Cualquier español demócrata tiene el derecho y el deber de considerar ilegítimo el actual gobierno, lo que le habilita para rechazarlo y procurar que caiga, utilizando para ello medios pacíficos y democráticos. Los gobiernos adquieren su legalidad en las urnas, pero la legitimidad es algo diferente y sólo la adquieren cuando renuncian a la corrupción y al abuso de poder y gobiernan con equidad, justicia y decencia, anteponiendo los intereses generales y el bien común a las mezquindades de la partitocracia y de los políticos profesionales.
Un gobierno que ha incumplido prácticamente todas sus promesas electorales, que se burla de la Constitución, que miente de manera enfermiza, que prefiere aplastar a su pueblo con impuestos abusivos antes que desmontar el injusto e incosteable aparato del Estado, incluyendo las miles de instituciones inútiles existentes, los cientos de miles de puestos de trabajo entregados a familiares y amigos del poder y los indecentes privilegios que acaparan los políticos en estos tiempos de escasez y sacrificio para la ciudadanía, es claramente ilegítimo, indigno, indecente y lleno de oprobio.
Frente a un gobierno que incumple sus promesas, asalta la Justicia, coloca a sus militantes al frente de las instituciones del Estado que deben ser independientes, hace pagar el grueso de la factura de la crisis, injustamente, a los más débiles y, sobre todo, a las clases productivas y trabajadoras, todo ciudadano demócrata está obligado a combatirlo con medios democráticos y pacíficos, entre los que cabe destacar manifestarse, criticarlo constantemente, desenmascararlo, boicotear sus actos y convocatorias, practicar la desobediencia civil a todo mandato degradante e injusto y cortarle, dentro de lo posible, todas las vías de apoyo y el acceso a los recursos que pueden servirle para perpetuar su indecente poder sobre la ciudadanía oprimida.
Los comportamientos del poder político español se han generalizado y hecho crónicos, sin que importe el color o la ideología de los que gobiernan. Para desgracia de España, los gobernantes del PP han demostrado que se parecen a los del PSOE y utilizan métodos similares.
La ciudadanía española, atribulada por la corrupción sanchista, el avance de la pobreza, la pérdida de libertades y derechos y el desprecio socialista y comunista a la Constitución y a la democracia, ha decidido protestar con fuerza contra una amnistía que es ajena a la Constitución y que se pretende conceder a delincuentes catalanes y vascos sólo porque Pedro Sánchez necesita sus votos para seguir gobernando.
La reacción de comunistas y socialistas en el poder a está utilización de un recurso constitucional y pacífico, como la manifestación, está siendo histérica y guerracivilista, entre otras razones porque sabe que más del 70 por ciento de la población española piensa que la amnistía que preparan en la oscuridad es mala para España.
En estos momentos de peligro y enfrentamientos duros entre izquierdas y derechas, cabe resaltar que el derecho internacional no sólo admite que los pueblos se rebelen contra la injusticia y la tiranía, sino que esa rebelión puede llegar a ser un deber ineludible del pueblo cuando el nivel de abuso, corrupción y deslealtad es elevado.
Francisco Rubiales
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