En mayo pasado se aprobó en los Estados Unidos la Ley de Autorización para la defensa Nacional, que establece el funcionamiento de las comisiones militares para juzgar a los sospechosos de terrorismo.
Ahora, Estados Unidos se prepara para juzgar en el próximo mes de agosto al primer prisionero de Guantánamo desde que Barack Obama asumió la presidencia en 2009. El elegido ha sido Omar Kahdr, el niño soldado canadiense detenido en Afganistán en agosto de 2002, cuando tenía quince años de edad, y acusado de lanzar una granada que le costó la vida a un médico del ejército estadounidense.
Omar lleva recluido en Guantánamo desde entonces sin haber sido sometido a juicio y sin que Washington revoque su negativa a aplicar en este caso las normas del derecho internacional en lo relativo a los procesamientos de menores de edad.
Numerosos expertos legales, activistas por los derechos civiles y organizaciones de derechos humanos critican a Obama por permitir esta elección.
Unicef ha sido de las primeras en alzar su voz, al considerar que este caso se convertirá en un peligroso antecedente para los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzoso en los conflictos armados, acto que está considerado como crimen de guerra y cuyos responsables deben ser juzgados.
La organización de la ONU considera a estos niños víctimas que actúan bajo coerción y exige para ellos medidas y asistencia que posibiliten su rehabilitación y el reintegro en la sociedad.
Los grupos defensores de los derechos humanos consideran que los procedimientos de las comisiones militares podrían demorar años los procesos y que las nuevas regulaciones supondrán el establecimiento de un sistema judicial paralelo. Ya en 2009, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Comisiones Militares aprobada por Bush en 2006.
Organizaciones como Human Rights First, el Comité de Defensa de la Declaración de Derechos Humanos, Amnistía Internacional o la Asociación de Abogados Canadienses han pedido reiteradamente al Gobierno de Canadá que solicite la extradición de Omar Kahdr.
El Gobierno de Ottawa se ha negado de forma sistemática, a pesar de que en una revisión del caso efectuada en 2009 se demostró que los servicios de inteligencia canadienses no tuvieron en cuenta la condición de menor de Omar ni sus repetidas denuncias de haber sido víctima de abusos y de que el canciller Lawrence Cannon mintió cuando afirmó que Kahdr había fabricado bombas para matar soldados de su país.
Omar, que fue amenazado por sus captores con ser violado, ni siquiera ha sido acusado de cometer crimen de guerra y su juicio contradice las leyes y tratados internacionales firmados por los Estados Unidos que le comprometen a la protección de los derechos humanos.
Puzzle Bobble
Karate Blazers
Puzzle De Bloques
Magical Cat Adventure