Los separatistas catalanes practican unas relaciones públicas tan eficaces que han conseguido que un relator del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pida la libertad de los políticos presos por romper unilateralmente la Constitución y declarar la independencia de Cataluña.
“La disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a cargos penales” dice la parte fundamental del informe del relator, Fernand de Varennes, un jurista canadiense encargado de proteger a las minorías, en nombre de ese Consejo dominado mayoritariamente por dictaduras.
El error del Estado fue tolerar, todavía con Mariano Rajoy, que la Generalidad presidida por Carles Puigdemont firmara acuerdos como parte del Reino de España con ese organismo de la ONU, al que la Generalidad le pagó varios cientos de miles de euros.
Así compró voluntades que emplea ahora en ese informe que parte de una falsedad: considera que los separatistas son una minoría perseguida por sus ideas, cuando se rebelaron contra la democracia y crearon una situación que podría haber llevado a una guerra civil.
Además, hay dos sociedades igualmente catalanas, una dominante políticamente, que no demográficamente, la separatista, y otra mayoritariamente cultural y socialmente segregada por sentirse tan española como la catalana.
El informe de Fernand de Varennes, elaborado tras una visita a España entre el 14 y el 25 del pasado enero, se basó en declaraciones de nacionalistas, bajo la tolerancia, la desidia, incluso colaboración, del apaciguador Pedro Sánchez, al que le gustan los relatores falsamente neutros como este canadiense.
Ciudadanos acusó a De Varennes de rechazar entrevistarse con ellos, vencedores en las elecciones autonómicas.
C’s quería denunciar, entre otras cosas, que los políticos presos habían dado un golpe de Estado y que en Cataluña “se imparten 0 horas de español a la semana en Educación Infantil, 2 en primaria, 3 en educación secundaria obligatoria y 2 en bachillerato”: eso sí es segregación, y no sólo de minorías, sino de más de la mitad de los catalanes, que no son separatistas.
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SALAS