Onsurbe fue a por lana y salió ...

El Ayuntamiento de Ibi contrató en febrero de 1994 a una persona para que se hiciese cargo de la tarea de desarrollar el Plan Estratégico Local, una de las "ideas maravillosas" que tuvieron los socialistas hace ya varios lustros. Posteriormente, esta persona fue nombrada Directora de lo que entonces se denominó "Agencia de Desarrollo Local" y en 2001, por Decreto, pasó a integrarse en la plantilla de la sociedad municipal " Promociones e Iniciativas Municipales de Ibi, S.L." (conocida como PROMOIBI), otra "idea maravillosa" que sirve para detraer fondos públicos al control democrático.

Sin embargo, algo debió ocurrir para que esta trabajadora cayese en desgracia, porque a finales de 2009, el Sr. Onsurbe, Consejero Delegado de PROMOIBI, le notificó su despido con efectos 31 de diciembre (vamos, que le amargó las vacaciones de Navidad). Ya resulta llamativo que en la comunicación del despido se reconociese de antemano que era IMPROCEDENTE, es decir, que esta trabajadora tenía derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado, como marca la Ley.

El Sr. Onsurbe puso a disposición de esta trabajadora 89.066,16 € como indemnización por despido calculada en base a una antiguedad desde 16-6-95, es decir, un año y pico menos de lo que realmente le correspondía a la trabajadora. Por este motivo, la despedida no aceptó el pago porque, según sus cuentas, le correspondían unos 7.800,00 € más de lo que le ofrecían, pues ella contaba su antiguedad desde su primer contrato (febrero de 1994).

Incomprensiblemente, no hubo acuerdo y la trabajadora acudió a los Tribunales. El razonamiento jurídico es sencillo: los 89.066,16 € que me ofrecen ya los tengo, pero si demuestro que mi antiguedad es mayor, ganaré esos 7.800,00 € y, por consiguiente, los salarios de tramitación mientras dure el juicio.

Insisto en que para cualquier abogado laboralista esto son " habas contadas". Lo que no me explico es el empecinamiento del Sr. Onsurbe en jugársela a todo o nada en los Juzgados de lo Social, donde impera el principio "in dubio pro operario" (es decir, en caso de duda a favor del trabajador). Y pasó lo que tenía que pasar, o sea que PROMOIBI, o sea, el patrimonio público municipal, ha perdido el pleito y el Juez dice que la trabajadora tiene derecho a percibir 7.637,06 € más de lo ofrecido por la empresa.

Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, además, la empresa, o sea PROMOIBI, o sea el patrimonio público municipal, tendrá que pagar a esta trabajadora los salarios de tramitación a razón de 135,77 € diarios. Desde la fecha de efecto del despido (31-12-09) hasta ayer (01-06-10) han pasado un total de 151 días, por lo que hay que pagarle a esta trabajadora otros 20.501,27 € más.

¿Me he explicado bien? Resumiendo: por no querer pagarle 7.800 € en enero le vamos a tener que pagar 28.138,33 € en junio. ¿Qué les parece el negocio? ¿Asumirá el Sr. Onsurbe la responsabilidad en esta " cagada"? En el previsible caso de no ser así ¿a quién le echarán la culpa? ¿A Zapatero o al tripartito o a Garzón? Se admiten apuestas.

[Es posible que el lumbreras de turno salga diciendo que " esa Sentencia no es firme y la vamos a recurrir". Me parece perfecto, PROMOIBI está en su derecho a recurrir el fallo, pero el lumbreras deberá saber, o yo se lo explico, en primer lugar, que para recurrir hay que consignar esos importes en el Juzgado (eso lo dice la Ley), y segundo, que hay muy pocas probabilidades de que el TSJ revoque esa resolución del Juzgado de lo Social (eso lo digo yo). No dirá que no se lo avisé]