La última encuesta del CIS es demoledora para los políticos españoles y para sus partidos. El número de ciudadanos que los rechazan y los culpan de los grandes dramas de España crece intensamente, acercándose ya al 27 por ciento (26.9), mientras que "los políticos" se afianzan como el tercer gran problema de la nación, sólo por detrás de la situación económica y del desempleo masivo, dos tragedias que dependen tambien de la torpeza e ineptitud de la clase política española, decepcionante y fracasada, a juzgar por el rechazo y el desprecio cívico que concita. Cada día crece más el número de ciudadanos que, decepcionados y enfurecidos por los abusos políticos y por el crecimiento desordenado de las autonomías, apuestan por un retorno al centralismo. También crece vertiginosamente el número de los que exigen cambios constitucionales profundos, no simples retoques, los que demandan que se supriman los excesivos puestos y cargos políticos existentes y que se despoje a los partidos de parte del poder desmesurado que han acumulado y a los políticos de sus privilegios desproporcionados.
En lugar de asumir el desprecio ciudadano y su descrédito como la enorme tragedia que representa para un sistema democrático que los ciudadanos recelen y desconfíen de sus líderes, los políticos españoles esconden la cabeza, cierran los ojos y taponan sus oídos, mientras defienden en público que el rechazo que ellos provocan se debe únicamente a la crisis económica y a las medidas adoptadas para combatirla, especialmente a las subidas de impuestos y recortes. Sin embargo, la verdad es muy distinta: los políticos españoles son rechazados cada día más por su pueblo por sus fracasos, errores, corrupciones, abusos de poder y por los estragos causados a la nación, que van desde la liquidación de la democracia, sustituyéndola por una partitocracia impresentable, hasta la corrupción institucional, el divorcio con los ciudadanos, la utilización de la mentira y el fracaso de casi todas las líneas políticas abiertas por los partidos, desde la gestión de la economía a la defensa de la Constitución, sin olvidar el fracaso de la cohesión, el desmadre del nacionalismo, la insatisfacción de los administrados, el hundimiento de la escala de valores y la pérdida de peso y prestigio internacional de España.
Cuando parte de los ciudadanos se lanzan a la calle para protestar, los políticos responden interponiendo a una policía excesivamente represiva entre la protesta y la casta política y defendiendo mentiras y falsedades como la de que "sin políticos no hay democracia", cuando la verdad es que lo único imprescindible para que exista democracia son los ciudadanos. Se trata de una alevosa mentira que quieren hacernos tragar porque lo que impide la democracia no es la ausencia de políticos, sino la inexistencia de sociedad civil y el desprecio a la voluntad popular, dos males que atribulan y a España y que tienen su origen en el fracaso de sus políticos.
Es obvio y evidente que España sería más democrática y más justa con menos políticos, con menos instituciones inútiles y con menos privilegios de casta para la clase política que, cada día más, se convierte en la diana del rechazo y el reproche de una ciudadanía española que, en democracia, debe ser soberana y decisiva.
Los ciudadanos españoles echan de menos y exigen a los políticos que reconozcan sus errores y que pidan perdón por los daños causados a la sociedad. Ningún político ha pedido jamás perdón en público por lo que ha hecho, a pesar de haber sido soprendido con las manos en la masa y, en algunos casos, condenado a prisión. Ninguno de ellos ha denunciado a los corruptos y sinvergüenzas que se sentaban en los bancos contiguos o a sus compañeros de partido y gobierno, autores de abusos y desmanes, habituados a utilizar el dinero público y el engaño como herramientas para incrementar el poder. Ese silencio cobarde frente al abuso y la corrupción convierte en cómplice y en culpable a la totalidad de "la casta".
Casi todo el sistema está adulterado y la democracia ha sido envilecida por los partidos hasta extremos inaceptables. Uno de los ejemplos mas notables de degradación es el que afecta a la impunidad práctica de los políticos, instaurada "de facto" por los partidos con su dominio sin controles suficientes de las instituciones del Estado. Los que ostenten cargos políticos deben estar sometidos, en democracia, a una ley penal más dura que los ciudadanos ordinarios. En España ocurre justo lo contrario y con sólo dimitir los sinvergüenzas y chorizos ya quedan libres de culpa y de devolver lo robado.