Javier Villalta, miembro de una de esas oenegés que son clubes de aventureros vestidos de coronel tapioca que sólo se ayudan a sí mismos, pide ahora una indemnización al Estado como víctima del terrorismo porque lo secuestró Al-Qaeda tras introducirse alegremente hace un año en territorio africano controlado por la banda islamista.
El Gobierno pagó cerca de diez millones de euros, hizo liberar a asesinos islamistas y hasta regaló un avión al país mediador para rescatar a Javier y otros dos autoproclamados cooperantes.
Villalta quiere cobrar ahora 48.000 euros como víctima, y otra indemnización que puede llegar a los 100.000 euros por daños físicos y morales, cuando solamente es el caso de un temerario trotamundos de la buena sociedad socialista barcelonesa, viajero en una gran caravana de modernos camiones y jeeps con máquinas de coser viejas para los pobres subsaharianos.
Los exploradores sabían que ninguna oenegé debe transportar ayuda atravesando miles de kilómetros en territorios peligrosos. La asistencia debe ser local, administrada por Cruz Roja, Cáritas, Bethel y similares, con experiencia, eficacia y mínimos costes.
Pero querían aventuras, y los bandidos del desierto capturaron a tres descuidados que quedaron rezagados. Una mujer, a la que liberaron tres meses después tras convertirse al islam, y los dos hombres, que pasaron nueve meses cautivos.
Ya liberados, el Gobierno montó brillantes actos buenistas, demostrando, además, su amor a la burguesía barcelonesa. Gastos suntuarios. Viajes, aviones del Estado, las habituales lágrimas de Moratinos y De la Vega, y coloristas recepciones a la llegada a Cataluña.
Ahora Vilalta pide las indemnizaciones como si hubiera estado en los trenes del 11M o en el atentado del Hipercor barcelonés. Y nosotros, a pagar porque la Ley es grande, como Alá para Al-Qaeda.
Ante caraduras así, con el país empobreciéndose, quizás alguien cree un Café Party para gritar, al menos, ¡Basta!.
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