Colombia asiste a un momento importante de su historia, en cuanto al reconocimiento por parte del gobierno de los derechos de las víctimas del conflicto armado, así se constata con la recientemente implementada ley de reparación y restitución de tierras a las víctimas, la cual empezó a aplicarse desde el 1.º de enero de 2012.Sin embargo, esta posibilidad tiene múltiples amenazas: la persistencia del conflicto armado, la impunidad y liberta con la que actúan los grupos al margen de la ley, igualmente el impulso de la locomotora minero energética del gobierno de Juan Manuel Santos, amenaza con disputar las tierras productivas que deberían ser restituidas a la población víctima.
Pero estos no son los únicos riesgos y amenazas que afronta la ley, está la propia actitud al gobierno que no concreta un mecanismo a través de los cuales las víctimas pueden conocer de manera clara, más allá de los informes generales o la publicidad, como se pueden hacer efectivos los derechos. El gobierno tras cinco meses de implementación no alejado conocer cuál es el plan de acción de la misma, tampoco se conocen los criterios de accesibilidad, es decir en qué orden el gobierno va a priorizar la reparación, igualmente, no se han establecido hasta la fecha, sino algunas zonas del micro focalización en las cuales empezará aplicarse la restitución de tierras.Estas dificultades tienen un problema mayor: todo a la implementación de la ley se ha hecho hasta el momento, sin la participación efectiva de las víctimas.
En General lo que hace referencia a la población víctima del crimen del desplazamiento forzado, la situación es mucho más grave que antes de aprobada la ley, por cuanto se sigue presentando altas cifras de nuevo desplazados, al mismo tiempo la posibilidad para que estas víctimas accedan a la atención de emergencia humanitaria es más difícil, además los recursos para la atención humanitaria cada vez son más escasos a tal punto que a la fecha persiste el estado de cosas inconstitucionales decretado desde el año 2004 por la corte constitucional.
La ley de reparación no colma las expectativas de la población desplazada: el monto de 17 salarios mínimos, no es un Valor que permita superar los niveles de miseria y pobreza en la que la población desplazada que hubo tras la violencia, este valor no compensa en lo más mínimo todo el daño causado y por el contrario, provoca indignidad y revictimiza al someter a los desplazados al largos turnos de espera para recibir la reparación.
Por estas razones, distintas organizaciones de población desplazada y la Campaña Permanente, tierra, vida y dignidad, consideramos que ha llegado la hora de decirle al gobierno basta ya. Estamos convocando una jornada de movilización, para exigir una verdadera restitución y reparación, con la que sea posible la reconstrucción del proyecto de vida, fracturado por la guerra, la negligencia del gobierno y la indiferencia social.
Exigimos verdad y justicia como elementos de la verdadera restitución integral, así como garantías de no repetición. Nos sumamos al clamor nacional de búsqueda de una solución política negociada al conflicto.
El próximo 18 de julio la población desplazada de Colombia realizará una gigantesca movilización en pueblos y ciudades, hasta llegar a Bogotá para exigir al gobierno nacional cumplimiento efectivo de nuestros derechos, y la entrega de un pliego de reivindicaciones y exigencias. Hemos escogido esta fecha que coincide con un nuevo aniversario de la ley 387 de 1997, para denunciar la falta de voluntad y la inexistencia de una política de reparación integral a las víctimas del conflicto.
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Gina EschebackCoordinadora Vox pópuli Latinoamérica agencia de prensa ciudadana de la Corporación Anne Frank Colombia-Argentina Consultora Ratt Mercosur & Paises AsociadosActivista de Derechos Humanos, reportera ciudadanawww.voxpopulilatam.tk www.Ginaescheback.tkFacebook: Gina EschebackTwitter @ginaescheback Email: [email protected]Teléfono 5491136881314
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