos y rivalidades entre las tribus árabes y negras, que son una raíz profunda del largo conflicto, pero también muy instigado por una lucha de poder y por control de los recursos naturales y sus potenciales reservas: agua, petróleo y oro.
27 de enero de 2015. Um Baru: Miles de nuevos desplazados buscan refugio en las afueras de la base de la UNAMID en Um Baru, Darfur del Norte. Fotografía de Hamid Abdulsalam, UNAMID.
Frente a esta situación, y a pesar de las exigencias de la comunidad y la justicia internacional, el presidente Al Bashir se muestra más desafiante que nunca. Por un lado, y ante las continuas acusaciones por el hostigamiento que sufre la zona de Jebel Marra, en el Darfur septentrional, ha declarado que estas no tienen fundamento alguno y reta «a cualquier persona que visite las zonas recuperadas por las fuerzas armadas sudanesas a que encuentre un solo pueblo que haya sido incendiado». Por otro, se considerará respaldado la “decisión” del pueblo darfurí de mantener su actual división administrativa para reiterar, a Naciones Unidas y a la Unión Africana, que ya es tiempo de que la operación internacional UNAMID llegue a su fin, pues «estas fuerzas no tienen ningún papel vital en Darfur más que defenderse a sí mismo y a sus unidades. La paz ha vuelto, y no hay razón para que se queden. Por esto queremos que abandonen el país».
Sin embargo, las dramáticas consecuencias de más de una década de opresión armada hablan de un escenario muy distinto a la paz que proclama el presidente. La reducción de la violencia es una realidad, pero –según Naciones Unidas– a las más de 300.000 víctimas mortales del conflicto, se unen más de 2,5 millones de desplazados y refugiados, que siguen negándose a regresar a sus pueblos por la manifiesta inseguridad en la región: prefieren malvivir en campos de refugiados a donde difícilmente dejan llegar la ayuda humanitaria. Por el momento, no se vislumbra un futuro pacífico para la región más oriental de Sudán y, mientras, la comunidad internacional se muestra impotente para erradicar una guerra fratricida que no acabará hasta que se solventen las razones profundas que provocaron la marginación y el abandono de la población darfurí, que es quien sufre hoy las más graves y violentas consecuencias.
Génesis y evolución de una crisis larvada desde la independencia de Sudán
El largo conflicto de Darfur se gestó durante décadas de dominio árabe sobre las tribus negras de los Fur que, desde la independencia nacional en 1956, denunciaban la marginación y el olvido que sufrían por parte del gobierno de Jartum. Antes de la emancipación del poder anglo-egipcio, Darfur fue anexionada por los británicos en 1916 y gobernada bajo el sistema colonial del “Distrito Cerrado”, al igual que el actual Sudán del Sur: una forma de gobierno que los mantuvo al margen de Jartum hasta que en 1956, por decisión de los propios británicos, se les forzó a constituirse en una única nación dominada por los árabes, con los que los Fur no se sentían identificados más allá de compartir la religión musulmana. Desde entonces, Darfur ha convivido con la violencia, provocada fundamentalmente por unas ancestrales rivalidades étnicas que aumentaron drásticamente a mediados de los 80, cuando la subsistencia –frente a las sequías y la desertificación del norte de la región– se convirtió en el factor principal de lucha.
En 1989, la llegada al poder de Al Bashir, por la fuerza de las armas, no hizo más que agudizar el conflicto. Ante las reclamaciones de los líderes darfuríes de un reparto más equitativo del poder político y de la riqueza dentro de Sudán, así como un gobernanza más justa para la región; el despótico presidente respondió con la imposición del islamismo más radical y formó unas milicias árabes –una evidencia que siempre ha negado–, formadas mayoritariamente por guerrilleros rizeigat del norte de Darfur y bautizadas por las tribus negras como los janjaweed (“hombres armados a caballo” o “jinetes armados del diablo”), que pronto se convirtieron en la pesadilla más sanguinaria y atroz para los darfuríes. Fue entonces, a mediados de los noventa y con armas procedentes de Chad, de Libia y de los movimientos rebeldes del sur de Sudán, cuando surgió el primer movimiento insurgente zaghawa: el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM), entre una población que siempre había rechazado el uso de la fuerza para enfrentarse al poder centralista, sectario y violento de Jartum. Pocos años después, el Libro Negro: Desequilibrio entre poder y riqueza en Sudán, difundido desde Darfur y tachado de revolucionario por Jartum, pasó de ser una reprobación pacífica hacia el gobierno nacional a convertirse en una intolerable e incendiaria difamación para el presidente Al Bashir y sus acólitos árabes.
Mientras se agudizaba la represión armada, los fur y los zaghawa aunaron esfuerzos en una causa común y formaron el Frente de Liberación de Darfur. En febrero de 2003, su sorpresivo ataque contra la guarnición militar de Golo, en el distrito de Jebel Marra, se convirtió en el detonante final del conflicto de Darfur. Desde Jartum, sorprendidos por la intensidad y el éxito de los ataques rebeldes, se ordenaron asaltos masivos por tierra y aire contra las poblaciones negras. La guerra se generalizó y comenzó a gestarse la mayor crisis humanitaria que ha conocido el mundo en el presente siglo, ante la mirada atónita e impotente de la Comunidad Internacional, que entonces centraba el foco en el proceso pacificador del sur de Sudán. Tras el primer y exitoso ataque rebelde, el Frente pasó a denominarse Movimiento y Ejército de Liberación de Sudán (SLA/M) en marzo de 2003. En este periodo de inquebrantable unión, el SLA/M fue el movimiento rebelde más poderoso y numeroso en Darfur. Este, en su ideario, no recogía anhelos de independencia, sino que, por el contrario, se centraba en la consolidación de un Sudán unido, democrático y secular con un equitativo reparto de la riqueza y del poder político en todo el país.
Desde entonces, y hasta nuestros días, se han concatenado numerosos acuerdos de paz, siempre incumplidos; la violencia ha disminuido, aunque la guerra siempre ha estado presente; y los grupos rebeldes se han escindido –incitados desde Jartum– en distintos frentes de lucha y de poder, y con ello han perdido fuerza en sus reivindicaciones políticas, sociales y económicas. Lejos de la alarma y la atención internacional que suscitó el genocidio de la población negra de Darfur en los primeros años del conflicto, en 2011 –cuando Sudán del Sur celebraba su ansiada independencia– se cerró en la capital de Qatar el Documento de Doha para la Paz de Darfur (DDPD), al que no se han unido la mayoría de los grupos rebeldes –entre ellos, el JEM y la principal facción del SLM de Mini Minnawi– pero que pretende ser el garante de la muy lejana pacificación de la región. De hecho, en este año 2016, el recrudecimiento de los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes en Jebel Marra ha provocado más muerte y 130.000 nuevos desplazados, según Naciones Unidas, justo en los prolegómenos del referéndum regional por la división administrativa de Darfur, recogido en el acuerdo de paz y que estaba llamado a convertirse en una solución política al conflicto.
La “solución” de Al Bashir para Darfur y la impotencia de la comunidad internacional
En 1994, Al Bashir dividió Darfur en tres estados y, en 2012, reestructuró la región en cinco nuevos estados: detrás de la justificación de garantizar un gobierno local más eficiente, solo se escondía el miedo a que una región unida y fuerte –con una importante riqueza petrolera apenas sin explotar, excepto por las compañías chinas en el Darfur septentrional– pudiese también reclamar la secesión. Sin embargo, los grupos rebeldes nunca han pretendido la independencia y siempre han defendido que Darfur debía constituirse en una sola entidad que, con más fuerza, pudiese defender y auspiciar una amplia autonomía dentro de Sudán. Y en el trasfondo de esta cuestión política, una población que muestra poco interés por una división territorial que apenas entienden porque, mucho antes, su verdadera prioridad es su mera existencia y volver algún día a sus hogares.
Del 11 al 13 abril del presente año, ante al boicot de los movimientos insurgentes por la imposibilidad de que la mayoría de los desplazados y refugiados darfuríes acudiesen a votar, se celebró el referéndum, que se saldó con un aplastante resultado favorable a la administración territorial instaurada desde Jartum en 2012. Con un proclamado y muy cuestionado apoyo del 97% a la postura gubernamental, Darfur se ve ahora abocada a un futuro incierto y, con toda seguridad, más violento. Frente a la desazón de los darfuríes, Al Bashir pretende enarbolar ante la comunidad internacional que ha cumplido su compromiso con la paz, al tiempo que sigue burlando a la justicia mundial que, desde 2009, tiene ocho causas abiertas contra el presidente en ejercicio de Sudán en la Corte Penal Internacional por liderar crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur y, finalmente, permitir e instigar el genocidio de la población negra de Darfur. A pesar de las órdenes internacionales de captura, y con la complicidad de países como Sudáfrica (2015) y Uganda (2016), Al Bashir ha seguido viajando dentro y fuera de África sin ser detenido; no le tiembla la voz al declarar que no descarta la opción militar como única vía para acabar con la insurgencia darfurí; y proclama, con una sorna hiriente, que terminará su mandato en 2020 porque ha realizado «un trabajo agotador» para gobernar Sudán, a la vez que niega cualquier acusación que lo involucre en los últimos ataques de las fuerzas gubernamentales en Jebel Marra.
Y frente a la actitud desafiante de Al Bashir, la comunidad internacional no ceja en su empeño de resolver este conflicto, y otros tantos que todavía persisten en Sudán, y menos aún va a renunciar –como subraya la Unión Europea– a que el presidente sea finalmente juzgado por las constatadas atrocidades cometidas contra la población negra de Darfur. Aunque, por el momento, sigue sin encontrar una salida viable y definitiva para un conflicto enquistado en el oriente sudanés, que inexorablemente exige la salida de Al Bashir del poder. Estados Unidos, el mayor donante mundial de ayuda humanitaria en la región y el país más beligerante contra Al Bashir, denunciaba días antes del referéndum que «bajo las condiciones actuales, la votación en Darfur no puede ser considerada una expresión creíble de la voluntad de su población» y solo conseguirá neutralizar el todavía precario proceso de paz iniciado en Doha. Pero, a pesar de su inquebrantable rechazo a la actitud del gobierno sudanés, Estados Unidos ha sido desde 2004, junto a Noruega y Reino Unido (la denominada Troika), el gran valedor de una salida dialogada a la crisis y no ha transigido en su empeño de defender que «solo un proceso político efectivo e inclusivo para evitar otra década de guerra».
Una postura que también apoya Naciones Unidas, que ahora ve peligrar el mayor esfuerzo que despliega –junto a la Unión Africana– por la paz de Darfur: UNAMID. Desde 2007, esta misión conjunta de ambas organizaciones internacionales se ha convertido en el único y frágil garante de la seguridad de la indefensa población de Darfur y hoy, con casi 16.000 cascos azules, tiene como principal cometido, además de la protección de los civiles, asegurar la asistencia humanitaria, vigilar y verificar la aplicación de los acuerdos, y ayudar a conseguir un proceso político inclusivo. Sin embargo, y a pesar de ello, Al Bashir amenaza ahora con retirar la autorización para que UNAMID prolongue su despliegue en la región porque «no existe ninguna razón para que esta fuerza y las organizaciones humanitarias permanezcan en Darfur» ya que «la situación es estable tras combatir a los rebeldes y detener la violencia tribal». Además, ha expulsado del país al coordinador humanitario de Naciones Unidas, Ivo Freijsen, alegando que ya ha concluido oficialmente su mandato, aunque fuentes oficiales han señalado que los verdaderos motivos son «sus informes subjetivos e imprecisos sobre la situación humanitaria en Sudán» y sus repetidas acusaciones de que el gobierno no permite el acceso a la población necesitada.
Un futuro impredecible y preocupante para Darfur
Trece años después de iniciarse el conflicto de Darfur, su final no está hoy más cerca que en años precedentes. Además, el panorama que se vislumbra –con el enconamiento del presidente Al Bashir en reforzar la opresión armada, la posible salida de la misión internacional de paz, y los crecientes obstáculos para asistir a la población por parte de las organizaciones humanitarias– hace presagiar que aumentará, con toda seguridad, el sufrimiento de los 4,4 millones de darfuríes que, como denuncia Naciones Unidas, necesitan ayuda para sobrevivir en un escenario desolador de violencia, pobreza y abandono.
Con todo, la actitud de Al Bashir no va a solventar el sufrimiento de la población de Darfur, y el camino definitivo hacia la paz tendrá que esperar, al menos, a que deje el poder en 2020, si antes no se le obliga a comparecer ante la justicia. Su complacencia con el mundo acabó con la concesión de la independencia de Sudán del Sur en 2011, y su paciencia con la “injerencia exterior” en una crisis interna, y en su opinión solucionada, parece haberse agotado. Frente a este desafío, y bajo el liderazgo de Naciones Unidas, la comunidad internacional deberá redoblar sus esfuerzos y replantearse su estrategia para exigir el final del conflicto y, con ello, abrir el camino hacia la buena gobernanza: base imprescindible para la seguridad y el progreso que el olvidado Darfur reclama.
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