Desde que la Ley de Dependencia se aprobó, ya hubo alarmas sobre los recursos que se ponían a su disposición. Porque se veía que sin medios, la ley podría quedar vacía.
Posteriormente se fue abriendo el grifo y las competencia pasaron a las Comunidades Autónomas que recibieron recursos para poner en marcha la asistencia a los afectados.
Y hoy, casi tres años y medio más tarde desde que se aprobó, la ley de Dependencia se encuentra en una fase todavía incipiente.
Desgraciadamente, con las últimas medidas tomadas por el gobierno Zapatero, también los recortes han llegado a los dependientes. No sólo se ha conformado con aplastar a los funcionarios, apretar a los pensionistas y cargarse parte de la ayuda al desarrollo –como se puede ver, todas medidas que afectan a los más ricos y a los que han provocado la crisis—, sino que también se han detraído 624 millones que iban destinados a los enfermos afectados por esta ley.
De tal forma, que las peticiones que se hagan puedan perderse en el limbo durante seis meses, y cuando se aprueben, las CC.AA. no tendrán que pagar desde el día de la petición, sino desde cuando ellas han aprobado la ayuda. O sea, se abre la puerta a que todas las Autonomías ahorren a costa de los enfermos, durante los seis primeros meses desde la solicitud. Vamos una argucia ideal contra gente que pide por pedir, que se hacen los enfermos, que dicen estar solos, que en definitiva, pueden soportar otro semestre sin ayuda. Al fin y al cabo, qué más da seis meses más, ¡que lo arreglen como puedan!
Y es curioso observar cómo está funcionando la ley hoy. En este momento hay 252.000 personas cuyas ayudas han sido aprobadas y todavía no han recibido las prestaciones pertinentes. La deuda a estas personas suma cerca de 800 millones de euros y se empieza a pagar a los diecisiete meses de la petición, de media, lo que lleva a los afectados a una situación crítica.
En la tabla siguiente se puede observar el porcentaje de personas mayores de 65 años que están siendo asistidas por las distintas CC.AA, que tienen más de 200.000 habitantes con esa edad.
PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS ASISTIDAS POR LAS CC.AA.
Tabla: elaboración propia partiendo de estos datos referidos a enero de 2010
Como se puede observar la media de asistencia en estas doce autonomías donde residen más mayores de sesenta y cinco años es de un 6,6%. O sea casi siete ancianos o ancianas sobre cien están acogidas a la ley. Las autonomías que tienen mayor porcentaje de afectados asistidos están en rojo y son: Andalucía, Euskadi y Aragón. Las que menor porcentaje de ancianos asisten están en azul y son Canarias, Madrid y Valencia. Las otras se mueven alrededor de la media.
Es curioso ver de qué signo político son las CC.AA. que menores afectados asisten. Como siempre que se hace una estadística de tipo social, ahí están entre las más negativas Valencia y Madrid. ¡Qué casualidad!
Lamentablemente la medida del gobierno de no pagar la retroactividad de los seis meses ha empeorado esta ley que ya tenía un retraso considerable en su aplicación. Y si el que necesita la ayuda vive en Canarias, Valencia o Madrid, ¡que no le pase nada!
Salud y República