Operación Púnica: corrupciones a porrillo

 La Guardia Civil detenía el pasado lunes a cincuenta y un implicados en delitos de corrupción municipal y autonómica. Eran más de medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios, entre los que destacaban Francisco Granados, exnúmero dos de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, Marcos Martínez, el presidente de la Diputación de León, que hace cinco meses sustituyó a la asesinada Isabel Carrasco al frente de la institución provincial, así como los alcaldes del PP de Collado Villalba, Valdemoro, Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, (Madrid), el de Parla (PSOE) y el de Serranillos del Valle (UDMA). Al enterarse de la noticia, el equipo de Aguirre expresó su reacción: “Estamos alucinando en colores”. Una operación anticorrupción en Madrid, Murcia, León y Valencia con delitos por blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal. Desde hace prácticamente un año, la Fiscalía Anticorrupción tenía abiertas diligencias de investigación contra el exconsejero de Presidencia de Aguirre por ocultar al menos 1,5 millones de euros en Suiza y cuyo origen, según se sospecha, es ilícito. En febrero del año pasado, Granados, que había ocupado la consejería de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior, dimitió de sus cargos como senador y diputado de la Asamblea de Madrid, después de conocerse que disponía de una cuenta en Suiza desde 1999, tras haber sido nombrado alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro. Cuando intentó cancelar la cuenta y vaciarla de golpe, Suiza dio la voz de alarma. Los investigadores sospechan que el dinero ingresado en el país helvético puede provenir de su época en Valdemoro al haber recibido, presuntamente, comisiones por adjudicaciones. Al anunciar su dimisión, Granados afirmó que abandonaba la política por sentirse “dolido y harto” de escuchar determinados tipos de comentarios. Declaró, además, que él no tenía que “aferrarse” al escaño porque ya tenía un empleo en la empresa privada. Al destaparse el escándalo, aseguró que esa fortuna la había hecho precisamente cuando compraba y vendía acciones. En el vídeo que reproducimos el final, correspondiente al 20 de febrero pasado, Granados habla “de lo suyo”.
 La Operación Púnica abarca 124 empresas. El dossier incluye a 51 imputados, a 37 detenidos (seis alcaldes), más de 400 cuentas corrientes, 30 coches de alta gama embargados y un movimiento ilegal de 250 millones de euros. Granados fue alcalde de Valdemoro, donde parece que empezó a forjar su fortuna, después fue consejero con Espe Aguirre. Ella le nombró presidente de la comisión investigadora del Tamayazo (la que privó al PSOE y a IU de gobernar la Comunidad de Madrid). Más tarde pasó a ser senador. Dentro del PP, durante siete años, fue el número dos de Aguirre, secretario general de la C.A.M. y, gracias a la lideresa, que hoy muestra su sorpresa por su procesamiento, fue colocado en los puestos más apetecibles de la Comunidad. Hoy, la lideresa asegura sentir “profunda vergüenza” y pide perdón a los ciudadanos. El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, ordenó registrar e intervenir una amplia lista judicial de personas implicadas, entre políticos, empresarios e incluso técnicos. Hasta el momento han trascendido varios nombres de políticos de varios Ayuntamientos de la Sierra de Madrid o los empresarios Alejandro de Pedro y David Marjaliza, presuntos “conseguidores” de una trama que consistía en pagar a los cargos institucionales una comisión personal del 3% de cada contrato u obra pública, adjudicados a las compañías que también son investigadas. Pero la lista completa (que no definitiva, no se descartan nuevas detenciones o registros) del auto judicial de la Audiencia esconde numerosas sorpresas. Entre ellas, que una de los 50 imputados es María de las Nieves Alarcón Castellanos, la mujer de Granados. De la cuenta que ambos tenían en Suiza partió, en enero, el germen de la investigación. Otro de los imputados es Ramiro Cid Sicluna, el presidente, entre otras, de la empresa Obras y Vías, implicado en la adquisición del suntuoso palacete en Valdemoro del matrimonio Granados Alarcón. Otro nombre no aireado aún es el de Victoria Muñoz Agüera, la concejala del PSOE responsable en el Ayuntamiento de Parla (Madrid) de la Concejala de Obras Públicas, Sostenibilidad y Servicios a la Comunidad. Se suma el alcalde de este municipio, José María Fraile, imputado junto a su jefe de Gabinete, Antonio Borrego, el edil de Obras Públicas, Avelino Pérez, y un ingeniero municipal. Se completa la misma lista con algunos empresarios aún no conocidos. Tal es el caso de Sara Sánchez Hervás, que aparece vinculada en cuatro empresas que están siendo investigadas por su participación en la trama; Rafael Laso Rematal, también administrador de varias compañías, o Víctor Manuel Ortega Martínez, responsable de telecomunicaciones en una empresa del sector implantada en Murcia, Alicante y Galicia. Marcos Martinez Barazón, presidente de la Diputación de León.
La lista completa está formada por las personas mencionadas así como por Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, empresario; el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga; Alfredo Ovejero López, jefe de gabinete; José Javier Hernández Nieto, teniente de alcalde y edil de Hacienda, y el arquitecto municipal José Luis Navarro Soto. En el Consistorio de Collado Villalba, están en la lista de imputados Agustín Juárez López de Coca, alcalde, y José Manuel Casado Garzón, técnico municipal. En el Ayuntamiento de Serranillos del Valle, igualmente el alcalde, Antonio Sánchez Hernández y el técnico municipal, Marco Durán Benítez. En Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, los primeros ediles, David Rodríguez Sanz y Gonzalo Cubas Navarro, respectivamente, mientras que, en Móstoles, Alejandro Utrilla Palombi, adjunto al concejal de Medio Ambiente. Completan el listado judicial Jesús Norberto Galindo Sánchez, secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia; Mariola Martínez Robles, directora general de Turismo de la Región de Murcia; José Fidel Saura Guerrero, jefe de gabinete de la Consejería de Industria de la Región de Murcia; y María Reyes Samper Henarejos, directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Por último, en León, al presidente de la Diputación, Martín Marcos Martínez Barazón, se le atribuyen los presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias. Es el político de mayor rango implicado en la trama corrupta. Pero también aparece en la provincia leonesa, el interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez. Un hombre de confianza situado en ese cargo vital de la institución por la anterior presidenta, Isabel Carrasco, tras su llegada a la Presidencia en 2007, quien falleciera el pasado mes de mayo de tres disparos a manos presuntamente de una afiliada del PP, madre de una ex funcionaria interina, también vinculada al partido.
Francisco Granados y Gonzalo Cubas, alcalde de Torrejón de Velasco.
El juez decretó prisión bajo fianza para seis de los detenidos en la 'Operación Púnica'. Eloy Velasco dictó prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros para el alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro; así como para el de Parla, José María Fraile, y de 40.000 para el de Collado Villalba, Agustín Juárez. El juez Velasco preguntó a los imputados si Granadosinfluía o mediaba en la adjudicación de contratos públicos y si se llevaba a cambio un porcentaje de hasta el tres por ciento de cada uno. Del mismo modo, quiso saber si los alcaldes imputados se llevaban este porcentaje por cada una de las adjudicaciones que se concedían y si los empresarios las pagaban. La minuciosidad del juez, según las citadas fuentes, ha llegado al punto de preguntar por quién pagaba las comidas entre alcaldes y empresarios en las que supuestamente se cerraban las adjudicaciones. La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos –PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA–, y no la financiación de sus respectivas formaciones. La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación, conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio, los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario. El director general de la Cofely España, Didier Maurice (izq) con el alcalde de Parla, José María Fraile.
La multinacional Cofely recibió contratos públicos millonarios en diversos ayuntamientos y Administraciones, algunos de los cuales ascienden a los 100 millones de euros. Según Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, para conseguir esas adjudicaciones la compañía hizo uso de una red de tráfico de influencias como “práctica habitual para lograr dichos contratos”. La persona de la compañía que articuló todo este sistema de facturas es el director de mercado público, Pedro García, quien ingresó en prisión incondicional. El juez le considera el “principal interlocutor y articulador” de la red de tráfico de influencias y del pago de cohechos de la que se servían las empresas para lograr la adjudicación de contratos. En la trama, se incluyen delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de documentos, utilización de información confidencial, malversación y fraude. Sin embargo, el mismo director general de Cofely, Didier Maurice, era “conocedor y partícipe” de que la compañía que dirigía podía estar incurriendo en delitos contra la Administración Pública, al igual que el director comercial, Constantino Álvarezde la Cueva, y el jefe del centro operacional de la empresa, José Antonio Hernández Pérez.
Imagen panorámica de Barcelona, con la Torre Agbar, controlada por GDF Suez, dueña de Cofely.  La empresa Cofely, que ofrece servicios de eficiencia energética, está en medio de la tormenta. GDF Suez, dueña de Cofely, está controlada por el Estado francés y es aliada de La Caixa. La empresa sobre la que “pivota la trama corrupta” está controlada por el Estado francés a través del grupo público GDF Suez, aliado de La Caixa en Aguas de Barcelona y ex accionista de referencia de Gas Natural Fenosa.Cofely suscribió un contrato con el Ayuntamiento de Collado Villalba para gestionar su energía. La empresa contaba con una plantilla media de 2.262 empleados en 2013, según recogen las cuentas de la empresa. GDF Suez y Cofely España han declinado hacer declaraciones de momento, dado que “hay una investigación en marcha”. Las sospechas sobre el papel determinante que hubiera jugado Cofely España tienen consecuencias más allá de las detenciones de sus altos cargos. El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, anunciaba el pasado martes que, “cinco días antes de las elecciones de 2011”, los técnicos municipales “miraban” un contrato que el Ayuntamiento adjudicó a Cofely España para la climatización en edificios municipales. El presupuesto base de licitación fue de 292.000 euros, según detalló el edil del PP en rueda de prensa. Tras el concurso, CECOBA Servicios Integrales, una de las empresas participantes, recurrió la adjudicación. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid decidió desestimar este recurso. En todo caso, Gómez subraya que su Gobierno no había mantenido “relación directa o indirecta” en esta trama, y  recuerda que la adjudicación del contrato se produjo antes de que su partido llegase a gobernar en el municipio.
 Mientras tanto, el alcalde de Almendralejo (Bilbao), José García Lobato, también del PP, comunicaba en una rueda de prensa la suspensión de un concurso público de eficiencia energética al que concurría Cofely. El regidor  explicó que la medida se tomó a petición de la Audiencia Nacional y que el concurso aún se encontraba en fase de estudio de las características técnicas de las dos ofertas presentadas. Según Lobato, paralizaciones parecidas podrían haber ocurrido en otros municipios en los que la compañía había presentado ofertas. “Se trata de suspender cualquier acción por si la empresa resulta inhabilitada”, expuso. En las cuentas de la sociedad depositadas en el Registro Mercantil se cita que “la alta dirección se encuentra traspasada a otra sociedad del grupo” y que “no existían como tal en la sociedad”. El consejo de administración de la compañía, según el informe anual, está compuesto por tres miembros: José Vila Bassas, Cyrille Boulard y Etienne Jacolin. Este último tiene varios cargos en otras filiales de Cofely y de GDF Suez. La empresa contaba con una plantilla media de 2.262 empleados en 2013, según recogen las cuentas de la empresa. GDF Suez y Cofely España declinaban hacer declaraciones de momento, dado que “hay una investigación en marcha”. Todo apunta a que Cofely sería “la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama”en la que Granados haría la labor de conseguidor de adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales, informa Europa Press.  
David Marjaliza, un amigo de infancia de Francisco Granados.
Eloy Velasco, juez central de instrucción nº 6, dicta la prisión incondicional contra el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, y Pedro García, un alto cargo de la empresa Cofely, filial de GDF Suez, director de Mercado Público de la compañía. Al mismo tiempo, dicta prisión incondicional para Ana María Ramírez, secretaria, accionista y administradora de varias empresas del presunto conseguidor, David Marjaliza. Se trata de un amigo de infancia y socio de Francisco Granados, el hombre más buscado del momento, pieza clave de la Operación Púnica. Marjaliza es el empresario que ha servido de hilo conductor para unir a todos los implicados. Es quien a través de sus empresas se ha lucrado de todo este sistema corrupto.El jueves, el juez Velasco sostenía que el alcalde de Valdemoro había favorecido “de manera continuada” a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y “otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios”. El magistrado precisa que Ana María Ramírez, es la “mano derecha” de Marjaliza y “parte imprescindible” de la articulación de su complejo entramado empresarial para la comisión de sus actividades delictivas. Existen, según el juez, indicios de su participación directa en la entrega de cantidades económicas a autoridades y funcionarios públicos o en la trama de facturas falsas que se emplean para la generación de efectivo para el pago de cohechos. Respecto a Pedro García, el alto cargo de Cofely, el juez señala que es el principal “interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas”. Didier Maurice,director general de Cofely, es “conocedor y partícipe” de que la compañía que dirige esté incurriendo en delitos contra la Administración Pública, al igual que el director comercial, Constantino Álvarezde la Cueva, y el jefe del centro operacional de la empresa, José Antonio Hernández Pérez.
Francisco Granados, tras su salida del juzgado de Majadahonda.
El juez Velasco considera que Granados y Marjaliza formaban parte de una “organización criminal”y les acusa de numerosos delitos, entre otros, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. El magistrado dictaba el pasado jueves un auto por el que ordenaba la prisión incondicional y sin fianza del exconsejero, Francisco Granados, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude. “A lo largo de su carrera pública –sostiene el magistrado– existen indicios de que [Granados] habría beneficiado a David Marjaliza y otros empresarios” en materia de contratación pública y urbanismo, “tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio, habiéndose identificado diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios”, incurriendo presuntamente en ocho delitos entre los que se incluye organización criminal, blanqueo de capitales o cohecho. Y Marjaliza es “el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”. El juez Eloy Velasco cree que la cuenta que le encontraron a Granados, en Suiza, se nutría con comisiones de constructoras por recalificaciones fraudulentas de terrenos y adjudicaciones de obras en la época en la que fue alcalde de Valdemoro.
Mariano Rajoy, durante la sesión de control en el Pleno del Senado.
Mientras tanto, Rajoy aprovecha la sesión de control al Gobierno celebrada el pasado martes en el Senado,para leer una nota de “disculpas” del PP. “Quiero decir que entiendo y comparto la indignación y hartazgo que siente la sociedad española por los últimos acontecimientos –declara un Rajoy desconocido, leyendo un escrito que, en realidad, es un comunicado de prensa de su partido–. En nombre del PP, quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes, en apariencia, han abusado de ellos”. En la lectura de su comunicado, Rajoy emplea cuatro de los siete minutos de los que dispone para sus dos intervenciones en el habitual cara a cara con sus interpelantes. Además de la petición de disculpas, se compromete a mantener “una limpieza” en la actividad política e institucional, y aprovecha el momento para relatar las medidas de regeneración política que ha puesto en marcha su Gobierno. La senadora socialista, Maria Victoria Chivite, quien evidentemente no esperaba ese arranque del presidente del Gobierno, improvisa una buena respuesta: “Usted ha rehusado hasta en ocho ocasiones comparecer en el pleno del Congreso de los Diputados para debatir este tipo de asuntos. Hoy mismo, mi grupo ha presentado una más. En lugar de hablar aquí comparezca la semana próxima en un pleno monográfico en el Congreso de los Diputados. Tiene usted la ocasión para debatir todo esto. Hay un país que sacar adelante; póngase las pilas o échese a un lado”. Los diputados de la oposición la aplauden a rabiar mientras se repiten los gritos de “dimisión” dirigidos al presidente del Gobierno. En la réplica a la segunda respuesta de la portavoz socialista, Rajoy echa mano del “y tu más” cuando afirma que declina “entrar a citar los implicados en el caso de los ERE y otros imputados de su formación”. Se repiten los incidentes sonoros de ambas bancadas. La actuación de Rajoy es afeada en el siguiente turno de preguntas. El senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, de IU y miembro del grupo mixto de la cámara, le espeta: “Usted no es respetuoso hacia la cámara al convertir la sesión de control en una lectura de una nota de prensa del PP”.Rajoy descarta acceder a comparecer la semana próxima ante un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados tal y como solicitan los grupos socialista y de La Izquierda Plural con el respaldo del grupo mixto de la Cámara baja.  Pedro Sánchez, del PSOE, ironiza sobre el “patriotismo tan vacío de los que tienen cuentas en Suiza”.
En el debate sobre la cumbre europea para introducir el asunto de la corrupción en el pleno del Congreso, Pedro Sánchez, líder del PSOE,  golpea duramente a Rajoy. Ambos vuelven al repetitivo “y tú más” en el intento de disipar la imagen de España como país corrupto.  Sánchez ironiza sobre el “patriotismo tan vacío de los que tienen cuentas en Suiza”. Se refiere a Ángel Acebes, Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas, sobre los que exige que se asuman responsabilidades. Menciona a Ana Mato, ministra de Sanidad, pidiendo su destitución por su gestión del ébola. “A usted señor Rajoy –asegura, recordándola la comparecencia del 1 de agosto de 2013 sobre el caso Bárcenas– le cuesta comparecer para dar explicaciones y cuando lo hace una vez es para contarnos que le engañaron”. Cayo Lara, portavoz de IU, recuerda al presidente del Gobierno que  “la gente está hasta los mismísimos e indignada”. Asegura que “el virus de la corrupción ha llegado a las entrañas del sistema”, e insiste en la necesidad de celebrar un pleno monográfico la próxima semana. “Son ustedes parte del sistema que ha generado esa corrupción y van a tener que trasladar la sede de Génova a la Audiencia Nacional” le espeta, pidiéndole la dimisión y disolución de las Cortes. Rosa Díez habla de “emergencia de salud democrática, porque la corrupción puede ser el ébola de la democracia”.  Las dudas de Antonio Pradas, secretario de Política Federal del PSOE.
Finalmente, el PP decide que Mariano Rajoy no comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción, tras conocerse la llamada 'operación Púnica' y la imputación del 'popular' Angel Acebes. Haciendo valer su mayoría absoluta en la Junta de Portavoces del Congreso, el PP rechaza que el presidente del Gobierno comparezca la próxima semana en sesión plenaria. El PSOE advierte que, si el presidente se sigue negando a comparecer, cometerá el mismo error que durante el caso Bárcenas, hace 20 meses, cuando tuvo que ir forzado a dar explicaciones sobre el extesorero del PP.Antonio Pradas, secretario de Política Federal del PSOE, recalca que, ante todo, debe prevalecer que Rajoy irá al Congreso y asuma responsabilidades. Pide que todos los partidos se pongan de acuerdo para adoptar medidas “ejemplarizantes” contra los corruptos y que, además, sirvan para prevenir futuros casos. “Los ciudadanos quieren que nos dejemos de reproches y nos dediquemos a solucionar sus problemas”, reconoce Pradas, pero insiste en que el PSOE no quiere “solamente la puesta en escena, como ha pretendido el PP, para lavar sus vergüenzas”. Los socialistas, insiste, “están dispuestos a apoyar cualquier medida que proponga el PP, IU, el Grupo Mixto o quien sea, para complementar sus propuestas, pero se empeñarán también en sacar adelante las suyas. Si hay ‘foto’ de un acuerdo entre todos los partidos, será al final del proceso, y no antes “para lavar la imagen de nadie”. A su juicio, los representantes del Congreso por Sevilla han hecho lo que debían contra los casos de corrupción que se han destapado en Andalucía, para que “se depuren las responsabilidades que se hayan podido cometer y para que no se vuelvan a producir este tipo de irregularidades”. Y pide al Gobierno de Rajoy que haga lo mismo, aunque, acto seguido, admite que es “muy difícil” porque quienes están implicados en los escándalos, incluidos algún exministro y exsecretario general del PP, no son “subordinados” sino “dirigentes” del partido. El ex secretario general del PP, Ángel Acebes, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional.
Pablo Ruz, juez que investiga un delito de apropiación indebida de 360.000 euros de la caja paralela del PP, cita al exsecretario general del PP, Ángel Acebes en calidad de imputado. Decenas de personas le esperan a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional al grito de “chorizo”.  Ruz le interroga como imputado porque, o bien Acebes dio la orden de comprar acciones de Libertad Digital, o bien es responsable de la apropiación indebida de este dinero que nunca regresó a la caja B popular. Acebes elude toda responsabilidad, al separar la dirección política del PP, que reconoce ser suya, y la económica, propia de Lapuerta. Niega la existencia de una caja B e insiste en que el PP tiene dos figuras independientes: el secretario general, responsable del área política, y el tesorero, del área económica. Intenta demostrar a Ruz que él no era responsable jerárquico del área económica, ni de que se acudiera a la ampliación de capital de Libertad Digital, en 2004. Niega incluso que existiese una caja B del PP, asegurando que las cuentas populares las auditaba el Tribunal de Cuentas. Reconoce al juez que se reunió con Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital, y que ambos abordaron la ampliación de capital. “Probablemente lo comenté con alguien”, asegura al juez, pero niega en todo momento que él ordenara suscribir las acciones. Por su parte, Alberto Recarte, presidente en su momento de la empresa editora de Libertad Digital, asegura que no fueron una sino dos las reuniones que mantuvo en su día con Acebes, para lograr que simpatizantes y militantes del PP entraran como accionistas de su medio. Señala, además, que en esos encuentros también estuvo presente el periodista Federico Jiménez Losantos. Y explica que, en esos contactos con dirigentes del PP, se reunieron igualmente con José María Aznar, que ya no era presidente del Gobierno, y con Esperanza Aguirre. El objetivo era que sensibilizaran a los militantes y simpatizantes para la compra de acciones con motivo de la ampliación de capital de Libertad Digital.
Escampando la 'mierda' con 'transparencia', de Pep Roig.
“España ya no es el país de los NI-NI –escribe Antón Losada en Zona Crítica de Eldíario.es–. Ahora somos más el país de los NO SÉ. Nadie recuerda muy bien quién estaba allí o quién contó la pasta, o quién la metió en el sobre, o quién le dijo que se la diera a no sé quién. A golpe de titulares, redadas, imputaciones y registros estamos viendo cómo a medio país le ha entrado la amnesia selectiva y a otra parte del país le ha entrado el furor por anunciar planes, medidas y contramedidas para hacer limpieza general como si mañana fueran a venir de inspección nuestras madres. En España con la corrupción parece pasar lo mismo que acontece con el fraude fiscal. Cuantas más medidas y planes se anuncian en su contra, más fuertes y vigorosas parecen crecer y multiplicarse. Seguramente nos iría bastante mejor si dedicáramos más tiempo a hacer lo que anunciamos que a anunciar lo que es probable que hagamos en un futuro aún por determinar y siempre que lo hagan los demás; que luchar contra la corrupción es una cosa e ir de pardillo otra muy distinta. En España sobran leyes, pactos y medidas contra la corrupción. Lo que faltan son medios, recursos humanos, técnicos y económicos, jueces y fiscales especializados, policías y guardias civiles que se dediquen a tiempo completo, inspectores de Hacienda con capacidad y recursos para investigar cuanto sea menester. Y falta también lo más importante: la voluntad de combatir sin excusas la corrupción, la propia y la ajena. Detrás de eso que llaman desafección política está el cansancio general por tanto anuncio y tanta promesa rota. La gente quiere poder votar a gente que haga lo que dice y diga lo que hace. No queremos más anuncios, ni más promesas. Queremos empezar a ver resultados. Ni más medidas contra la corrupción, ni más planes contra el fraude fiscal, ni más discos de concursantes de 'Operación Triunfo' o de Justin Bieber. Es el mínimo vital que deberíamos poder exigir como ciudadanos en un Estado democrático de derecho que merezca tal nombre”.
Algunos de los detenidos en la Operación Púnica.
“Más de 50 detenidos en la Operación Púnica –nos recuerda Lluis Foix, ex director de La Vanguardia, en su web Foixblog– han puesto al descubierto una de las tramas corruptas más espectaculares. Hay alcaldes, políticos, concejales, presidentes de diputación, empresarios, conseguidores y gente de distinto pelaje. La corrupción se extiende como una gran mancha en la sociedad española. La trama abarca personajes de Madrid, Murcia, León y Valencia. No sé qué nivel de alarma social se vive en estos momentos. Pienso que es muy alto y que las encuestas lo van a manifestar muy pronto. La corrupción empieza a ser una de las preocupaciones más inquietantes de la gente. Todo se basaba en la consecución de un 3 por ciento por las adjudicaciones en obra pública. ¿Les suena? Y todo se perpetró en los dos últimos años. Según la Fiscalía Anticorrupción en la llamada Operación Púnica se ha golpeado una ‘trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia’. La nota añade que los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de ‘comisiones ilegales’ a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por unos 250 millones de euros en los últimos dos años. La corrupción ha existido, existe y existirá siempre. Aquí y en todas partes. En sistemas democráticos y en regímenes autoritarios o dictaduras. Pero lo importante es descubrirla y poner a los implicados ante sus responsabilidades derivadas de la ley. La dimensión de la gran mancha corrupta aleja a los ciudadanos de sus líderes. No todo político es corrupto. Pero son demasiados los que se han lucrado de sus posiciones en tiempos en los que la crisis ha hecho estragos en millones de personas. Estos lamentables episodios tienen un aspecto positivo que consiste en desmitificar a quienes vivían por encima de la ley, del bien y del mal. Son muchos, de todos los partidos y en la mayoría de territorios hispánicos. Hay que neutralizar esta plaga de vividores que se aprovecharon de sus cargos pensando que sus acciones serían impunes.

“Esperanza –dice Qaesar desde su web El Ventano y bajo el título ‘Corrupción; una percepción algo tardana en España’– afirma en Madrid que está alucinando en colores y Rita, en Valencia, que se ha quedado ojiplática tras la feria de corrupciones que ha vomitado el lunes desde primera hora. Pero lo más gordo quizá ha sido lo de González Pons. Porque manifestar que el PP rechaza cualquier tipo de corrupción en la misma sede que su partido ha reformado con millón y medio de euros en dinero negro es propio de un cínico sin posibilidad de regeneración. El gráfico de abajo explica en parte que pueda haber fulanos y fulanas que insulten de esta manera sin que el personal los arroje a los leones.La ciudadanía ha despertado contra la corrupción solo cuando ha visto que la crisis ha ido vaciando sus bolsillos mientras las cuentas corrientes de los mafiosos han subido sin descanso. Es lo que se desprende de los datos de las encuestas del CIS sobre la percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos a lo largo del tiempo.
   El Roto   ”A pesar de que las prácticas corruptas entre la clase política y la empresarial han sido algo habitual en España desde hace décadas, los españoles no empiezan a preocuparse por esta situación hasta finales de 2012. Así, antes de 2010, apenas preocupaba a un 5% de la población, un porcentaje que subió hasta el 12% en 2012. Es en los primeros meses de 2013 cuando la corrupción y el fraude empiezan a escalar puestos en la lista de asuntos que preocupan a la ciudadanía de una manera vertiginosa, hasta situarse alrededor del 40%. El último barómetro del CIS, correspondiente al pasado mes de septiembre, señala que el 42,7% de la población lo considera como uno de los tres principales problemas del país. Los casos del extesorero del PP Luis Bárcenas y de Iñaki Urdangarin fueron los detonantes de este cambio de percepción en la sociedad, una percepción que se verá acentuada tras el rosario de escándalos que aparecen cada semana”. Viñeta de M. Fontdevila publicado en el 2009. Hoy, en plena vigencia.
“Érase una pobre abuelita sexagenaria  que presidía un partido madrileño incompatible con la corrupción –cuenta Ignacio Escolar en Eldiario.es, bajo el título ‘El cuento de la abuelita’–. A pesar de su alegría y su bondad, la abuelita tropezaba una y otra vez con malvados políticos que se aprovechaban de ella y abusaban de su confianza para robar. Bajo las faldas de esta sexagenaria de voz temblorosa, creció un consejero de Deportes llamado Alberto López Viejo, que se llevó 5,5 millones de euros en mordidas de la Gürtel. Y unos consejeros de Sanidad llamados Juan José Güemes y Manuel Lamela, imputados por cohecho y prevaricación. Y un presidente de la patronal como Gerardo Díaz Ferrán, hoy preso en Soto del Real. Y un montón de alcaldes, concejales y diputados autonómicos que hicieron de la Comunidad de Madrid un lodazal que la pobre abuelita se afanaba por limpiar.  La abuelita se llama Esperanza Aguirre y ayer volvió a tomar el pelo a los ciudadanos con otro cuento increíble de tragar. A la pobre sexagenaria la han vuelto a engañar, una vez más. Ha descubierto, ‘alucinando en colores’, que lo que medio Madrid ya sabía sobre Francisco Granados era verdad: que su fiel lugarteniente era un político corrupto, un chorizo, un ladrón que al parecer se forró cobrando comisiones del 3% aquí y allá.  ‘Si hubiera tenido la sospecha más mínima, habría actuado con prontitud’, dice ahora Esperanza Aguirre. No puede ser más cínica. Descartado que Aguirre sea estúpida, sólo queda pensar que no se quiso enterar. Francisco Granados es el mismo político al que le quemaron un coche en su garaje que estaba a nombre de un constructor de su pueblo pero conducía su mujer. En lugar de sospechar, Aguirre llegó a decir que era ‘un atentado político’. Granados es también el político que se construía a su medida una enorme mansión del tamaño de un centro de salud y que no parecía tener intención de pagar. Y es también el mismo político siniestro que escogió a varios de los espías de la Gestapillo, esa agencia de mortadelos pagada por la Comunidad de Madrid y que en parte estaba formada por guardias civiles de Valdemoro, el pueblo del que Granados fue alcalde.
Francisco Granados y Esperanza Aguirre, celebrando una victoria electoral.
“El fétido olor de la corrupción –prosigue Ignacio Escobar– hace años que impregnaba todo lo que Granados tocaba. Lo sabíamos varios periodistas, que publicamos muchas de estas historias. Lo sabía la oposición, que le señalaban como gran conseguidor. Lo reconocían en privado otros dirigentes del PP, que contaban que desde Génova le habían llamado la atención. Lo sabía medio Madrid, menos Esperanza Aguirre. Ella no. Francisco Granados no sólo es el principal beneficiado de esta nueva trama de corrupción, sino también su presunto promotor. La operación Púnica, como la ha bautizado la Guardia Civil, saca su apelativo del nombre científico del granado: Punica granatum. Correa es a la Gürtel como Granados a la Púnica. Como ambas tramas corruptas, al Partido Popular de Madrid. Aguirre dice ahora que ‘no va eludir su responsabilidad’. ¿Y cuál es esa responsabilidad? ‘Pedir disculpas’, nada más. La abuelita retirada de la política que aún preside el PP de Madrid dice sentir ‘una profunda vergüenza’, pero no se plantea dimitir. También seguirá trabajando para una empresa de cazatalentos; es evidente su buen ojo a la hora de fichar. Hay que recordarlo: Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid gracias al 'tamayazo'; fue el propio Francisco Granados quien presidió la comisión de investigación parlamentaria para "aclarar" ese caso de corrupción. Fue la candidata que pagó gran parte de su campaña electoral a la Gürtel, por medio de "donativos" de empresarios como Díaz Ferrán y Arturo Fernández a Fundescam. Detrás de cada político corrupto hay dos tertulianos, decía una famosa pancarta del 15M. Pronto veremos a algunos periodistas justificar el buen hacer de Esperanza, su mano dura contra la corrupción, su valentía al dar la cara y hablar a los ciudadanos para pedir perdón. Dentro de unos días, lo mismo Aguirre nos cuente que fue ella quien descubrió la trama Púnica, como antes hizo con la Gürtel. El cuento de la abuelita crecerá, ya lo verán. Y habrá quien se lo quiera tragar”.
 “Los ‘púnicos’ –escribe Rosa María Artal en su web El Periscopio“–, con Francisco Granados, chulito de las tertulias, a la cabeza, están siendo investigados por haberse puesto las botas a comisiones de contratos públicos que podían gestionar al tener mano en la Administración. El modus operandi del PP y su caja B, según el juez, por otro lado. Pero, además, escenificaban hasta ayer la España franquista de ‘La Escopeta Nacional’ como si no hubiera pasado el tiempo. Cacerías con juego, alcohol y prostitución (mira por dónde lo que ha ‘subido’ medio punto la economía española). Muchos de estos saraos se hacían en Toledo. Ese lugar donde reina Cospedal, habilitando cotos de caza sin ir más lejos. Qué casualidad”.
 Pep Roig, dibujante mallorquín, soñó una noche que abría una sepultura con el fin de robar una rótula del esqueleto de Marlon Brando. “Recuerdo el aspecto del botín perseguido, una especie de patata peluda, y que, si bien lo tuve en mis manos, no parecía que culminara la operación, en la que me llevaba la rótula a algún sitio, ni tampoco vi el cadáver del susodicho gran actor cinematográfico cuyos huesos soñados reposaban en una tumba mallorquina”. Pep Roig continuó en su sueño con el intento de zafarse de la acusación de necrófilo pues sabía, a ciencia cierta, que testigos había de su asalto. “Luego me percaté, en el sueño, de que esos potenciales testigos no parecían estar dispuestos a implicarse, más bien se sentían más cómodos mirando hacia otro lado. Pero no me fiaba de esa actitud pasiva y por eso intenté acelerar el paso y salir de allí corriendo, pero ya se sabe que, en los sueños, es imposible correr (a mí me pasa). Y, como siempre estaba en el mismo lugar, empecé a tener la angustia del que se sabe atrapado por silenciosos cómplices, almas de buitre, dispuestos a saltar sobre la carroña una vez que hubiera muerto aplastado por la lógica”. Pep soñó más cosas relacionadas, “que se fueron borrando a medida que despertaba y por más que intentaba recordar solo obtenía el efecto contrario. Eso pasó la noche siguiente, a la jornada en la que hubo 50 detenidos por corrupción, entre estos, un ex alto cargo del PP y un presidente de una diputación, por lo que otros altos dirigentes del PP, aún no imputados, se declararon ‘escandalizados’, por la rapiña de sus compañeros de la que, naturalmente, hasta entonces nada sabían ni sospechaban. ¡Oooh!”  
Entre los fotomontajes publicados esta semana recogemos el de Ali Babá y los 50 ladrones, los de Mariano Rajoy en el momento en que le ha tocado vivir, el de Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP,el protocolo de entrada en la sala del PP, las manos quemadas de Esperanza Aguirre y el nuevo mapa político.







Las imágenes humorísticas de Erlich:





Y las de los grandes dibujantes del momento: J. R. Mora y la corrupción enMadrid, El Roto, Forges, Peridis, Pat. A. Montt y Eneko.
 Corrupción en Madrid. 







  Pep Rog, desde Mallorca, nos muestra su cara humorística: Todo por los "patriotas", Don “Tancredo” presidencial, Con la mierda al cuello, no hagan olas, Sostenella y no enmendalla y Temores infundados. 



 Entre los cuatro vídeos de esta semana, recordamos uno publicado en febrero de este año, en el que ya se hablaba de la cuenta de Granados en Suiza.

Mariano Rajoy pide disculpas por los casos de corrupción que aflorar en el PP.

 María Dolores de Cospedal, en un encuentro con militantes del PP, en Barcelona, en enero del pasado año, durante la campaña electoral catalana, también se refería a las cuentas en Suiza con motivo de una información no contrastada sobre la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuviera dinero en algún banco suizo. Hoy recordamos lo que dijo entonces, cuando comentaba que habría tenido que dimitir si se hubiera descubierto que algún presidente del PP tenía cuentas en Suiza.

Terminamos mostrando el apoyo de Rajoy a Ignacio González en la cena navideña del año pasado, celebrada en la localidad de Collado Villalba. Rajoy daba las gracias por su trabajo a la presidenta de los populares en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y muy especialmente al presidente autonómico, Ignacio González, en el día en que se conocía el auto de una juez de Estepota, que imputaba a su mujer por blanqueo de capitales y delito fiscal en relación con su ático marbellí: “Yo ayudaré a Madrid, Ignacio, porque ayudar a Madrid es ayudar a todos los españoles”, dijo Rajoy. “Esperanza e Ignacio -ha añadido- han logrado que Madrid sea sinónimo de gestión exitosa y escaparate de las políticas del PP”.