El próximo domingo 2 de octubre el pueblo colombiano está llamado a las urnas para votar en un plebiscito. Este plebiscito busca refrendar los acuerdos de paz a los que ha llegado el gobierno tras cuatro años de negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde fuera, cualquier persona que no sepa nada sobre estos acuerdos o sobre Colombia, pensaría que es una gran noticia que las FARC abandonen la lucha armada y entreguen las armas, sin embargo, no todo es tan fácil como aparenta. Son muchas las voces que se alzan en Colombia en contra de este acuerdo, y todas hablan de lo mismo: la “impunidad” que tendrán los guerrilleros, los “beneficios” que disfrutarán y lo poco que se puede confiar tanto en ellos como en el gobierno.
Foto: Ángela Verge
Sobre el tema impunidad, es cierto que es posible, pese a lo que dicen los acuerdos (que hablan de 8 años de cárcel para los que reconozcan sus delitos y hasta 20 años de cárcel para los que no), que muchos guerrilleros -y más aún los principales comandantes- no lleguen a pisar la cárcel; estamos hablando de cerca de 16.000 personas las que se pretende que se desmovilicen y abandonen las armas. Esto puede resultar duro para mucha gente, y respeto a las víctimas y familiares de víctimas que piensen así, pero es algo que pasa en todas y cada una de las negociaciones de paz que han tenido lugar en otros países del mundo. Cualquier negociación no trata sobre repartir castigos, sino sobre buscar la no repetición, y los actores armados que se deciden a negociar lo hacen -como es lógico- buscando el mejor acuerdo para ellos. Sin embargo, para muchas personas que han vivido día a día los horrores del conflicto, saber que los hechos que se han visto obligados a experimentar no van a volver a repetirse en el futuro supone otra forma de justicia que tiene más valor que el castigo por hechos pasados.
Sobre los presuntos beneficios que tendrán los guerrilleros que se desmovilicen: Serán beneficiarios de una renta del 90% del salario mínimo (que, créanme, no da para prácticamente nada en Colombia) únicamente dos años y mientras no tengan trabajo, además de programas sociales para acceso a vivienda y ayudas económicas para iniciar negocios. Y es muy lógico, estamos hablando de miles de personas que se van a incorporar a la sociedad después de pasar años (muchos casi toda su vida) en el monte con un fusil. Esas personas no pueden lanzarse a la vida civil sin ningún apoyo, de modo que se vean abocados a introducirse en el mundo criminal. De hecho, ese es uno de los principales problemas con se va a topar la implementación de los acuerdos: evitar que los desmovilizados se conviertan en delincuentes. Pero evitar eso no corresponde tanto a los acuerdos en sí como a la voluntad de vigilar su cumplimiento por parte del gobierno y del nivel de aceptación e integración en la sociedad colombiana.
Por último, sobre la poca confianza que existe en el proceso: es algo muy colombiano el no confiar en nada ni en nadie, y es ese otro de los grandes peligros de cara al postconflicto. El pueblo colombiano tiene sobradas razones para no confiar en el gobierno o en los miembros de las FARC, pero olvida el papel activo que la sociedad debe tener en este proceso. Los colombianos -todos- deben vigilar el cumplimiento de lo acordado y actuar en consecuencia (tanto en las urnas como en la calle). Y para eso deben implicarse. Es por eso que este acuerdo de paz no es de Juan Manuel Santos ni de las FARC, sino de todos los colombianos. Desde mi punto de vista, como inmigrante que vive en Colombia, los textos de los acuerdos, pese a sus problemas (que los tiene), son una gran oportunidad para cambiar el futuro de un país con un pasado de violencia y guerra. No van a terminar con la violencia, ni mucho menos: aún queda el ELN en activo, además de las muchas bandas criminales que se dedican al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y demás delitos, y que pueden recibir a muchos excombatientes de las FARC que no quieran o puedan reintegrarse a la sociedad. Pero pese a eso creo que es un gran paso adelante en un país con más de 50 años de conflicto que han dejado 220.000 muertos, 117.422 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados internos. Decir no a esa oportunidad es negarse a cambiar esto. A todos, colombianos o no, les recomiendo leer, si no las 300 páginas de los acuerdos, al menos este estupendo trabajo periodístico de la Silla Vacía.